Semanario Voces

Texto tomado de www.guadalupemorfin.org
Muy estimados y estimadas:

El plazo para presentar candidaturas para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha comenzado a correr en los términos de la Convocatoria que les anexo y concluye el próximo 9 de octubre. Como ustedes notarán, por más que sean muy bienvenidos los respaldos personales y grupales, que los he recibido y los agradezco, y espero seguirlos recibiendo, también son necesarias, cito la convocatoria, las adhesiones de "organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad y los organismos públicos y privados, promotoros o defensores de los derechos humanos", con copia del acta constitutiva incluida, escaneada o enviada a la hora de hacer llegar la postulación al Senado.

Si alguien tiene dificultades para hacer el envío en tiempo y forma para el Senado (Oficialía de Partes: calle Xicoténcatl número 9, planta baja, Centro Histórico, Código Postal 0610, Distrito Federal), por favor, entre en contacto con el Soc. Pedro Díaz de la Vega, cuyo correo electrónico copio a éste, para imprimir y enviar las propuestas escaneadas.

Me han preguntado si las organizaciones ambientalistas pueden respaldar la candidatura. Por supuesto que sí: en la primera parte del enunciado citado, cabe el plural mosaico de organizaciones que representan la plural y diversa sociedad que somos: el movimiento feminista, el de derechos humanos, el ambientalista, el de los derechos de los pueblos indios, el de las personas con retos especiales, el de los derechos de niñas y niños, la comunidad lésbico-gay, el movimiento obrero, la academia, los institutos de formación y capacitación, los centros de educación superior, los colegios de profesionistas, las escuelas y colegios que educan en democracia y virtudes cívicas, las redes ciudadanas, los movimientos ciudadanos por la movilidad urbana, los distintos movimientos cívicos, las instancias ciudadanas por la paz y la mediación, las y los que han promovido la anulación del voto para llamar a refundar nuevas reglas para la democracia, las asociaciones religiosas, las organizaciones que promueven el desarrollo comunitario y la cohesión social, los gremios empresariales, y un largo etcétera donde quiero ver que quienes no se enencuentren reflejados en alguno de los anteriores, se vean incluido en su condición ciudadana.
Me han preguntado si se puede respaldar a dos o más candidatos o candidatas que se considere que son valiosos: nada lo impide. Aquí no hay amores exclusivos. Pretendo, con mi trabajo y su respaldo, y por supuesto con la conciencia de las y los senadores de las comisiones que convocan, sobre todo la de Derechos Humanos, que se integre una terna con tal calidad de candidaturas, que cuando se someta la votación al Pleno, el Senado no tenga la opción de equivocarse.

Quizá no me dé abasto para contestar cada una de sus respuestas, como es mi costumbre, pero lo haré en cuanto tenga respiro y las leeré con mucha atención. Quiero que sepan que las necesito y los necesito cerca en este proceso, incluso a quienes han sido muy críticos con mis gestiones como comisionada o como fiscal. Estoy segura de que cuando se den el tiempo para el diálogo pausado podrán valorar los desafíos y los logros de cada encomienda, enterarse de los pormenores de los informes que he rendido (www.guadalupemorfin.org) y saber que aún limitada por competencias y mandatos de ley, he estado abriendo caminos que muchas y muchos no hubieran aceptado o intentado. He cometido errores y lo reconozco, y de ellos aprendo.

Por último, la CNDH es un organismo que abarca a todo el Estado mexicano. Es la institución defensora del pueblo; necesita plena autonomía para su función. Es indispensable que el proceso para la elección de su titular sea transparente y público y de cara a las y los ciudadanos. No hay otra forma de darle legitimidad a la decisión del Senado.
Les mando un saludo muy cariñoso.

María Guadalupe Morfín Otero

JULIO ALEJANDRO RíOS

Proceso.com.mx
El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, firmaron un convenio para que Protego Asesores realizara una extraña maniobra a fin de que la entidad obtenga por anticipado una suma equivalente a sus participaciones federales de mil 120 millones de pesos. Los legisladores locales y el economista Hugo Alberto Michel coinciden en que esa llamada “bursatilización de ingresos futuros” es en realidad una colocación de deuda.
GUADALAJARA, JAL.- El gobierno de Emilio González Márquez entregó al despacho de asesoría financiera Protego, que encabeza Pedro Aspe Armella, el destino de mil 120 millones de pesos de las arcas públicas para aplicar un esquema de “bursatilización de ingresos futuros” a fin de recibir una cantidad similar como adelanto de participaciones federales.
Según Hugo Alberto Michel Uribe, doctor en economía por la Universidad de Barcelona, esta operación del gobierno de Jalisco no es más que una deuda disfrazada e implica una doble irregularidad.
“La primera irregularidad consiste en no denominar ‘operación de deuda pública’ a algo que claramente lo es, y por otro lado aplicar esos recursos al gasto corriente, cuando la norma legal es clara en señalar que este tipo de recursos por deuda se deben dedicar a inversión”, señala el experto, que es jefe de la Unidad de Economía y Finanzas del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Guadalajara.
En Jalisco, los antecedentes de Protego Asesores Financieros son polémicos. El 22 de agosto de 2006 presentó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF), entonces encabezada por el tapatío Alberto de la Torre, un proyecto estratégico para crear una Liga Premier y multiplicar los ingresos de este deporte con promesas de éxito financiero jamás visto, todo rumbo a 2010 (Proceso 1559). En aquella ocasión el propio Aspe Armella presentó a los dueños de clubes el proyecto, que se aprobó.
Según el diario deportivo Récord (7 de julio de 2009) la FMF le pagó 135 mil dólares por este análisis al despacho de Aspe. Pero cuando llegó Justino Compeán a dirigir esa federación, echó el plan a la basura por considerarlo poco viable.
El Congreso, ignorado
El lunes 14 de septiembre, en una rueda de prensa improvisada en el Congreso del Estado al término de una sesión solemne, al gobernador Emilio González Márquez no le quedó más que admitir que, sin la aprobación de los diputados locales, firmó un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para “la bursatilización de mil 120 millones de pesos”. No precisó fecha; se limitó a decir que había ocurrido “la semana pasada”.
El convenio fue presentado al pleno del Congreso el jueves 10, pero fue rechazado porque no se ofrecía información suficiente a los diputados locales. A pesar de ello, el viernes 11, González Márquez firmó el convenio junto con su secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, el secretario de Finanzas, José Luis de Alba, y el titular de la SHCP, Agustín Carstens.
“Como no tuvimos la aprobación del Congreso, y eso ocurrió con la mayoría de estados, la SHCP desarrolló una alternativa que requería únicamente la aprobación de estos funcionarios. Así lo firmamos”, dijo el gobernador sin dar más detalles.
El documento, del que Proceso obtuvo una copia, se denomina “Convenio de colaboración para la entrega de recursos a nombre y por cuenta de tercero y por el que se establece un mecanismo de compensación de adeudos”.
Por ese convenio, el gobierno jalisciense se compromete a ceder mil 120 millones de pesos “al fideicomiso privado número F/0001 constituido por terceros en Protego Casa de Bolsa S.A. de C.V”. Esta cantidad es igual a la que corresponde a Jalisco como parte del Fondo de Estabilización para los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
Por separado, Rafael Loyo, director estatal de Programación y Presupuesto, aclaró el domingo 13 a la prensa que, además de los mil 120 millones de pesos del FEIEF, Jalisco recibirá una cantidad similar en calidad de préstamo, que será pagado anualmente con cargo a las participaciones federales.
Al pedirle datos precisos, en la rueda de prensa del lunes 14, González Márquez se enredó y no pudo explicar a los reporteros en qué consiste el término “bursatilización de ingresos futuros”, pero descartó que sea un eufemismo para referirse a una deuda.
“No se trata de un préstamo, sino de un ingreso futuro de los excedentes federales que corresponden a los estados. Si no firmábamos íbamos a perder este recurso, y (ahora) recibiremos el doble de recursos que hubiéramos tenido si no firmábamos el convenio”.
Las reacciones críticas se desataron. El coordinador de la fracción priista en el Congreso local, Juan Carlos Castellanos, señaló: “Maquillan el término. No es más que un préstamo. Dinero a futuro es un préstamo.”
Pero también el coordinador del partido del gobernador, el panista Jorge Salinas, lamentó que el Ejecutivo no les haya informado y añadió que el gobierno tiene que explicar claramente en qué consiste el convenio, para desechar posibles irregularidades.
Por su parte, Emilio González presumió que el mismo lunes 14 ya habían llegado los primeros 800 millones de pesos, que distribuirá entre los municipios porque la mayoría están en crisis y no tienen recursos para finalizar el año.
El panista Salinas y el priista Castellanos coinciden en que hay muchas dudas respecto al convenio y exigen que sean aclaradas, sobre todo porque el convenio con la SHCP se firmó sin consultar al Poder Legislativo.
En entrevista por separado, el presidente del PRD jalisciense, Antonio Magallanes Rodríguez, señala que la decisión del gobernador es lamentable: “Increíble que le dejen el dinero de los jaliscienses a alguien que asesoraba al gobierno salinista en la privatización de empresas y que viene de tantos fracasos. A mí me parece que es muy riesgoso jugársela así”.
Añade: “Se está incurriendo en ilegalidades que pueden derivar en acciones de inconstitucionalidad como la ocurrida en el gobierno de Eduardo Bours, ya que elimina las facultades del Congreso de revisar las cuentas públicas”.
La llamada “bursatilización de ingresos futuros” no es el único negocio que el gobierno de Jalisco ha concretado con Protego. El 14 de julio de 2008, la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones aprobó, a pesar de no estar facultada para ello, la “adjudicación directa” a la empresa de Aspe Armella por 4 millones 600 mil pesos más IVA “para la contratación de los Servicios de Asesoría Financiera en la selección, análisis, evaluación, estructuración del proyecto identificado y seleccionado por el gobierno de Jalisco, para ser desarrollados bajo el esquema denominado Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios (PIPS) en el estado de Jalisco”.
Lo anterior se debió a que es la única entidad que cuenta con resultados exitosos de uno de esos proyectos terminado.
Es deuda
Para Hugo Alberto Michel Uribe, el término “bursatilización de ingresos futuros” sólo se está utilizando para engañar a la opinión pública:
“De entrada, no me cabe duda de que esta operación es en realidad una colocación de deuda. Porque en el fondo colocan un peso y reciben 1.50 ó 1.40, y uno dice: ¿cómo, de dónde salió? Pues evidentemente del compromiso de que esos recursos se cargarán o se descontarán de los rubros de participaciones federales futuras. Llamémosle adelanto de participaciones o potencialización de los recursos, a fin de cuentas se trata de una mera maniobra financiera para disfrazar una situación de endeudamiento y en ese sentido el asunto me parece delicado”.
A decir del entrevistado, autor de varios libros de finanzas, la Constitución federal establece que el endeudamiento sólo podrá destinarse a las inversiones públicas productivas, no al gasto corriente.
“Claramente, el propósito en Jalisco es dedicar esos recursos a solventar la carencia de ingresos por la reducción de las propias participaciones. A mí me parece una situación irregular, así sea compartida por la totalidad de los estados, queriendo obtener recursos por esa vía nueva de endeudamiento que pretende pasar al margen del control legislativo al que la Constitución obliga. Y ahora lo hacen de una manera determinada por el propio Ejecutivo”.
Michel Uribe señala que en Jalisco este dinero contribuirá a dejar un boquete financiero muy severo en los municipios, porque a diferencia de otros ayuntamientos del país, que apenas están iniciando labores, aquí el dinero se entregará a autoridades que concluirán sus periodos.
“Eso no se ha dicho en los medios. Muchos municipios piden endeudarse y quieren dejar sus compromisos medio saldados, en lugar de abocar estos recursos de la bursatilización a un gobierno nuevo, lo que tendría más lógica económica y política”.
El especialista aclara que se equivocan quienes han interpretado que el gobierno de Jalisco jugará su dinero en la Bolsa de Valores. “Se han confundido por el término bursatilizar y por eso piensan que el dinero va a estar colocado a riesgo, pero no es eso”.
A diferencia de los legisladores entrevistados, el economista considera que la decisión de contratar a Protego no implica riesgos por sí misma:
“El riesgo no proviene de la operación financiera; proviene de las infracciones a la ley. Efectivamente, algunos actores advierten que hay una situación irregular y se abre una discusión que tendría que dirimirse con una controversia constitucional o algún otro mecanismo para evaluar si efectivamente esa operación fue legal. El problema está en que estos artificios financieros violentan el marco jurídico de las finanzas públicas”.

La organización lamenta que después de 3 años de investigación, la FEVIMTRA se haya mostrado incapaz de ejercer acción penal contra los responsables y haya regresado el caso la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la misma entidad que ha negado proceder contra los responsables durante todo este tiempo.

La PGR, al no investigar y sancionar el involucramiento de agentes federales en las violaciones de derechos humanos cometidas en el operativo de 2006 ha sido un actor decisivo en mantener la impunidad en este caso, y al parecer ha evitado que la FEVIMTRA ejerza competencia en los casos de las mujeres torturadas. Otra vez, el sistema de justicia penal en México parece incapaz de lograr la justicia para las victimas de violaciones de derechos humanos. Esta situación, ha llevado a las sobrevivientes de estos abusos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las autoridades federales y estatales tienen la responsabilidad de garantizar que este caso no será como tantos otros en que rehúsan asumir la responsabilidad de llevar ante la justicia los perpetradores de violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional insta a las autoridades del Estado de México a aprovechar la documentación de tortura sexual confirmada por la FEVIMTRA para proceder contra los responsables sin demora.

Al mismo tiempo, AI insta al nuevo Procurador General de la República a demostrar que realmente tiene un compromiso con los derechos humanos investigando de manera eficaz y sin mayor demora a todos los funcionarios federales implicados en las violaciones de derechos humanos cometidas en mayo 2006.

La decisión de la FEVIMTRA es un gran retroceso en la búsqueda de justicia para las victimas. La Procuraduría General de la República ha perdido nuevamente la oportunidad de mostrar su compromiso para terminar con la tortura y la violencia contra las mujeres en México. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México debe atender los reclamos de las víctimas y terminar finalmente con esta injusticia, garantizando la debida reparación del daño.

Antecedentes

El 3 y 4 de mayo 2006 más de 2,500 policías federales, estatales y municipales participaron en un operativo para terminar con protestas lideradas por la organización campesina Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. El operativo policial resultó en la detención de 207 personas, la muerte de dos civiles, decenas de manifestantes y policías lesionados y varios policías retenidos como rehenes. Amnistía Internacional publicó el informe Violencia contra las Mujeres y Justicia Negada en el Estado de México, AMR 41/02/2006 documentado la violencia sexual sufrida por al menos 26 de las detenidas durante el conflicto.

María Guadalupe Morfín Otero

Pedro Mellado
25 Sep. 09

El caso de abusos contra mujeres en San Salvador Atenco, en el cual declinó proceder por considerar que estaba en el ámbito de competencia del Gobierno del Estado de México, motivó reproches del Centro de Derechos Humanos José Agustín Pro en contra de la abogada jalisciense María Guadalupe Morfín Otero, ex titular de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).

La abogada Morfín Otero fue titular de la Fevimtra del viernes 1 de febrero del 2008 al lunes 31 de agosto del 2009. Los hechos por los cuales se le censura ocurrieron el miércoles 3 y el jueves 4 de mayo del 2006.

María Guadalupe, quien aspira a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señala que desde que asumió su cargo tuvo que reconstruir la investigación del caso y establecer comunicación con las mujeres afectadas.

En documento enviado a esta columna, dice textual: "Recibí en las oficinas de la Fevimtra, con otras personas de mi equipo, a seis de las mujeres víctimas, y otras dos compañeras suyas, la mañana del 29 de abril del 2008. A lo largo del 2008 y del 2009 se realizaron diversas diligencias que faltaban, se restableció contacto con las víctimas, se buscó a 46 mujeres que padecieron estos hechos, se brindó atención a las que lo solicitaron, y se concluyó la investigación".

Explica: "A través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internaciones, de la PGR, se requirió la asistencia jurídica en materia penal a los Gobiernos de España, Chile y Alemania para recabar la declaración de cuatro mujeres (dos de España), que se vieron afectadas en los hechos. En total, se realizaron cerca de 350 diligencias".

Agrega Morfín Otero, textual: "La indagatoria arroja como resultado que hubo hechos muy probablemente constitutivos de delitos tan graves como la tortura, cometida además con la intención de lastimar la integridad de mujeres que se encontraban inermes en su condición de detenidas y trasladadas, a merced de los agentes que las vejaron y maltrataron".

Concluye María Guadalupe, textual: "De la investigación resultó que no hubo ningún agente federal como probable responsable de los delitos de maltrato o tortura con violencia sexual en el traslado de las mujeres al penal de Santiaguito, que es el tramo en el que las denunciantes reportaron los abusos de que fueron objeto. En ese tramo, las mujeres detenidas estuvieron únicamente a disposición de agentes estatales".

Recapitula Morfín Otero, textual: "La justicia en Atenco, en relación con las mujeres, tiene que incluir la consignación y castigo de quienes las agraviaron, y fórmulas de reparación del daño que garanticen la no repetición de los hechos que vulneran los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. De lo contrario, la impunidad permitiría la reproducción de tales hechos violatorios de derechos humanos por parte de agentes del Estado".

Expresa un deseo, textual. "A mí me gustaría que la justicia se emparejara, es decir, que además del castigo de los agentes que lastimaron a las mujeres, los presos por los hechos de Atenco no tuvieran que padecer las exorbitantes sentencias condenatorias que han recibido y pudieran compurgar sus penas privativas de libertad en términos más humanos, y en prisiones que no fueran de alta seguridad".


pedromellado@gmail.com

Pedro Mellado
24 Sep. 09

Un fuerte obstáculo enfrentará la abogada jalisciense María Guadalupe Morfín Otero, en su propósito de alcanzar la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a los reproches y cuestionamientos que le hace el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), sobre su desempeño como titular de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), a la que renunció el pasado lunes 31 de agosto.

En su sitio oficial de Internet, el Centro Prodh advierte textual: "El día de hoy tenemos Alerta Azul porque la manera en que el Estado Mexicano ha abordado el tema de la tortura sexual durante el operativo policiaco en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo del 2006, demuestra su desinterés en la reivindicación de las víctimas".

Agrega, textual: "En el contexto de la próxima elección de titulares para las comisiones nacional y del DF esta situación resulta preocupante, especialmente porque la ex titular de la Fevimtra, Guadalupe Morfín, aspira a ser la nueva Ombudsman aún cuando no solucionó este grave problema".

Una "Alerta Azul", precisa el mismo Centro Prodh, "nos habla de una situación en la que no hay hechos o situaciones notoriamente graves, pero sí declaraciones o inacciones que llaman a mantenerse atentos".

En un comunicado dado a conocer el pasado martes 22 de septiembre, el Centro Prodh advierte, textual: "En días pasados, abogados del Centro Prodh, coadyuvante de las investigaciones, comparecieron ante las oficinas de la Fevimtra donde se les notificó una determinación de fecha 13 de julio del 2009 en el sentido de que la fiscal, María Guadalupe Morfín Otero, previa revisión, análisis y estudio de las investigaciones, autorizaba el acuerdo de declinatoria de competencia, por encontrarse apegado a derecho, a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para que continúe las investigaciones".

El Centro Prodh agrega, textual: "Dicha determinación se fundamenta supuestamente en que, a pesar de encontrarse sin duda ante la presencia de actos violentos cometidos contra mujeres, la fiscalía no tiene competencia para conocer de las investigaciones en razón de que fueron delitos de competencia estatal, es decir, cometidos en el Estado de México y por agentes estatales, por lo que no se surte la competencia en razón del territorio ni en razón del fuero".

El Centro Prodh reprocha, textual: "La declinación de competencia por parte de la Fiscalía representa un retroceso en la búsqueda de justicia para las mujeres de Atenco, ya que al haber tenido por probada la existencia de violaciones a derechos humanos y encontrar como presuntos responsables a al menos 30 elementos de las fuerzas de seguridad del Estado de México, debió haber consignado ante un juez competente para que procediera a librar las ordenes de aprehensión y permitir a las denunciantes el acceso a la justicia ante los tribunales".

Concluye el Centro Prodh, textual: "La investigación realizada por la Fevimtra ha perpetuado la impunidad y se ha tornado en un recurso inefectivo para las denunciantes".

El Centro Prodh anuncia que presentará el caso de los abusos contra las mujeres de San Salvador Atenco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En la dirección electrónica http://centroprodh.org.mx/sididh2008/ puede usted leer completo el documento referido. Mañana tendremos las razones de María Guadalupe.


pedromellado@gmail.com

Alberto Osorio Méndez
Proceso.com.mx
Una encuesta interinstitucional realizada a los agentes de los seis municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara revela que esos cuerpos de seguridad de Jalisco, sobre todo los policías estatales -los de uniforme negro- desarrollan su quehacer profesional en condiciones precarias. El investigador de la UdeG Marcos Pablo Moloeznick, quien participó en ese estudio, sostiene que es urgente estructurar el esquema de seguridad pública para que los agentes estatales funjan sólo como fuerza intermedia, pero nunca como una corporación de segunda.
Con sueldos 50% por debajo de los que perciben sus pares de Guadalajara y Zapopan, los uniformados de la Policía Preventiva estatal no sólo parecen "de segunda", sino que son los principales blancos de los atentados de la delincuencia organizada.
En los dos años recientes, por ejemplo, fueron ejecutados 14 de ellos. El domingo 13, dos patrullas de agentes estatales fueron atacadas con granadas de fragmentación al lado de la discoteca Christine, el centro nocturno que fue escenario de una balacera protagonizada entre los Arellano Félix, del cártel de Tijuana, y los aliados de Joaquín El Chapo Guzmán en 1992, en las inmediaciones del hotel Crystal, en Puerto Vallarta, lo que refleja la magnitud de las agresiones en la entidad.
En contraste con esas 14 bajas, los policías caídos en Guadalajara, el municipio donde se concentra el mayor cuerpo de seguridad -3 mil 200 elementos-, sólo fueron cuatro; en Zapopan, la segunda ciudad más importante de Jalisco, sólo se reportó el fallecimiento de uno de los mil 760 integrantes de la corporación.
Tras el atentado del domingo 13, el secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, declaró a los medios locales que sus elementos están en la "mira". Según él, las bandas del crimen organizado "quieren ablandar a la Policía estatal ("los negros"); quieren que se relaje el patrullaje para actuar con toda impunidad".
Marcos Pablo Moloeznick, investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), considera que el atentado de Vallarta muestra la vulnerabilidad de los uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco (SSP).
Y explica que, en comparación con los de Zapopan y Guadalajara, cuyos sueldos no han dejado de elevarse durante los últimos 22 años (Proceso Jalisco 252), los de sus pares estatales son de apenas la mitad.
Mientras en Guadalajara cada gendarme recibe 10 mil pesos al mes y el de Zapopan 9 mil 500 al mes, al estatal sólo se le paga 5 mil pesos, de acuerdo con los deudos de los policías acribillados el 28 de agosto último. Martha Ramírez, viuda de Mario Rojas Vaca, uno de los estatales acribillados por supuestos sicarios de Los Zetas, en Colotlán, dijo a este reportero que su esposo apenas ganaba 5 mil pesos al mes. Fue ella la que reclamó al secretario de Seguridad, Luis Carlos Nájera, en la ceremonia luctuosa del 29 de agosto los bajos sueldos para los policías.
Según Moloeznick, en cuanto a equipo de fuerza, la Policía Estatal Preventiva comparte el segundo lugar con la de Zapopan, después de la de Guadalajara. Y añade que además del elevado número de bajas, en la corporación estatal se han registrado homicidios y atentados aparatosos con armas de alto poder e incluso con granadas de fragmentación.
El académico considera pertinente que los estatales dejen de operar en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Explica: "Sólo debería quedarse una pequeña fuerza de la Policía Preventiva estatal como responsable de instalaciones estratégicas como los edificios de Palacio de Gobierno, Supremo Tribunal de Justicia y Congreso del Estado".
Tan sólo con la suma aritmética de Zapopan y Guadalajara, estos dos municipios contabilizan cerca de 5 mil policías, más de 100% de lo que actualmente tiene como base operativa la Secretaría de Seguridad estatal.
Moloeznick manifiesta también que existe un bajo número de elementos en la Dirección de Seguridad Pública del Estado.
E insiste: "La policía estatal debería ser una fuerza intermedia, similar a la Gendarmería Nacional de Francia o a la Guardia Nacional de España, que sólo intervendría cuando las corporaciones municipales fueran rebasadas. Con ello se evitaría también llamar al Ejército. Además, por tradición, ese es el perfil que tienen los policías que portan un uniforme negro que lo diferencia del resto de los policías municipales".
Aclara incluso que a la policía estatal se le reconoce en Jalisco su trabajo en el medio rural, en zonas despobladas y las vías de comunicación que no son carreteras federales o no están bajo la jurisdicción de la Policía Federal Preventiva (PFP).
"Justicia barómetro"
El investigador de la UdeG señala que, pese a que los gendarmes municipales de Guadalajara y Zapopan están en condiciones menos precarias que los estatales, el estudio Justicia barómetro, efectuado recientemente a partir de una encuesta a los seis cuerpos de seguridad de la ZMG -Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco- detectó los problemas en las direcciones de Seguridad Pública que se resumen en dos cuestiones fundamentales: bajos sueldos y un déficit en las prestaciones sociales.
En esta misma encuesta, en la que participaron los seis ayuntamientos mencionados, así como la UdeG y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), se menciona que la Dirección de Seguridad Pública no los provee de uniformes.
Las carencias, agrega, Moloeznick, quien formó parte del grupo de investigadores, afectan por igual a los policías estatales y a las demás corporaciones. Así mismo, reconoce que los uniformados son los primeros en sufrir violación a sus derechos humanos y laborales, cita la poca atención a labores de capacitación y actualización.
Un dato resalta en Justicia barómetro: los constantes ataques contra la policía estatal dejan en evidencia la falta de un sistema de inteligencia entre las corporaciones. "Tú no puedes mandar a los elementos a patrullar si antes no tienes operando un sistema de inteligencia y de comunicación".
Menciona también los factores cualitativos no materiales para explicar la razón por la cual se elevó el número de bajas de policías estatales:
"Ausencia de un modelo policial, déficit de sistemas de inteligencia y contrainteligencia (información anticipada), problemas en los esquemas de comando, control y comunicaciones (CCC), bajos salarios, problemas de salud física y mental, y turnos extenuantes e inhumanos de servicio."
De acuerdo con los números proporcionados por el propio gobierno de Jalisco en su portal electrónico, la Seguridad Pública se lleva más de 3% del presupuesto. En la partida de egresos de este año, por ejemplo, según la Secretaría de Finanzas, a Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social se le asignaron 18 millones 690 mil pesos para viáticos.
De esa cantidad, la Dirección de Seguridad Pública tiene asignados 9 millones 481 mil pesos. Testimonios recogidos por Proceso Jalisco indican que los policías rurales tienen problemas para cubrir sus gastos de comidas y hospedaje cuando realizan sus patrullajes fuera de la ZMG. Con frecuencia, dicen, las presidencias municipales son las que sufragan sus gastos de alimentación; alguna vez incluso los proveyeron de armas y parque.
Los agentes entrevistados se quejan también de que en algunos hoteles contratados por sus jefes se les confina a un área aledaña a la cocina para que ingieran sus alimentos. El propósito, arguyen, es que no se mezclen con los demás huéspedes.
Según la información del gobierno de Jalisco, el de Seguridad es el sexto rubro más importante y se le destinan 2 mil 349 millones de pesos. No obstante, el investigador Marcos Pablo Moloeznick asegura que es urgente rediseñar la políticas públicas en este rubro, que incluya una valoración del tipo de servicio que deben prestar a la ciudadanía los llamados policías estatales.

Julio Alejandro Ríos

GUADALAJARA, Jal., 22 de septiembre. (apro).- En su primer informe sobre desarrollo humano en Jalisco, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que el nivel de vida en los municipios de la entidad ha empeorado y la impartición de justicia es cada vez más deficiente.

De acuerdo con el texto, presentado hoy en el Centro de la Amistad Internacional de esta ciudad, la desigualdad socioeconómica se ha agudizado en Jalisco durante los últimos cinco años, y a nivel nacional ubica al estado en el lugar 15 en lo que se refiere a la calidad de sus jueces, y en el sitio 11 en cuanto a eficiencia en la ejecución de sentencias.

Además, señala que el Congreso local es el segundo más caro del país y el menos productivo, dado que sólo trabaja 150 días al año.

El informe registra los niveles de desarrollo humano a partir de indicadores de salud, educación e ingreso, así como efectividad en la aplicación de recursos. La suma de todos ellos compone el Índice de Desarrollo Humano (IDH), y sólo uno de cada tres municipios en Jalisco tiene un IDH mayor a 8.0, según el PNUD.

Así mismo, resalta que la desigualdad de desarrollo entre municipios es alta y sigue creciendo. Por ejemplo, la brecha entre Mezquitic y Zapopan es de 58 puntos porcentuales, y menciona que los cinco con mayor nivel de desarrollo humano son Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande, Tlaquepaque y Zapopan.

En contraparte, los cinco con menor nivel de desarrollo son Mezquitic, Bolaños, Cuautitlán de García Barragán, Santa María del Oro y Chimaltitán.

El 70 % de los municipios jaliscienses alcanzaron un IDH medio (entre 0.50 y 0.79), mientras que el 30 % restante obtuvo IDH alto. Y Jalisco ocupa el octavo sitio entre las 32 entidades del país, según el Índice Compuesto de Capacidades Institucionales Municipales (ICCIM).

Al acto en el que fue presentado el informe del PNUD asistieron, entre otros, Magdy Martínez-Solimán, representante residente del organismo en México; el gobernador jalisciense, Emilio González; el académico José Woldenberg, y el coordinador y editor del informe, David Gómez Álvarez.

Yoani Sánchez
Generación Y

Mañana amanecerá como cada lunes. El peso convertible seguirá por las nubes, Adolfo y sus colegas tendrán otro día tras las rejas en la prisión de Canaleta, mi hijo escuchará en la escuela que el socialismo es la única opción para el país y en los aeropuertos nos seguirán pidiendo un permiso para salir de la Isla. El concierto de Juanes no habrá cambiado significativamente nuestra vida, pero tampoco fui a la Plaza con esa ilusión. Sería injusto exigirle al joven cantante colombiano que impulse aquellos cambios que nosotros mismos no hemos logrado hacer, a pesar de desearlos tanto.

Estuve en aquella explanada para comprobar cuán diferente puede ser un mismo espacio cuando alberga concentraciones organizadas desde arriba o cuando cobija a un grupo de personas necesitada de bailar, cantar e interactuar, sin la política de por medio. Fue una experiencia rara estar allí, sin gritar una consigna y sin tener que aplaudir mecánicamente cuando el tono del discurso apuntaba que era el momento de ovacionar. Claro que algunos elementos sí se parecían a los de cualquier marcha por el primero de mayo, especialmente la proporción de policías vestidos de civil dentro del público.

Ciertos detalles técnicos resultaron incómodos. El audio no se escuchaba bien, la pequeña pantalla que reproducía lo que ocurría sobre el escenario no se veía en la distancia y la hora elegida era inhumana, por coincidir con los peores momentos del sol. Por suerte se nubló después de las cuatro y los que estaban atrincherados debajo de los pocos árboles se lanzaron a bailar con Orishas. Son detalles a superar en la próxima presentación que hará Juanes en Cuba, esa donde no abundarán las fallas técnicas y en la que sí podrán cantar los excluidos de esta tarde.

Si vemos la presentación de este 20 de septiembre como el ensayo general del concierto que algún día tendremos, entonces hay que felicitar a los que participaron. Incluso si no hubiera otra y la Plaza retomara sus solemnidad y su grisura, al menos esta tarde de domingo vivimos algo diferente. En un sitio donde se ha sembrado sistemáticamente la división entre nosotros, Juanes –al caer el sol- ha gritado “¡Por una sola familia cubana!”

Julio Alejandro Ríos

Proceso Jalisco

En Jalisco, los tiempos y los cargos legislativos de
la bancada del PRI los define la dirigente nacional
de este partido: Beatriz Paredes Rangel, sostienen

priistas consultados por Proceso Jalisco. Incluso
aseguran que ahora la rebatinga se centra en el
nombramiento del coordinador de los diputados de
ese partido, que vuelve a tener mayoría después
de 15 años.

El sueño de contar con un presupuesto superior a 620 millones de pesos, así como el control de posiciones clave en el organigrama del Congreso local, desató una lucha soterrada entre los legisladores del PRI por la coordinación de su bancada que, a partir de febrero próximo, será la más numerosa de los últimos tres lustros en el inmueble de avenida Hidalgo.
Y en ese afán recurren a todo: algunos preparan sus mejores cartas, otros renuevan sus alianzas, movilizan a sus operadores y buscan cohesionar sus liderazgos internos y con los de los demás partidos. Los hay también que se entrevistan con los jeques formales y morales, incluso hacen antesala para reunirse con el presidente estatal, Rafael González Pimienta; otros se preocupan más por recibir la bendición del líder del Grupo Universidad, Raúl Padilla López, quien distribuyó a buena parte de sus alfiles en el tricolor.
Ante los medios, los aspirantes Salvador Barajas del Toro, Roberto Antonio Marrufo Torres, Jesús Casillas Romero y Carlos Alberto Briseño Becerra, quien recién se incorporó a la carrera, sonríen y hablan de unidad, pero en el interior del partido la disputa ya arrancó.

(Un adelanto del reportaje Al compás de su lideresa, que circula esta semana en Proceso Jalisco)

Vìctor M. López Álvaro
Proceso Jalisco
En contra de la opinión de la sociedad, el alcalde tapatío, Alfonso Petersen, se empeñó en construir la Villa Panamericana en la zona del parque Morelos. Sin embargo, la Odepa rechazó el proyecto Alameda y ahora Guadalajara está más cerca de perder los Juegos Panamericanos de 2011, en los que el panista fincó esperanzas políticas. Lo malo es que su cerrazón ya generó pérdidas de 380 millones de pesos al erario.
El alcalde de Guadalajara, Alfonso Petersen, no hizo caso de las advertencias de arquitectos, ambientalistas y políticos de la oposición sobre las desventajas del proyecto Alameda, que la semana pasada fue rotundamente desaprobado por la Organización Deportiva Panamericana (Odepa).
Según el comunicado de este organismo que leyó Petersen el lunes 7, con el rostro desencajado y sin admitir preguntas de los reporteros, el proyecto de construir la Villa Panamericana en las inmediaciones del parque Morelos "no es viable debido a la dificultad para conseguir los apalancamientos financieros necesarios que permitan culminar la construcción en tiempo y forma, y de esta manera poder atender a los deportistas".
De esa manera se esfumaron también los 380 millones de pesos que ya invirtió el gobierno en la compra de terrenos al doble del valor comercial, así como en estudios y diseños arquitectónicos.
Con este anuncio de la Odepa se incrementa el peligro de que Guadalajara pierda su designación como sede de los Juegos Panamericanos de 2011, como lo confirmó el presidente de esa organización, Mario Vázquez Raña, primero desde Berlín, el 14 de agosto, y luego el 4 de septiembre pasado, después de una reunión de dos días del Consejo Ejecutivo de la Odepa en la Ciudad de México.
"Para mí sería la vergüenza más grande que México no pueda cumplir -declaró en esta segunda ocasión-; me moriría antes de sacar los juegos de Guadalajara, pero como estoy dispuesto (a hacerlo), antes de fallarle a la Odepa, cualquier cosa puede pasar. Pero creo que en este caso, y puedo hablar a nombre del señor presidente de la República, no puede permitirse que los juegos salgan de Guadalajara por una bicoca (150 millones de dólares) de lo que falta para cumplir con un gran país, con un gran problema que tenemos", dijo Vázquez Raña.
Damnificados
El más golpeado por la decisión de la Odepa es Alfonso Petersen, que confiaba en impulsar su carrera política con los Juegos Panamericanos y particularmente con el proyecto de la Villa Panamericana. Sin embargo, no supo consensuar con los regidores de su propio partido, el PAN, y mucho menos con la oposición, representada por los regidores del PRI, a quienes encabeza Leobardo Alcalá, y por Celia Fausto, la única edil del PRD.
Los dos últimos coinciden en que a Petersen lo dejaron solo. "Su partido no lo apoyó. Su problema está adentro, no somos nosotros", precisa la perredista.
El arquitecto y urbanista Jesús García Rojas opina que el presidente municipal agotó su capital político "apoyando neciamente un muy mal proyecto y no hizo los cambios necesarios en su equipo de funcionarios y asesores".
Según él, la cancelación del proyecto Alameda confirma que el plan de recuperación de la ciudad central y la Villa Panamericana no estuvieron en manos de la gente "más capacitada para tal fin. Si la ineptitud
fuera un delito calificado, los funcionarios responsables deberían recibir una sanción ejemplar".
La única salida es encontrar otro sitio para construir el complejo inmobiliario que albergará a los atletas. Según Leobardo Alcalá, hay tres alternativas: en las naves industriales de la antigua fábrica de Calzado Canadá, al sur de la ciudad; en el Cerro del Cuatro, para que la constructora Dynámica edifique casas y las rente al ayuntamiento mientras duren los juegos, y -la última opción, a su parecer la más viable- el predio donado para el proyecto Puerta Guadalajara, de la inmobiliaria Mecano América.
Celia Fausto apoya esta alternativa: "El predio destinado a Puerta Guadalajara es viable, pues ya se hicieron estudios previos y no se tendría que gastar. Es una buena opción si se trata de encontrar una solución económica en tiempo y dinero".
Los ediles sugieren que Mecano América, la empresa española que edificará Puerta Guadalajara, incluso pueda participar como inversionista.
En cualquier caso, el nuevo sitio de la Villa Panamericana tiene que anunciarse oficialmente a más tardar el 25 de septiembre. De lo contrario, según el ultimátum de la Odepa, la competencia regional se trasladará a Lima, Bogotá y Toronto, que por ahora se disputan los Juegos Panamericanos de 2015.
Aunque los miembros de la Odepa tienen programada una reunión en Guadalajara para noviembre próximo, Vázquez Raña advirtió: "Si la asamblea no va a Guadalajara, si no se realiza, los problemas de los juegos están muy graves", afirmó. Y en rueda de prensa admitió que la situación de Guadalajara se volvió tan crítica que "tensó" el encuentro del Comité Ejecutivo de la Odepa, debido a lo cual le pasó por la mente retirarle a la ciudad el nombramiento como sede.
Negocio inmobiliario
Dado que los tiempos ya están encima, se le pregunta al coordinador de los regidores priistas de Guadalajara, Leobardo Alcalá:
-¿Los juegos siguen en peligro?
-Hemos consultado a diversos arquitectos y nos han dicho que, si se hacen construcciones de menos de cinco pisos, sí se podría entregar en tiempo y forma la Villa Panamericana en otro sitio. De construirse edificios verticales, de más de 10 pisos, ya no alcanzaría el tiempo.
"Habría que preguntarle al alcalde quién tiene los tiempos, los calendarios de las obras. Petersen había dicho que las construcciones iniciarían el 5 de octubre en el parque Morelos, y la Cruz Roja sigue ahí, no ha firmado siquiera un acuerdo para que la cambien de lugar. Claro que peligran los juegos."
A la misma pregunta, la regidora perredista Celia Fausto responde:
-Espero que no, sin embargo, no sé cómo le vamos a hacer. Disponemos de apenas dos semanas para proponer alternativas viables para que mantengamos la sede. En el fondo me preocupa esta decisión de la Odepa; es corto el tiempo que tenemos".
Además insiste en que el proyecto Alameda "nació para el fracaso".
"Esta noticia pone en entredicho a Jalisco -prosigue- y es un reflejo de los desaciertos de Petersen. Pudo más la soberbia y la arrogancia del alcalde y reveló el pésimo manejo social, pues hubo desplazamiento de personas y se careció de los estudios técnicos necesarios. Encima, ni siquiera se manejó ninguna otra posibilidad más que el parque Morelos (para construir la Villa Panamericana)".
En general, con este revés Guadalajara proyecta una mala imagen, "de un gobierno a espaldas de los ciudadanos, con base en intereses particulares y caprichos", afirma Celia Fausto.
El regidor Alcalá recuerda que los regidores priistas, "con base en los números que nos proporcionó la Tesorería del ayuntamiento, denunciamos que financieramente era inviable que se hiciera la Villa en el parque Morelos. Los costos eran elevados y la comuna perdería mil millones, pues se requería una inversión superior a los 2 mil millones para su edificación".
Explica que el llamado socio desarrollador, Bosco Edificaciones, aportaría poco más de 111 millones, sólo 10% de la inversión, y la comuna le pagaría un interés de 12% anual. "Entonces ya no sería un socio desarrollador, sino un prestamista -aclara Alcalá-, y aparte se le pagaría por supervisar la obra, el plan maestro y el proyecto ejecutivo, entre otros (rubros). Prácticamente se hablaba de cerca de 200 millones de pesos".
Así que, en vista del anuncio de la Odepa, "resultó que teníamos razón, que hicimos lo correcto y evitamos que el ayuntamiento se endeudara por mil millones, como pretendía el alcalde", puntualiza.
Desde que se anunció que Bosco Edificaciones ganó la licitación para fungir como socio desarrollador del proyecto, no ha realizado prácticamente ninguna obra. Sin embargo, el ayuntamiento tapatío tendrá que indemnizar por una cantidad aún indeterminada a esa empresa, ya que su presidente, Bosco Gutiérrez Cortina, afirmó que no participaría si Alameda se retiraba del parque Morelos.
Jaime Eloy Ruiz Martínez, investigador de la Universidad de Guadalajara y activista ambiental, dice que el proyecto en el parque Morelos tenía fallas graves:
"Se desvió el motivo inicial de redensificar el centro histórico y se impuso el interés de las grandes inmobiliarias. Para pensar una ciudad sustentable se requiere no involucrar a los Juegos Panamericanos, por las prisas y los tiempos de la justa deportiva. Se tendría que pensar a largo plazo. Por eso fracasó el proyecto Alameda."
-¿Vislumbra alternativas para el alojamiento de los atletas?
-Eso se debió hacer desde un principio, hace dos años. Debió el ayuntamiento recurrir a sus órganos consultivos, a los ciudadanos, a los colegios de profesionistas, no a los constructores y fraccionadores voraces.
Por su parte, el urbanista García Rojas sostiene que los 13 terrenos adquiridos al doble del precio comercial, y el resto de los 380 millones de pesos ya erogados podrían rescatarse para el beneficio de Guadalajara: "Lo que procede es continuar con el plan de recuperación de la ciudad, con su densificación y el aprovechamiento inteligente de los predios adquiridos; preservar y de ser posible ampliar el parque Morelos para realmente tener una Alameda", aunque ya sin relación con los Juegos Panamericanos.
Esta competencia regional, según sus promotores, posicionará la marca de la sede. No obstante, el urbanista hace notar que los juegos "no se asignan dadivosamente a las ciudades que aspiran a realizarlos; se subastan al mejor postor. Para ganar, Guadalajara ofreció reciprocidades inaceptables".
Y como siempre, afirma, los grandes ganadores serán la clase política y los industriales de la construcción. "Todos los planes y proyectos alrededor de lo Juegos Panamericanos están contaminados con (el propósito de) plusvalizar zonas determinadas y hacer negocios con contratos de obra y desarrollos inmobiliarios".

Julio Alejandro Ríos

GUADALAJARA, Jal., 7 de septiembre (apro).- El presidente municipal Alfonso Petersen Farah informó que, por órdenes de la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), no se podrá construir la Villa Panamericana en el céntrico Parque Morelos de esta ciudad.

En conferencia de prensa, Petersen leyó una resolución enviada por la ODEPA, que dice: "La construcción de la Villa Panamericana en torno al Parque Morelos no es viable, debido a la dificultad para conseguir los apalancamientos que necesitan los espacios que permiten culminar la construcción en tiempo y forma y, de esta manera, poder atender así a los deportistas panamericanos".

Desde septiembre de 2008, en diversos reportajes, Proceso Jalisco documentó que la construcción de la Villa Panamericana en el Parque Morelos no era viable ni técnica, ambiental, ni socialmente, además del caos vial que provocaría.

Los vecinos del lugar, que se manifestaron en contra, se ampararon con el fin de que no les expropiaran sus propiedades. No obstante, el ayuntamiento insistió en construir ahí la Villa Panamericana, a contrapelo de las recomendaciones de urbanistas, arquitectos y ambientalistas.

Sin permitir preguntas, Petersen Farah afirmó que el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 buscará, para presentar a la ODEPA, a más tardar el próximo 25 de septiembre, "alternativas que nos permitan cumplir cabalmente con el compromiso que Guadalajara estableció".
La primera piedra de la Villa Panamericana estaba prevista para colocarse en octubre próximo. Sin embargo, el ayuntamiento tapatío no preparó un plan "B", a pesar que fue advertido en diversas ocasiones que el proyecto en el Parque Morelos no era viable y que, además, no había recursos, debido a que el cabildo rechazó adquirir un crédito de mil millones de pesos para el proyecto y las instancias federales le negó apoyos económicos.

No obstante, el alcalde descartó hoy que la resolución de ODEPA ponga en peligro la realización de los Juegos Panamericanos.

Sin embargo, esto contradice lo que declaró el director del Comité Organizador de los juegos, Carlos Andrade Garín, quien el pasado 19 de agosto admitió que, ante la lentitud de las obras en infraestructura, Guadalajara estaba en alto riesgo de perder la sede.

Proceso Jalisco señaló que, con lo anterior, también se perderían más de 13 mil millones de pesos, invertidos en infraestructura deportiva, diseños arquitectónicos, estudios y proyectos.

Julio Alejandro Ríos
GUADALAJARA, Jal., 7 de septiembre (apro).-El excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que el próximo lunes 21 realizará una asamblea popular fuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde los diputados afines a él presentarán sus propuesta de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para el 2010.

En su fugaz visita a esta ciudad, donde se reunión con periodistas locales, el tabasqueño explicó que su propuesta alternativa se enfoca en la reducción sueldos de altos funcionarios y el cobro de impuestos a las empresas que merecen pagar más.

"Buscaremos con nuestra propuesta alternativa de Ley de Ingresos como de Presupuesto que no aumenten los impuestos. Reducir el gasto corriente, bajar los sueldos de los altos funcionarios, cobrar impuestos a las grandes empresas y suspender las pensiones groseras a los expresidentes", reiteró.

La visita de López Obrador a Guadalajara estaba programada a las 9 de la mañana, pero las lluvias en la Ciudad de México impidieron que pudiera volar a Jalisco. Llegó a las 11:30 horas, a un exclusivo hotel, donde sostuvo una reunión de trabajo a puerta cerrada con integrantes del Movimiento en Defensa del Petróleo, de la Economía Popular y la Soberanía Nacional.

Sobre el gobernador Emilio González Márquez, López Obrador dijo que los jaliscienses no merecen al panista: "Se los puedo resumir en una frase: Es mucho pueblo el de Jalisco para tan poco gobernador."

Entre carcajadas y aplausos de sus simpatizantes, López Obrador añadió: "El pueblo de Jalisco es un pueblo trabajador, es un pueblo progresista y el gobernador de Jalisco, pues, es un gobernador mediocre y ladrón."

Calificó de anticonstitucional y represivo al gobierno jalisciense, sobre todo luego de la manifestación disuelta violentamente por policías el 29 de agosto y en la que fueron detenidos seis líderes y golpeados algunos ancianos y mujeres.

"Se están limitando las libertades aquí en Jalisco, pero qué se puede esperar de este gobernador de Jalisco autoritario. Y finalmente lo que quiere ocultar ¿Por qué es que reprimen? Porque a la manifestación que se opone al macrobús ¿Por qué lo golpean? Porque detrás del macrobús está la corrupción. Todo lo que hacen es para tapar la corrupción. Son unos bandidos, unos ladrones, entonces utilizan a la policía para limitar las protestas de la gente. Estamos como en la época de Porfirio Díaz, a lo mejor peor. Pero no van a lograr sus objetivos, porque mucha gente va a seguir por promover un cambio", concluyó.

Alberto Osorio Méndez
Proceso.com.mx

Los policías estatales están molestos y temerosos por su gran desventaja en equipo y armamento respecto de los sicarios del narco. Éstos asesinaron a cinco agentes en Colotlán y, si bien se repitieron los reclamos de familiares y compañeros en la ceremonia luctuosa, el titular de la SSP, Luis Carlos Nájera, sigue negando las fallas.
Un largo aullido de sirenas estremeció las calles del primer cuadro de Guadalajara, el 29 de agosto.
Cinco policías asesinados llegaban por última vez al edificio que recorrieron cientos de veces antes de salir a prestar sus servicios a la zona rural. Tres decenas de escoltas estrellaban sus botas negras contra el piso de granito; iban formados en grupos de seis, sus manos parecían amarradas a los cajones de madera. Conducían los féretros de sus compañeros caídos la víspera entre los municipios de Colotlán y Santa María de los Ángeles.
El vestíbulo de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) estatal estaba abarrotado. Las viudas y los hijos de los caídos tenían un lugar especial, pero nadie lograba darles consuelo.

(Extracto del reportaje de Proceso Jalisco que circula esta semana)