Semanario Voces

JULIO ALEJANDRO RíOS

Proceso.com.mx
El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, firmaron un convenio para que Protego Asesores realizara una extraña maniobra a fin de que la entidad obtenga por anticipado una suma equivalente a sus participaciones federales de mil 120 millones de pesos. Los legisladores locales y el economista Hugo Alberto Michel coinciden en que esa llamada “bursatilización de ingresos futuros” es en realidad una colocación de deuda.
GUADALAJARA, JAL.- El gobierno de Emilio González Márquez entregó al despacho de asesoría financiera Protego, que encabeza Pedro Aspe Armella, el destino de mil 120 millones de pesos de las arcas públicas para aplicar un esquema de “bursatilización de ingresos futuros” a fin de recibir una cantidad similar como adelanto de participaciones federales.
Según Hugo Alberto Michel Uribe, doctor en economía por la Universidad de Barcelona, esta operación del gobierno de Jalisco no es más que una deuda disfrazada e implica una doble irregularidad.
“La primera irregularidad consiste en no denominar ‘operación de deuda pública’ a algo que claramente lo es, y por otro lado aplicar esos recursos al gasto corriente, cuando la norma legal es clara en señalar que este tipo de recursos por deuda se deben dedicar a inversión”, señala el experto, que es jefe de la Unidad de Economía y Finanzas del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Guadalajara.
En Jalisco, los antecedentes de Protego Asesores Financieros son polémicos. El 22 de agosto de 2006 presentó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF), entonces encabezada por el tapatío Alberto de la Torre, un proyecto estratégico para crear una Liga Premier y multiplicar los ingresos de este deporte con promesas de éxito financiero jamás visto, todo rumbo a 2010 (Proceso 1559). En aquella ocasión el propio Aspe Armella presentó a los dueños de clubes el proyecto, que se aprobó.
Según el diario deportivo Récord (7 de julio de 2009) la FMF le pagó 135 mil dólares por este análisis al despacho de Aspe. Pero cuando llegó Justino Compeán a dirigir esa federación, echó el plan a la basura por considerarlo poco viable.
El Congreso, ignorado
El lunes 14 de septiembre, en una rueda de prensa improvisada en el Congreso del Estado al término de una sesión solemne, al gobernador Emilio González Márquez no le quedó más que admitir que, sin la aprobación de los diputados locales, firmó un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para “la bursatilización de mil 120 millones de pesos”. No precisó fecha; se limitó a decir que había ocurrido “la semana pasada”.
El convenio fue presentado al pleno del Congreso el jueves 10, pero fue rechazado porque no se ofrecía información suficiente a los diputados locales. A pesar de ello, el viernes 11, González Márquez firmó el convenio junto con su secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, el secretario de Finanzas, José Luis de Alba, y el titular de la SHCP, Agustín Carstens.
“Como no tuvimos la aprobación del Congreso, y eso ocurrió con la mayoría de estados, la SHCP desarrolló una alternativa que requería únicamente la aprobación de estos funcionarios. Así lo firmamos”, dijo el gobernador sin dar más detalles.
El documento, del que Proceso obtuvo una copia, se denomina “Convenio de colaboración para la entrega de recursos a nombre y por cuenta de tercero y por el que se establece un mecanismo de compensación de adeudos”.
Por ese convenio, el gobierno jalisciense se compromete a ceder mil 120 millones de pesos “al fideicomiso privado número F/0001 constituido por terceros en Protego Casa de Bolsa S.A. de C.V”. Esta cantidad es igual a la que corresponde a Jalisco como parte del Fondo de Estabilización para los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
Por separado, Rafael Loyo, director estatal de Programación y Presupuesto, aclaró el domingo 13 a la prensa que, además de los mil 120 millones de pesos del FEIEF, Jalisco recibirá una cantidad similar en calidad de préstamo, que será pagado anualmente con cargo a las participaciones federales.
Al pedirle datos precisos, en la rueda de prensa del lunes 14, González Márquez se enredó y no pudo explicar a los reporteros en qué consiste el término “bursatilización de ingresos futuros”, pero descartó que sea un eufemismo para referirse a una deuda.
“No se trata de un préstamo, sino de un ingreso futuro de los excedentes federales que corresponden a los estados. Si no firmábamos íbamos a perder este recurso, y (ahora) recibiremos el doble de recursos que hubiéramos tenido si no firmábamos el convenio”.
Las reacciones críticas se desataron. El coordinador de la fracción priista en el Congreso local, Juan Carlos Castellanos, señaló: “Maquillan el término. No es más que un préstamo. Dinero a futuro es un préstamo.”
Pero también el coordinador del partido del gobernador, el panista Jorge Salinas, lamentó que el Ejecutivo no les haya informado y añadió que el gobierno tiene que explicar claramente en qué consiste el convenio, para desechar posibles irregularidades.
Por su parte, Emilio González presumió que el mismo lunes 14 ya habían llegado los primeros 800 millones de pesos, que distribuirá entre los municipios porque la mayoría están en crisis y no tienen recursos para finalizar el año.
El panista Salinas y el priista Castellanos coinciden en que hay muchas dudas respecto al convenio y exigen que sean aclaradas, sobre todo porque el convenio con la SHCP se firmó sin consultar al Poder Legislativo.
En entrevista por separado, el presidente del PRD jalisciense, Antonio Magallanes Rodríguez, señala que la decisión del gobernador es lamentable: “Increíble que le dejen el dinero de los jaliscienses a alguien que asesoraba al gobierno salinista en la privatización de empresas y que viene de tantos fracasos. A mí me parece que es muy riesgoso jugársela así”.
Añade: “Se está incurriendo en ilegalidades que pueden derivar en acciones de inconstitucionalidad como la ocurrida en el gobierno de Eduardo Bours, ya que elimina las facultades del Congreso de revisar las cuentas públicas”.
La llamada “bursatilización de ingresos futuros” no es el único negocio que el gobierno de Jalisco ha concretado con Protego. El 14 de julio de 2008, la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones aprobó, a pesar de no estar facultada para ello, la “adjudicación directa” a la empresa de Aspe Armella por 4 millones 600 mil pesos más IVA “para la contratación de los Servicios de Asesoría Financiera en la selección, análisis, evaluación, estructuración del proyecto identificado y seleccionado por el gobierno de Jalisco, para ser desarrollados bajo el esquema denominado Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios (PIPS) en el estado de Jalisco”.
Lo anterior se debió a que es la única entidad que cuenta con resultados exitosos de uno de esos proyectos terminado.
Es deuda
Para Hugo Alberto Michel Uribe, el término “bursatilización de ingresos futuros” sólo se está utilizando para engañar a la opinión pública:
“De entrada, no me cabe duda de que esta operación es en realidad una colocación de deuda. Porque en el fondo colocan un peso y reciben 1.50 ó 1.40, y uno dice: ¿cómo, de dónde salió? Pues evidentemente del compromiso de que esos recursos se cargarán o se descontarán de los rubros de participaciones federales futuras. Llamémosle adelanto de participaciones o potencialización de los recursos, a fin de cuentas se trata de una mera maniobra financiera para disfrazar una situación de endeudamiento y en ese sentido el asunto me parece delicado”.
A decir del entrevistado, autor de varios libros de finanzas, la Constitución federal establece que el endeudamiento sólo podrá destinarse a las inversiones públicas productivas, no al gasto corriente.
“Claramente, el propósito en Jalisco es dedicar esos recursos a solventar la carencia de ingresos por la reducción de las propias participaciones. A mí me parece una situación irregular, así sea compartida por la totalidad de los estados, queriendo obtener recursos por esa vía nueva de endeudamiento que pretende pasar al margen del control legislativo al que la Constitución obliga. Y ahora lo hacen de una manera determinada por el propio Ejecutivo”.
Michel Uribe señala que en Jalisco este dinero contribuirá a dejar un boquete financiero muy severo en los municipios, porque a diferencia de otros ayuntamientos del país, que apenas están iniciando labores, aquí el dinero se entregará a autoridades que concluirán sus periodos.
“Eso no se ha dicho en los medios. Muchos municipios piden endeudarse y quieren dejar sus compromisos medio saldados, en lugar de abocar estos recursos de la bursatilización a un gobierno nuevo, lo que tendría más lógica económica y política”.
El especialista aclara que se equivocan quienes han interpretado que el gobierno de Jalisco jugará su dinero en la Bolsa de Valores. “Se han confundido por el término bursatilizar y por eso piensan que el dinero va a estar colocado a riesgo, pero no es eso”.
A diferencia de los legisladores entrevistados, el economista considera que la decisión de contratar a Protego no implica riesgos por sí misma:
“El riesgo no proviene de la operación financiera; proviene de las infracciones a la ley. Efectivamente, algunos actores advierten que hay una situación irregular y se abre una discusión que tendría que dirimirse con una controversia constitucional o algún otro mecanismo para evaluar si efectivamente esa operación fue legal. El problema está en que estos artificios financieros violentan el marco jurídico de las finanzas públicas”.

La organización lamenta que después de 3 años de investigación, la FEVIMTRA se haya mostrado incapaz de ejercer acción penal contra los responsables y haya regresado el caso la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la misma entidad que ha negado proceder contra los responsables durante todo este tiempo.

La PGR, al no investigar y sancionar el involucramiento de agentes federales en las violaciones de derechos humanos cometidas en el operativo de 2006 ha sido un actor decisivo en mantener la impunidad en este caso, y al parecer ha evitado que la FEVIMTRA ejerza competencia en los casos de las mujeres torturadas. Otra vez, el sistema de justicia penal en México parece incapaz de lograr la justicia para las victimas de violaciones de derechos humanos. Esta situación, ha llevado a las sobrevivientes de estos abusos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las autoridades federales y estatales tienen la responsabilidad de garantizar que este caso no será como tantos otros en que rehúsan asumir la responsabilidad de llevar ante la justicia los perpetradores de violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional insta a las autoridades del Estado de México a aprovechar la documentación de tortura sexual confirmada por la FEVIMTRA para proceder contra los responsables sin demora.

Al mismo tiempo, AI insta al nuevo Procurador General de la República a demostrar que realmente tiene un compromiso con los derechos humanos investigando de manera eficaz y sin mayor demora a todos los funcionarios federales implicados en las violaciones de derechos humanos cometidas en mayo 2006.

La decisión de la FEVIMTRA es un gran retroceso en la búsqueda de justicia para las victimas. La Procuraduría General de la República ha perdido nuevamente la oportunidad de mostrar su compromiso para terminar con la tortura y la violencia contra las mujeres en México. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México debe atender los reclamos de las víctimas y terminar finalmente con esta injusticia, garantizando la debida reparación del daño.

Antecedentes

El 3 y 4 de mayo 2006 más de 2,500 policías federales, estatales y municipales participaron en un operativo para terminar con protestas lideradas por la organización campesina Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. El operativo policial resultó en la detención de 207 personas, la muerte de dos civiles, decenas de manifestantes y policías lesionados y varios policías retenidos como rehenes. Amnistía Internacional publicó el informe Violencia contra las Mujeres y Justicia Negada en el Estado de México, AMR 41/02/2006 documentado la violencia sexual sufrida por al menos 26 de las detenidas durante el conflicto.

María Guadalupe Morfín Otero