Semanario Voces

Me han pedido que me pronuncie sobre la propuesta del Presidente Calderón de proponer como Procurador General de la República a Arturo Chávez Chávez, ex Procurador General de Justicia de Chihuahua, segundo en el cargo durante la administración de Francisco Barrio. Al respecto ha hecho declaraciones ya la ex titular de la CNDH, Mireille Roccatti, quien suscribió la Recomendación 44/98, destinada al Ejecutivo Estatal en ese entonces (Gobernador y Procurador) y al gobierno municipal, que abarcaba cerca de cuarenta casos de asesinato de mujeres impunes. La Recomendación no fue aceptada por el Gobierno estatal, recuerda la Dra. Roccatti, sino únicamente por el municipal. Se han pronunciado también las voces de feministas en esa entidad que han llevado desde hace años la tarea ardua de sostener el esfuerzo de las familias de las víctimas para hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia, y de otras más en el país que se han sumado al cuestionamiento de la postulación precisamente teniendo presente que durante la época de Arturo Chávez hubo casos de feminicidio irresueltos. Como los hubo antes de él y como los siguió habiendo en la siguiente administración, agregaría yo.

Los tiempos que vivimos en el país en el llamado “combate al narco” son extremadamente delicados. No es sencillo seguramente convencer a nadie de aceptar ser postulado para un cargo como el de la alta responsabilidad de ser Procurador General de la República en estos momentos. Parece claro que el Jefe del Ejecutivo no cubrió las fórmulas del diálogo previo necesario para esta postulación con el órgano del Legislativo que debe ratificar su propuesta. No previó que haría pasar un mal momento al propio postulado, Arturo Chávez, quien vivió un episodio similar cuando el Secretario Creel, que entonces lo era de Gobernación, lo nombró Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. No debe resultarle fácil exponerse ahora a dejar su posición de litigante y aparecer de nuevo defendiéndose por un pasado que deja marca.

Tener memoria en una democracia es una herramienta para la educación en derechos humanos. Sirve para honrar a las víctimas; sirve también para la rectificación de lo que se hizo mal o para reconocer lo que no se hizo.

Coincidí con Arturo Chávez en la Secretaría de Gobernación. Cuando Santiago Creel lo nombra en un puesto del que yo debía depender, el Secretario determinó que yo siguiera acordando sin esa mediación directamente con él (con Creel). Cuando don Carlos María Abascal (siguiente Secretario) insistió –amable y firmemente, como él solía proponer las cosas- en que yo me sujetara a la Subsecretaría que me correspondía, fui con Arturo Chávez, y le pedí una larga cita. Le expuse mis motivos para no tenerlo de jefe. No era propicio para mi encomienda, de Comisionada, puesto que mermaría la necesaria autonomía con que desempeñé mi cargo, y la confianza de las mamás y de las organizaciones con las que yo trabajaba. Tras mi larga exposición, habló. No había en él indolencia ni exaltación por lo que escuchó. Me expuso cómo, de buena fe, había acercado peritos y expertos para intentar resolver asuntos complejísimos. Eso llevó a la cárcel a Abdel Latiff Shariff. Yo le había recordado cómo se fueron cayendo uno tras otro los siete casos que en un principio se le imputaban, hasta ser sentenciado sólo por uno, y ese también cuestionable, según oí decir a Irene Blanco, ex defensora de Latiff y diputada federal de la Comisión Especial de Feminicidios de la legislatura pasada, presidida por Marcela Lagarde. Chávez Chávez había invitado al forense estadounidense de apellido Resler, experto en casos seriales, a examinar los casos de Ciudad Juárez. Fue lo mejor que pudo encontrar, me explicó. Y así con la investigación de Los Rebeldes. Cuando concluyó la plática, me dijo una frase que se me quedó grabada: “Ni políticamente conviene que yo sea tu jefe, ni tampoco éticamente”, Y él mismo se comprometió a convencer al Secretario Abascal de su conclusión. Y así fue.

La memoria en una democracia sirve para tener presente que la ética de los derechos humanos es un respaldo para la misma autoridad. Que hay que escuchar las voces de las víctimas. Y también sirve para aprender, para crecer. No fui cercana a Arturo Chávez como para constatar si había crecido. Me consta que el tema le dolía todavía en 2005. El Senado tiene ante sí una decisión de primera importancia. Debe escuchar las voces de preocupación de la sociedad civil y debe escuchar al propio aludido, conocer su pericia en los temas de los que deberá ocuparse, constatar si aplicará la ley con la firmeza necesaria que no va reñida con los derechos humanos, con la sabiduría de quien debe respetar las reglas del debido proceso legal y proveer de una estructura que dé seguridad a la población a través de activar la justicia en la parte que corresponde al Ministerio Público. No es decisión fácil. Se ubica entre las víctimas del pasado y el reto enorme de ahora, en un país que requiere un Procurador de primera, un abogado con corazón y con conciencia, capaz, competente, lleno de energía para trazar acuerdos con otras dependencias con las que deba interactuar (SSP, SEDENA, entre otras). Eso es lo que pienso. No es sencillo decirlo ante un medio. Son ponderaciones más pausadas que una mera declaración con prisa.