Semanario Voces

ROSALíA VERGARA

Muchos de los vicios que mantenían a Luz y Fuerza del Centro en números rojos tuvieron origen gubernamental. Varias dependencias federales, como la Presidencia, la propia Sener y hasta la CFE, nunca cubrieron sus adeudos millonarios por el consumo de energía, y poderosas empresas privadas evadieron el pago mediante diablitos u oscuros convenios. Además, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas señalan que mientras ellos firmaban convenios de productividad (y se disputaban la dirigencia), la empresa aplicaba políticas comerciales deficientes y condonaba las deudas millonarias de gobiernos municipales y estatales.
Entre los argumentos del decreto que la Presidencia publicó el domingo 11 para liquidar Luz y Fuerza del Centro (LFC), el gobierno de Felipe Calderón no incluyó que parte de la descapitalización de la paraestatal fue provocada por los millonarios adeudos de dependencias federales, así como de grandes empresas nacionales y corporaciones trasnacionales.
Tampoco se refirió a que recientemente el director de la ahora extinta paraestatal condonó las millonarias deudas de los municipios del Estado de México, Hidalgo, Morelos y San Luis Potosí. Ni cuestionó los convenios del gobierno capitalino con la paraestatal, como el relativo a la Torre Mayor, donde se instaló un software distinto al que tenía LFC, lo que impide conocer cuánta electricidad consume.
Entre todos estos casos suman aproximadamente 6 mil 500 cuentas especiales, de las cuales sólo 40% equivalían a 75% del presupuesto total de LFC.
De acuerdo con una lista elaborada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), alrededor de 30 dependencias federales adeudan millones de pesos por consumo de energía. Asimismo, el sindicato tiene una lista de 483 empresas que se “cuelgan” directamente de los cables mediante las conexiones improvisadas conocidas como diablitos.
El martes 13, en el mitin frente a la Cámara de Diputados donde el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador manifestó su apoyo al SME, el dirigente sindical Martín Esparza denunció que la residencia oficial de Los Pinos, varios hoteles lujosos e incluso los periódicos Reforma y Unomásuno tienen conexiones irregulares.
En entrevista con este semanario, Esparza explica que Reforma tiene una conexión triple, pero sólo se le factura una; y que a Unomásuno se le factura la energía de sus rotativas como si se tratara de energía de uso casero.
Revela también que los diarios Milenio y El Universal, lo mismo que Televisa, Televisión Azteca y algunas radiodifusoras, tenían privilegios en el pago del servicio, pues se les descontaba hasta 50% por órdenes de Jorge Gutiérrez Vera, el último director de LFC y quien fue miembro del Consejo Editorial de Economía de Reforma.
Farol de la calle
En la mencionada lista del SME se precisan cifras: la Presidencia debe 5 millones 801 mil 45 pesos. Al respecto, una nota del periódico Milenio, del miércoles 14, señala que en la página web de la Tesorería constaba el pago de la Presidencia por 1 millón 93 mil 504 pesos, realizado apenas el jueves 8, tres días antes de que Felipe Calderón decretara la desaparición de LFC. No obstante, esos datos no son públicos.
La nota periodística agrega que “al mostrarle el documento oficial, el líder sindical se limitó a reiterar que la Presidencia ‘tiene adeudos’, pese a que eso no se registra en el calendario de pagos”.
En su documento, el SME señala que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) es la dependencia federal con el mayor adeudo: 321 millones 308 mil 108 pesos.
De igual forma, registra que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe 11 millones 10 mil 81 pesos; su organismo descentralizado Telecomunicaciones de México, 10 millones 165 mil 279; la Secretaría de Gobernación (Segob), 11 millones 243 mil 393; la de Trabajo y Previsión Social (STPS), 998 mil 689; la Defensa Nacional (Sedena), 3 millones 34 mil 143 pesos, y “Sedena dirección general”, 11 millones 826 mil 872 pesos; mientras que el Consejo de la Judicatura Federal tiene pendiente el pago de 8 millones 163 mil 617 pesos.
Según el listado del SME, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) adeudaba a LFC 13 millones 252 mil 520 pesos; el Poder Judicial de la Federación, 7 millones 60 mil 101; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 4 millones 386 mil 478; la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), 2 millones 504 mil 514; y la Lotería Nacional, 2 millones 360 mil 369 pesos.
De igual forma, la Contraloría debe 3 millones 542 mil 958 pesos; la Procuraduría General de la República (PGR), 3 millones 650 mil 502, y Liconsa, 2 millones 479 mil 325 pesos.
Los adeudos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) son más complejos: como dependencia debe 3 millones 266 mil 57 pesos; su Coordinación de Administración Fiscal, 9 millones 117 mil 284, y su área de Cobro Foráneo, 722 mil 987 pesos.
Lo increíble es que en el listado de grandes deudores de LFC estén incluidas la cabeza del sector, Secretaría de Energía (Sener), con 517 mil 896 pesos, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 2 millones 274 mil 98 pesos.
Otras cuentas por saldar son las de la embajada de Estados Unidos, por 1 millón 798 mil 82; las tiendas Suburbia, por 8 millones 604 mil 442; Radio Móvil Dipsa, 15 millones 789 mil 361, y Nextel de México, 12 millones 180 mil 716 mil pesos.
Otro documento da cuenta del avance, hasta agosto pasado, de los servicios atendidos por los trabajadores de LFC en las cuentas especiales que la paraestatal tenía en liquidación. Allí se indica que muchas empresas tuvieron problemas por colgarse de los cables para no pagar la energía eléctrica.
Es el caso de sucursales de Gigante, Geo Edificaciones, Hipódromo de las Américas, Grupo Nacional Provincial, “Banco Bilbao Vizcaya”, Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, Laboratorios Médicos El Chopo, Sears Roebuck de México, Camino del Sol a Santa Fe, Desarrollo Inmobiliario Santa Fe, Tiendas Soriana, Acermex, Periodística Meridiano –que edita el periódico AM en León, Guanajuato–, el centro comercial Coppel y varias gasolineras.
También se colgaron de los cables la Universidad El Pedregal, la Escuela Secundaria y Preparatoria Justo Sierra, el Hospital de Traumatología del IMSS, Compañía Hotelera del Ángel y sucursales de Comercial Mexicana, Telmex, Blockbuster, Compañía Comercial Herdez, Milano, Elektra del Milenio, Sport City Lomas Verdes, Yale de México, Concanmex y Sanborns.
Incurrieron en el mismo delito –según el documento del SME– la Universidad La Salle, la mina El Tesoyo, la pista de patinaje de Inmobiliaria Cielo Azul, la Pista Olímpica de Hielo, Cinemex Zaragoza, el edificio del Fideicomiso de Fomento Minero, Operadora Vips, el Club Deportivo Cruz Azul, las oficinas Cosbel, Hotel Motel Casa Blanca... y así hasta sumar 483 empresas conectadas de manera irregular.
Hoyos financieros
Este año, el último que operó, LFC reportó, hasta marzo, 11 millones 723 mil 598 pesos por venta de energía. Recibió 3 millones 459 mil 238 pesos por las cuentas ordinarias y 8 millones 51 mil 994 por las especiales. Los gobiernos estatales pagaron 13 mil 132 pesos; los municipales 171 mil 641; el gobierno federal, 151 mil 713 pesos, y el gobierno capitalino 275 mil 749.
Tan sólo el año pasado, sostener la nómina de los trabajadores activos costó 12 mil 866 millones 427 mil 906 pesos, y las pensiones 11 mil 824 millones 841 mil 280 pesos.
LFC distribuía energía eléctrica al Distrito Federal, a 83 municipios del Estado de México, a 45 de Hidalgo, a dos de Morelos y a tres de Puebla. Los municipios debían 3 millones 965 mil 227 pesos y los gobiernos estatales 310 mil 178. Y pese a la precariedad financiera, entre 2008 y el presente año el director de LFC, Jorge Gutiérrez Vera, condonó las deudas de los ayuntamientos mexiquenses e hidalguenses.
Entrevistado antes del decreto del domingo 11, que consumó la liquidación de la empresa, Alejandro Muñoz –el tesorero del SME que se disputó la dirigencia con Martín Esparza– atribuyó esa decisión de Gutiérrez Vera al deseo de quedar bien con el presidenciable gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y a que Hidalgo es la entidad natal del líder Martín Esparza.
De acuerdo con el Área de Recuperación de Pérdidas, que también dirigió Muñoz, en ocho meses se recuperaron 9 mil millones de pesos por concepto de cobro de adeudos. Sin embargo, a decir de Mateo Huarte, quien trabajaba en el área hasta que fue despedido en mayo pasado por oponerse a la dirigencia de Esparza, las pérdidas mayores se reportan en las cuentas especiales.
“De estas 6 mil 500 cuentas, alrededor de 40% equivalen a 75% de los ingresos totales de LFC. Este grupo, en ocho meses, realizó alrededor de 5 mil operativos y obtuvo cerca de mil millones de pesos por concepto de recuperación de deuda”, indica en entrevista.
Huarte denuncia que también fomentaban pérdidas el uso del mismo tipo de medidores desde hace 17 años y las políticas comerciales de LFC, como la tarifa DAC (servicio Doméstico de Alto Consumo) creada en 2002 por el entonces presidente Vicente Fox para cobrarle más a quien consumiera más de 250 kilowatts/hora al mes.
Un caso especialmente problemático es el de la Torre Mayor porque sus constructores instalaron equipo de medición distinto al que utilizaba LFC, que de esa forma no podía conocer el historial de consumo eléctrico del edificio.
Según Huarte, el director general de LFC, Jorge Gutiérrez Vera, se reunió con representantes de la Sener y acordaron hacer que se reinstalaran los equipos de medición operados por la paraestatal. Pero, agrega Huarte, “yo no sé si se hizo, porque el 8 de mayo, con la ruptura política, nos lanzaron de la oficina en Juárez 90. Desde ese día no tenemos información de lo que pasa en la empresa”.
La misma situación enfrentó la paraestatal con las cementeras Apasco y Cemex, algunas empresas vidrieras y Palmolive. En el Hipódromo de las Américas ni siquiera dejan entrar a los empleados que toman la lectura de los medidores. El edificio corporativo de Liverpool, ubicado en Santa Fe, debía pagar 40 mil y 70 mil pesos por consumos ilícitos en enero y febrero de este año, pero no quiso acatar las reglas y terminó pagando 5 y 6 millones.
Lo mismo sucedió con las instalaciones de Honda, en Santa Fe, condominios, inmobiliarias, restaurantes como La Mansión, la tienda Liverpool de Polanco, e incluso con el hotel Suites del Ángel, ubicado atrás de la embajada de Estados Unidos y con el que el SME tiene un convenio de descuento para sus afiliados que vienen de los estados a congresos, mítines y reuniones.
A estos perjuicios para LFC hay que sumarles que aproximadamente 50% de los usuarios tiene conexión pero no paga, se cuelga con un diablito o manipula el medidor. “No existe el dato exacto”, afirma Huarte.
Rumbo a la privatización
En México la electricidad es cara, entre otros factores porque la CFE compra 40% de la energía a empresas extranjeras. Y LFC no genera electricidad pero le da servicio a las empresas, se encarga del alumbrado público y de los usuarios domésticos. El mayor consumidor es el Sistema de Transporte Colectivo Metro, del Distrito Federal.
La Auditoría Superior de la Federación recomendó desde 2006 la liquidación de la paraestatal por considerarla inviable. De cualquier manera, el año pasado LFC y el SME firmaron un convenio de productividad que, de acuerdo con Alejandro Muñoz, era inviable y hubiera provocado la desaparición de la empresa en 2011. En ese momento LFC reportaba pérdidas de 30% contra 4% de la CFE.
Con el convenio de productividad, el Área de Recuperación de Pérdidas se dio a la tarea de cobrar adeudos y logró rescatar mil millones de pesos en menos de un año, dinero que se preveía utilizar para modernizar la paraestatal. Huarte comenta que LFC negociaba con los deudores cuando se trataba de empresas privadas.
Explica que la paraestatal tenía más de 40 mil trabajadores, pero hubiese podido operar con 22 mil y se hubiera saneado combatiendo la corrupción. Un ejemplo de ese mal, dice, fue el fraude por más de 1 millón de pesos cometido por Mario Garfias, quien no obstante fue reinstalado como representante sindical de Inspección.
En 2001 se creó el Programa de Reducción de Pérdidas (Prep 25-15), que trataba de reducirlas de 25% a 15%. Huarte calcula que, con proyectos como ese, LFC habría dejado de operar con números rojos en cinco años.
Hubo otros intentos. En la cláusula décima del convenio de reestructuración que firmó el SME con LFC sobre su contrato colectivo de trabajo 2008-2010, se acordó realizar los estudios de factibilidad técnica, jurídica y económica para gestionar ante la SCT y la Cofetel la concesión de la red pública de telecomunicaciones para la prestación de servicios de transmisión de voz, datos y video a través de una filial de LFC creada para este fin y aprovechando la infraestructura del organismo. El 30 de junio pasado se inició dicha gestión.
Asimismo, en la cláusula octava estipularon que el gobierno federal, a través de la Sener, convocaría a la instalación de una mesa de trabajo, en la que participaría la Cofetel, para revisar el contrato de compraventa de energía que celebraron la Sener y LFC el 23 de febrero de 2000 “con la finalidad de disminuir el precio de la energía en bloque”.
Sin embargo, el plan se derrumbó. Desde 2007 la empresa WL Comunicaciones firmó el convenio para conectarse a la red de mil 100 kilómetros de fibra óptica con el fin de ofrecer el servicio conocido como Triple Play (televisión por cable, telefonía e internet), dejando al SME fuera de la jugada, según informó Esparza (Proceso 1719).
Con ese acuerdo el SME pretendía competir directamente con Cablevisión, empresa que brinda sus servicios mediante la conexión eléctrica pero, a decir del líder sindical, “se cuelga de los postes de LFC”.
Esparza señaló a este semanario que José Antonio Prado Carranza, quien asesoró al gobierno federal en este proceso de liquidación de LFC, antes avaló cinco convenios y contratos de combustible asignados a Ivancar, la empresa del desaparecido secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, cuando fue gerente jurídico de Convenios y Contratos, Consultoría y Prevención de Pemex y uno de los principales operadores del panista César Nava.

RODRIGO VERA

Proceso.com.mx
Exsalinista y ahora crítico de las políticas neoliberales que caracterizaron a sexenios como el de Carlos Salinas de Gortari, opositor a los afanes por privatizar las industrias petrolera y eléctrica, el exsenador Manuel Bartlett Díaz sentencia: El “golpe fascista” asestado por Felipe Calderón al Sindicato Mexicano de Electricistas busca abrirle paso a empresas trasnacionales. De hecho, apunta, esas firmas generan ya más del 40% de la energía eléctrica que se produce en el país.
El objetivo del presidente Felipe Calderón al dar su “golpe de Estado” contra Luz y Fuerza del Centro no fue aniquilar a esta empresa paraestatal, sino más bien a su sindicato, el Mexicano de Electricistas (SME), pues se trata de un poderoso gremio, “combativo y nacionalista”, que lleva años oponiéndose a los intentos gubernamentales de privatizar el sector energético del país.
Con la eliminación de ese sindicato –uno de sus principales obstáculos–, Calderón planea acelerar el otorgamiento de permisos a compañías trasnacionales, que inconstitucionalmente ya están generando más de 40% de la energía eléctrica que se produce en México.
El exsenador Manuel Bartlett Díaz, contumaz opositor a la privatización energética, llega a la anterior conclusión y agrega categórico:
“Son puras falacias eso de que se suprimió a Luz y Fuerza del Centro por su falta de eficiencia y competitividad. ¡Mentira! El objetivo de Calderón fue realmente acabar con el sindicato de la empresa.”
–¿Qué razones tenía?
–El SME era el único sindicato que se oponía a la política de privatizaciones. Era el núcleo más fuerte y vital que defendía los intereses nacionales en materia energética. Así de sencillo.
Bartlett se acoda en la mesa rectangular de su despacho, de la colonia Roma, y prosigue:
“¿Sabe cuál es la única diferencia entre Luz y Fuerza y la Comisión Federal de Electricidad, las dos empresas estatales encargadas de suministrar energía eléctrica? Pues la única diferencia la hacen sus sindicatos. ¡Nada más! El sindicato de la primera empresa ha sido combativo históricamente. Era el único que tomaba sus decisiones democráticamente, mediante largos debates en asambleas. Sus miembros eran verdaderamente agremiados.
“En cambio, el de la segunda, el SUTERM (Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana) se convirtió en un manso gremio que sigue los dictados de los privatizadores; desde Salinas de Gortari hasta Calderón. Y esto yo se lo llegué a decir públicamente a su líder Rodríguez Alcaine: ‘Entregaste la materia de trabajo a las empresas extranjeras’.”
Como senador, de 2000 a 2006, Bartlett Díaz encabezó a los legisladores opuestos a la privatización de la industria petrolera y eléctrica que entonces impulsaban el presidente Vicente Fox y su secretario de Energía, Felipe Calderón. Sobre esas experiencias, Bartlett escribió dos libros: Reforma energética, un modelo privatizador y El petróleo y Pemex. Despojo a la nación.
Relata Bartlett que, en esa lucha, siempre tuvo al SME como aliado permanente:
“De pronto, hay que reconocerlo, a los legisladores nos apoyaban algunos otros sindicatos, pero el que permanentemente nos respaldó fue el de los electricistas. Su presencia y su lucha política siempre estuvieron contra las políticas entreguistas del gobierno.
“Ahora, justamente a ese sindicato es al que Calderón le asestó un golpe brutal, inhumano y fascista, mandando a la calle a sus miles de trabajadores. Todas las demás argumentaciones son puras falacias. El Ejecutivo dio un paso gravísimo para fortalecer su poder autoritario, montado en la fuerza y el engaño.”
Bartlett hace una pausa. Reflexiona. Luego asegura enfático:
“Calderón es un presidente golpista. En realidad, lo que acaba de perpetrar es un verdadero golpe de Estado”.
El político poblano se incorpora de su asiento. Va a una oficina contigua para traer el Diccionario de política de Norberto Bobbio. Consulta la definición del término. Y comenta:
“Sí, aquí se señala que un golpe de Estado es un acto llevado a cabo por el soberano, o por el titular de un sector clave de la burocracia, para reforzar su propio poder. Por lo general, se ejecuta sorpresivamente para evitar las reacciones contrarias de quienes sufren el golpe. Y se utiliza parte del aparato de Estado para ejecutarlo.”
Compara: “Calderón también actuó sorpresivamente y en la noche, valiéndose de la fuerza. A este golpe de Estado lo están apoyando la fuerza militar y policiaca, así como las televisoras y las empresas extranjeras. Todos ellos están creando una atmósfera hostil contra el sindicato, un linchamiento permanente, y sólo por ser un estorbo para los propósitos privatizadores de la energía eléctrica”.
–Habla de que tiene tintes fascistas…
–Sí. El fascismo es la antidemocracia de la extrema derecha. ¡Mussolini! ¡Pinochet! El de Calderón es también un gobierno golpista de derecha que actúa en la oscuridad, liquida a miles de trabajadores y amedrenta con el Ejército. ¡Vaya! Hasta su secretario de Gobernación, que es un pendenciero, lanza amenazas contra los mexicanos que desaprobamos sus arbitrariedades. Estamos avanzando peligrosamente hacia un Estado policiaco y militar. El Ejército ya controla casi todas las direcciones estatales de la policía. En tanto, se reducen las garantías individuales de la población.
Lamenta Bartlett que el golpe de Calderón lo respalde un sector del PRI encabezado por Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes y Francisco Labastida. Y abunda:
“Este golpe de autoritarismo brutal está inspirado en el que asestó Carlos Salinas contra el sindicato petrolero. Tiene todo el toque y la filosofía salinista. Por algo, Salinas es el gran capo de los grupos que hoy controlan al PRI. Calderón llegó a un acuerdo con ellos antes de dar ese paso.”
Bartlett menciona luego el decreto, fechado el 11 de octubre, mediante el que Calderón extingue a Luz y Fuerza del Centro:
“Ese decreto es totalmente inconstitucional, ilegal y falaz. El presidente debió consultar al Congreso antes de desaparecer a la empresa con todo y sus trabajadores, ya que la empresa se creó a través de un mandato legal, de un acto legislativo”, dice.
–El decreto argumenta que se desaparece a la empresa por ineficiente, por onerosa, por sus pasivos laborales…
–Todo eso es pura manipulación con sesgos derechistas. La misma manipulación utilizada para la reforma petrolera. Además, se utilizan las fallas administrativas –que son culpa de la Secretaría de Energía y del gobierno– para achacárselas al sindicato.
“Se dice que había grandes pérdidas económicas y que se daba muy mal servicio, pues eso le correspondía resolverlo al gobierno. Se dice que las tarifas eléctricas eran muy altas. El problema debió resolverlo la Secretaría de Hacienda, que es la que fija las tarifas, no el sindicato.
“Además, no olvidemos que la mayor parte de la energía eléctrica, 80%, no es para uso habitacional, sino que la gastan los grandes consumidores. Y es aquí donde hay un gran robo de energía que es tolerado por el gobierno y provoca grandes pérdidas económicas. Hay hoteles enteros que no pagan energía.
“¡Caray! El mismo Felipe Calderón fue secretario de Energía. Por qué no resolvió esas anomalías de las que hoy se queja, por qué no obligó a pagar a los grandes consumidores. Él también es responsable. Llevémoslo, pues, a juicio… Su decreto es puro engaño a la población… que no nos venga con cuentos.”
–¿Y respecto a las prebendas que se le imputan al SME?
–Se le achacan muchos privilegios, es cierto. Pero a fin de cuentas fueron prerrogativas ganadas a través de contratos colectivos. Aquí tendría que haberse negociado con el sindicato para quitarle prestaciones. Ahora, tengo entendido que gozaba de beneficios muy similares a los del SUTERM, el otro sindicato de electricistas.
“Y si se trata de acabar con privilegios, por qué entonces no se liquidó al sindicato de maestros, o al de petroleros. El secretario de Gobernación ya declaró que contra estos dos sindicatos no se tomará ninguna medida. ¿De qué se trata entonces? No cabe duda: obedeciendo a los intereses trasnacionales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que exigen se privatice el sector energético, Calderón liquidó a ese sindicato incómodo que salía a las calles, protestaba y lanzaba consignas a favor de nuestra soberanía.”
Bartlett –quien también fue gobernador de Puebla y secretario de Gobernación– sostiene que la energía es un “sector estratégico” para impulsar el desarrollo, la independencia y la autonomía del Estado mexicano. Y afirma que “quien controla la energía controla al país”. Por desgracia, asegura, desde hace tiempo se viene privatizando la energía eléctrica.
Detalla:
“Si uno extendiera un mapa del país donde se señalen los lugares en que operan las empresas extranjeras que generan energía eléctrica, comprobaríamos con sorpresa que están metidas por todas partes. Actualmente ya están generando más de 40% de la energía. Incluso se la venden a la CFE y hasta se encarga de distribuirla. El hecho es una violación flagrante a nuestra Constitución política. Pero el gobierno lo permite.”
Entre las principales empresas extranjeras que operan en el país destacan las españolas Iberdrola y Unión Fenosa; las estadunidenses Enron, Intergen y GE-Bechtel; las japonesas Mitsubishi y Nichimen-AES; la francesa EDF, y la canadiense Trans Alta.
Las trasnacionales tienen distribuidas en el territorio nacional sus plantas generadoras. Algunas empresas consiguieron contratos para venderle energía a la CFE, como es el caso de Iberdrola, que pactó un convenio para hacerlo hasta el año 2031. Estas prácticas violan el artículo 27 constitucional, que reserva al Estado la exclusividad del sector eléctrico.
Documentación del SME dada a conocer en el diario La Jornada el pasado martes 13 revela cómo se ha ido incrementando la participación privada en el sector: a principios de los noventa las trasnacionales controlaban 22% de la generación de energía en el país. Al concluir el sexenio de Calderón, se pretende que “controlen 58% de la capacidad instalada de generación en México, convirtiendo la privatización eléctrica en un hecho consumado”.
La misma CFE –en su Programa de Obras de Inversiones del Sector Eléctrico 2009-2018– reconoce su enorme dependencia (casi 60%) de la inversión privada extranjera y nacional, bajo diferentes esquemas financieros, como “productor independiente”, “cogeneración” o “autoabastecimiento”.
En los próximos 10 años, la empresa requerirá de una inversión cercana a los 636 mil 244 millones de pesos, de los cuales más de 50% –367 mil 749 millones– tendrán que provenir del sector privado extranjero y mexicano.
Las cifras oficiales señalan que la CFE atiende a “casi 80 millones de habitantes, e incorpora anualmente a más de 1 millón de clientes nuevos”. El 22.7% de sus ventas estaban destinadas a la hoy extinta Luz y Fuerza del Centro.
También revelan la enorme diferencia en el suministro que se le da al sector doméstico y al industrial:
“Si bien el sector doméstico agrupa 88.15% de los clientes, sus ventas representan 27.18% del total de ventas al público. Una situación inversa ocurre en el sector industrial, donde menos de 1% de los clientes representan más de la mitad de las ventas.”
El martes 13, la Secretaría de Energía anunció que los servicios de Luz y Fuerza del Centro ahora serán cubiertos por la CFE, con el fin de tener “los mismos estándares de calidad en toda la República Mexicana”.
De esta manera, la CFE, ya de por sí dependiente del capital privado, ahora tendrá que expandirse a las entidades que cubría la empresa suprimida: Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Sin embargo, Alfredo Elías Ayub, director de la paraestatal, declaró entusiasmado: “Sí podemos con la chamba”.
Para Bartlett, nadie mejor que Elías Ayub para proseguir con la privatización:
“Durante los seis años que estuve en el Senado, los legisladores le argumentábamos a Elías Ayub, una y otra vez, lo inconveniente de privatizar la electricidad, puesto que un servicio público se convierte en un negocio cuyo objetivo es la ganancia. Nunca nos hizo caso. Siguió y siguió privatizando. Él es un instrumento servil de las trasnacionales.”
Comenta que el proceso privatizador lo inició Salinas de Gortari a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio, cuando se “deformó y prostituyó el concepto de servicio público”. Se creó la Comisión Reguladora de Energía y se empezaron a otorgar permisos a empresas extranjeras. Zedillo continúo en la misma línea.
¿Y qué pasó durante el foxismo?
–La privatización se aceleró durante la administración de Vicente Fox, quien incluso reformó el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con el fin de ampliar las figuras privatizadoras inconstitucionales. Ante esto, pusimos una controversia constitucional ante la Suprema Corte, que declaró inconstitucional esa reforma foxista apoyada por Felipe Calderón, su secretario de Energía.
Añade que, en sus afanes privatizadores, Fox y Calderón continuaron en litigio contra los legisladores, en el que también intervino la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Pero no se llegó a gran cosa y el caso quedó inconcluso.
Bartlett recalca por último:
“En nuestras batallas en el Congreso por la soberanía energética, el sindicato de electricistas jamás nos dio la espalda. Hoy fue víctima de un golpe de Estado. ¿A quién aplastará mañana Calderón?... ¿Quién sigue?... ¿Con quiénes usará la fuerza militar?... Todos corremos el riesgo de sufrir la misma represión autoritaria y fascistoide.”

DENISE DRESSER
Publicado en la revista Proceso.

Veinticinco razones por las cuales la izquierda se equivoca al “solidarizarse” con Martín Esparza, líder del Sindicato Mexicano de Electricistas:

1) La izquierda debe defender derechos pero no privilegios, y la dirigencia del SME tiene más de la cuenta. Decir que todas las organizaciones tienen élites no constituye una defensa legítima de líderes sindicales cuestionables.
2) La izquierda no puede fustigar selectivamente la corrupción y tan sólo denunciarla en sindicatos que apoyan/financian a otros partidos y no al PRD o a Andrés Manuel López Obrador. Para ser creíble, el rasero necesita ser parejo.
3) No es posible justificar ante miles de agremiados que su dirigente sea dueño de un rancho con “caballos criollos”, mientras tantos apenas sobreviven con su sueldo.
4) La defensa del SME “aunque fuera charro”, como han reconocido algunos líderes del PRD, coloca a la izquierda en la incómoda posición de defender algo que es indefendible: la corrupción cuando beneficia a los de casa.
5) El argumento de que es preferible el statu quo a que la empresa sea entregada a extranjeros es tramposo por dos motivos. Dada la restricción constitucional, la empresa no se puede privatizar. Y al agitar la bandera de la xenofobia, sus proponentes están sugiriendo que es mejor la expoliación a los consumidores por parte de mexicanos, como si esa fuera una opción mejor, cuando no es así.
6) Al ignorar la evidencia sobre las irregularidades en la elección de Martín Esparza –incluyendo los 3 mil votos de más–, la izquierda corre el riesgo de avalar el fraude que en otras ocasiones ha denunciado con vehemencia.
7) Es cierto que en México hay otros saqueadores, pero eso no justifica la defensa –en términos comparativos– de quienes lo han sido “un poquito” menos.
8) AMLO tiene razón en criticar a “la mafia de la política, el poder y el dinero”, pero también le corresponde denunciarla cuando surge en el mundo sindical.
9) Al defender los privilegios del SME porque “están dentro de la ley”, a la izquierda se le olvida que el evidente conflicto de interés en que incurrió Juan Camilo Mouriño –tan criticado en su momento por López Obrador– también estaba “dentro de la ley”. No es congruente entonces denunciar una conducta mientras se solapa la otra con el mismo andamiaje legal. A la izquierda le urge criticar leyes que fueron creadas precisamente para proteger privilegios empresariales y sindicales.
10) Al fustigar a quienes han criticado la ineficiencia y la corrupción del SME, y sugerir que “le están haciendo el juego al gobierno usurpador en contra de los trabajadores”, a AMLO se le olvidan los millones de mexicanos que han sido víctimas del deplorable servicio de la Compañía de Luz y Fuerza. Hay muchos que condenan al SME, y no por apoyar a Felipe Calderón, sino para pararse del lado de los consumidores y los ciudadanos.
11) Cuando la izquierda argumenta que la Constitución y la Ley Federal del Trabajo reconocen el derecho de sus trabajadores a organizar sindicatos que pugnen por mejorar sus condiciones laborales, queda claro que sus líderes no han leído el contrato colectivo que rige actualmente al SME. El documento contiene privilegios que van mucho más allá del espíritu de la ley, y que han incentivado la ineficiencia.
12) Al enarbolar de forma acrítica el argumento de la “autonomía sindical”, la izquierda acaba avalando la opacidad y la discrecionalidad que esta autonomía ha producido.
13) La izquierda tiene razón al decir que el gobierno de Felipe Calderón no ha demostrado el mismo celo persecutorio con otros sindicatos públicos –como los de maestros y petroleros–, pero esa no es justificación suficiente para exigir que no se toque al SME. La izquierda debería exigir que se combatan los privilegios y las irregularidades en el SNTE y en el STPRM.
14) Sugerir que porque el gobierno no ha atacado a otras instituciones corruptas no debe hacerlo en el caso del SME vuelve a la izquierda comparsa de lo que en otros casos sí denuncia. Mimetiza la satanización selectiva que no acepta en el caso de Felipe Calderón.
15) Al arropar al SME, la izquierda pierde credibilidad cuando habla de “empresarios y funcionarios responsables del saqueo y la corrupción”. Ese saqueo y esa corrupción también se han dado dentro de los sindicatos públicos, y por simple consistencia democrática se vuelve imperativo reconocerlo.
16) Es cierto, los sindicatos no son los únicos responsables del desastre, pero sí con corresponsables –al igual que numerosas empresas privadas– de la falta de productividad que ha inhibido el crecimiento económico del país.
17) Si el gobierno de Felipe Calderón “no tiene la autoridad moral” para combatir al sindicalismo corrupto, entonces la izquierda debería asumir esa tarea en vez de rehuirla cuando –por motivos electorales– le conviene hacerlo.
18) Es cierto: El gobierno no ha mostrado la misma tirria vis a vis con otros sindicatos. Pues es hora de exigirle que lo haga, y con la determinación que le ha faltado hasta este momento.
19) Así como AMLO critica a los monopolios privados, debe reconocer los abusos que cometen los monopolios públicos.
20) Si la izquierda denuncia la complicidad de Felipe Calderón con Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, pero protege a Martín Esparza, habrá armado su propia forma de complicidad.
21) Al avalar los abusos de la Compañía de Luz y Fuerza, así como del SME, la izquierda se aleja de la ciudadanía cuyo voto debería cortejar, y estrecha aún más su base de apoyo electoral.
22) Si uno de los temas fundacionales de la izquierda en el mundo es la lucha por la equidad, no puede justificar la persistencia de cotos caracterizados por prebendas que el resto de la clase trabajadora de México no recibe.
23) Al arropar a Martín Esparza como lo hace, la izquierda olvida temas fundamentales, como la falta de transparencia en el manejo de las cuotas, el uso discrecional de las aportaciones gubernamentales, y el destino misterioso de millones de pesos que el sindicato obtiene del gobierno y no se ve obligado a transparentar.
24) El costo elevado de la energía eléctrica –debido a la falta de productividad y al peso de un contrato colectivo, cada vez más oneroso– lo cargan los pobres. Según el presidente de la Comisión Federal de Competencia, los pobres pagan 40% más de lo que deberían en servicios básicos como la luz, por las ineficiencias que venimos arrastrando desde hace años.
25) Si el lema de la izquierda es “Por el bien de México, primero los pobres”, entonces no puede justificar las transferencias y los subsidios a una empresa quebrada, que recibe –de forma anual– el equivalente a dos veces el presupuesto del Programa Oportunidades. Al aceptar esta situación, la izquierda coloca la defensa de alianzas políticas por encima del combate a la pobreza. Su lema se vuelve “Por el bien de nosotros, primero los sindicatos que nos apoyan”.

Guadalupe Morfín Otero

El acuerdo de creación de la Fevimtra no "establece la facultad de atracción para casos del fuero común que impliquen violaciones graves de derechos humanos de las mujeres", que sigue siendo una expresión y un deseo muy legítjmo y ojalá así venga alguna reforma legal nítida que lo permita. Las reglas de competencia y atracción son muy complejas. Para que haya competencia federal debe haber delito federal, o delito cometido por servidores públicos federales, o haberse cometido en instalaciones federales (escuelas federalizadas, naves, embajadas), o haberse cometido usando un servicio que implique una concesión federal. Eso en cuanto a competencia. En cuanto a atracciones, es también muy complejo. No basta la decisión federal. Tiene que ver con quién conoció primero, con la voluntad local de declinar, o de solicitar la atracción. Les aseguro que concluímos en FEVIMTRA la investigación, hicimos la identificación de 34 elementos estatales que violentaron a las mujeres, y eso no lo hizo ni la SCJN. Buscamos a 47 mujeres víctimas, atendimos a todas las que nos aceptaron o solicitaron atención. Cuidé mucho la entrega de la averiguación. No es caso concluido. El procurador mexiquense está en el tramo de hacer suyas nuestras conclusiones y actuar. Ojalá. Que no haya impunidad.

Texto tomado de www.guadalupemorfin.org
Muy estimados y estimadas:

El plazo para presentar candidaturas para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha comenzado a correr en los términos de la Convocatoria que les anexo y concluye el próximo 9 de octubre. Como ustedes notarán, por más que sean muy bienvenidos los respaldos personales y grupales, que los he recibido y los agradezco, y espero seguirlos recibiendo, también son necesarias, cito la convocatoria, las adhesiones de "organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad y los organismos públicos y privados, promotoros o defensores de los derechos humanos", con copia del acta constitutiva incluida, escaneada o enviada a la hora de hacer llegar la postulación al Senado.

Si alguien tiene dificultades para hacer el envío en tiempo y forma para el Senado (Oficialía de Partes: calle Xicoténcatl número 9, planta baja, Centro Histórico, Código Postal 0610, Distrito Federal), por favor, entre en contacto con el Soc. Pedro Díaz de la Vega, cuyo correo electrónico copio a éste, para imprimir y enviar las propuestas escaneadas.

Me han preguntado si las organizaciones ambientalistas pueden respaldar la candidatura. Por supuesto que sí: en la primera parte del enunciado citado, cabe el plural mosaico de organizaciones que representan la plural y diversa sociedad que somos: el movimiento feminista, el de derechos humanos, el ambientalista, el de los derechos de los pueblos indios, el de las personas con retos especiales, el de los derechos de niñas y niños, la comunidad lésbico-gay, el movimiento obrero, la academia, los institutos de formación y capacitación, los centros de educación superior, los colegios de profesionistas, las escuelas y colegios que educan en democracia y virtudes cívicas, las redes ciudadanas, los movimientos ciudadanos por la movilidad urbana, los distintos movimientos cívicos, las instancias ciudadanas por la paz y la mediación, las y los que han promovido la anulación del voto para llamar a refundar nuevas reglas para la democracia, las asociaciones religiosas, las organizaciones que promueven el desarrollo comunitario y la cohesión social, los gremios empresariales, y un largo etcétera donde quiero ver que quienes no se enencuentren reflejados en alguno de los anteriores, se vean incluido en su condición ciudadana.
Me han preguntado si se puede respaldar a dos o más candidatos o candidatas que se considere que son valiosos: nada lo impide. Aquí no hay amores exclusivos. Pretendo, con mi trabajo y su respaldo, y por supuesto con la conciencia de las y los senadores de las comisiones que convocan, sobre todo la de Derechos Humanos, que se integre una terna con tal calidad de candidaturas, que cuando se someta la votación al Pleno, el Senado no tenga la opción de equivocarse.

Quizá no me dé abasto para contestar cada una de sus respuestas, como es mi costumbre, pero lo haré en cuanto tenga respiro y las leeré con mucha atención. Quiero que sepan que las necesito y los necesito cerca en este proceso, incluso a quienes han sido muy críticos con mis gestiones como comisionada o como fiscal. Estoy segura de que cuando se den el tiempo para el diálogo pausado podrán valorar los desafíos y los logros de cada encomienda, enterarse de los pormenores de los informes que he rendido (www.guadalupemorfin.org) y saber que aún limitada por competencias y mandatos de ley, he estado abriendo caminos que muchas y muchos no hubieran aceptado o intentado. He cometido errores y lo reconozco, y de ellos aprendo.

Por último, la CNDH es un organismo que abarca a todo el Estado mexicano. Es la institución defensora del pueblo; necesita plena autonomía para su función. Es indispensable que el proceso para la elección de su titular sea transparente y público y de cara a las y los ciudadanos. No hay otra forma de darle legitimidad a la decisión del Senado.
Les mando un saludo muy cariñoso.

María Guadalupe Morfín Otero

JULIO ALEJANDRO RíOS

Proceso.com.mx
El gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, firmaron un convenio para que Protego Asesores realizara una extraña maniobra a fin de que la entidad obtenga por anticipado una suma equivalente a sus participaciones federales de mil 120 millones de pesos. Los legisladores locales y el economista Hugo Alberto Michel coinciden en que esa llamada “bursatilización de ingresos futuros” es en realidad una colocación de deuda.
GUADALAJARA, JAL.- El gobierno de Emilio González Márquez entregó al despacho de asesoría financiera Protego, que encabeza Pedro Aspe Armella, el destino de mil 120 millones de pesos de las arcas públicas para aplicar un esquema de “bursatilización de ingresos futuros” a fin de recibir una cantidad similar como adelanto de participaciones federales.
Según Hugo Alberto Michel Uribe, doctor en economía por la Universidad de Barcelona, esta operación del gobierno de Jalisco no es más que una deuda disfrazada e implica una doble irregularidad.
“La primera irregularidad consiste en no denominar ‘operación de deuda pública’ a algo que claramente lo es, y por otro lado aplicar esos recursos al gasto corriente, cuando la norma legal es clara en señalar que este tipo de recursos por deuda se deben dedicar a inversión”, señala el experto, que es jefe de la Unidad de Economía y Finanzas del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Guadalajara.
En Jalisco, los antecedentes de Protego Asesores Financieros son polémicos. El 22 de agosto de 2006 presentó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF), entonces encabezada por el tapatío Alberto de la Torre, un proyecto estratégico para crear una Liga Premier y multiplicar los ingresos de este deporte con promesas de éxito financiero jamás visto, todo rumbo a 2010 (Proceso 1559). En aquella ocasión el propio Aspe Armella presentó a los dueños de clubes el proyecto, que se aprobó.
Según el diario deportivo Récord (7 de julio de 2009) la FMF le pagó 135 mil dólares por este análisis al despacho de Aspe. Pero cuando llegó Justino Compeán a dirigir esa federación, echó el plan a la basura por considerarlo poco viable.
El Congreso, ignorado
El lunes 14 de septiembre, en una rueda de prensa improvisada en el Congreso del Estado al término de una sesión solemne, al gobernador Emilio González Márquez no le quedó más que admitir que, sin la aprobación de los diputados locales, firmó un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para “la bursatilización de mil 120 millones de pesos”. No precisó fecha; se limitó a decir que había ocurrido “la semana pasada”.
El convenio fue presentado al pleno del Congreso el jueves 10, pero fue rechazado porque no se ofrecía información suficiente a los diputados locales. A pesar de ello, el viernes 11, González Márquez firmó el convenio junto con su secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, el secretario de Finanzas, José Luis de Alba, y el titular de la SHCP, Agustín Carstens.
“Como no tuvimos la aprobación del Congreso, y eso ocurrió con la mayoría de estados, la SHCP desarrolló una alternativa que requería únicamente la aprobación de estos funcionarios. Así lo firmamos”, dijo el gobernador sin dar más detalles.
El documento, del que Proceso obtuvo una copia, se denomina “Convenio de colaboración para la entrega de recursos a nombre y por cuenta de tercero y por el que se establece un mecanismo de compensación de adeudos”.
Por ese convenio, el gobierno jalisciense se compromete a ceder mil 120 millones de pesos “al fideicomiso privado número F/0001 constituido por terceros en Protego Casa de Bolsa S.A. de C.V”. Esta cantidad es igual a la que corresponde a Jalisco como parte del Fondo de Estabilización para los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).
Por separado, Rafael Loyo, director estatal de Programación y Presupuesto, aclaró el domingo 13 a la prensa que, además de los mil 120 millones de pesos del FEIEF, Jalisco recibirá una cantidad similar en calidad de préstamo, que será pagado anualmente con cargo a las participaciones federales.
Al pedirle datos precisos, en la rueda de prensa del lunes 14, González Márquez se enredó y no pudo explicar a los reporteros en qué consiste el término “bursatilización de ingresos futuros”, pero descartó que sea un eufemismo para referirse a una deuda.
“No se trata de un préstamo, sino de un ingreso futuro de los excedentes federales que corresponden a los estados. Si no firmábamos íbamos a perder este recurso, y (ahora) recibiremos el doble de recursos que hubiéramos tenido si no firmábamos el convenio”.
Las reacciones críticas se desataron. El coordinador de la fracción priista en el Congreso local, Juan Carlos Castellanos, señaló: “Maquillan el término. No es más que un préstamo. Dinero a futuro es un préstamo.”
Pero también el coordinador del partido del gobernador, el panista Jorge Salinas, lamentó que el Ejecutivo no les haya informado y añadió que el gobierno tiene que explicar claramente en qué consiste el convenio, para desechar posibles irregularidades.
Por su parte, Emilio González presumió que el mismo lunes 14 ya habían llegado los primeros 800 millones de pesos, que distribuirá entre los municipios porque la mayoría están en crisis y no tienen recursos para finalizar el año.
El panista Salinas y el priista Castellanos coinciden en que hay muchas dudas respecto al convenio y exigen que sean aclaradas, sobre todo porque el convenio con la SHCP se firmó sin consultar al Poder Legislativo.
En entrevista por separado, el presidente del PRD jalisciense, Antonio Magallanes Rodríguez, señala que la decisión del gobernador es lamentable: “Increíble que le dejen el dinero de los jaliscienses a alguien que asesoraba al gobierno salinista en la privatización de empresas y que viene de tantos fracasos. A mí me parece que es muy riesgoso jugársela así”.
Añade: “Se está incurriendo en ilegalidades que pueden derivar en acciones de inconstitucionalidad como la ocurrida en el gobierno de Eduardo Bours, ya que elimina las facultades del Congreso de revisar las cuentas públicas”.
La llamada “bursatilización de ingresos futuros” no es el único negocio que el gobierno de Jalisco ha concretado con Protego. El 14 de julio de 2008, la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones aprobó, a pesar de no estar facultada para ello, la “adjudicación directa” a la empresa de Aspe Armella por 4 millones 600 mil pesos más IVA “para la contratación de los Servicios de Asesoría Financiera en la selección, análisis, evaluación, estructuración del proyecto identificado y seleccionado por el gobierno de Jalisco, para ser desarrollados bajo el esquema denominado Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios (PIPS) en el estado de Jalisco”.
Lo anterior se debió a que es la única entidad que cuenta con resultados exitosos de uno de esos proyectos terminado.
Es deuda
Para Hugo Alberto Michel Uribe, el término “bursatilización de ingresos futuros” sólo se está utilizando para engañar a la opinión pública:
“De entrada, no me cabe duda de que esta operación es en realidad una colocación de deuda. Porque en el fondo colocan un peso y reciben 1.50 ó 1.40, y uno dice: ¿cómo, de dónde salió? Pues evidentemente del compromiso de que esos recursos se cargarán o se descontarán de los rubros de participaciones federales futuras. Llamémosle adelanto de participaciones o potencialización de los recursos, a fin de cuentas se trata de una mera maniobra financiera para disfrazar una situación de endeudamiento y en ese sentido el asunto me parece delicado”.
A decir del entrevistado, autor de varios libros de finanzas, la Constitución federal establece que el endeudamiento sólo podrá destinarse a las inversiones públicas productivas, no al gasto corriente.
“Claramente, el propósito en Jalisco es dedicar esos recursos a solventar la carencia de ingresos por la reducción de las propias participaciones. A mí me parece una situación irregular, así sea compartida por la totalidad de los estados, queriendo obtener recursos por esa vía nueva de endeudamiento que pretende pasar al margen del control legislativo al que la Constitución obliga. Y ahora lo hacen de una manera determinada por el propio Ejecutivo”.
Michel Uribe señala que en Jalisco este dinero contribuirá a dejar un boquete financiero muy severo en los municipios, porque a diferencia de otros ayuntamientos del país, que apenas están iniciando labores, aquí el dinero se entregará a autoridades que concluirán sus periodos.
“Eso no se ha dicho en los medios. Muchos municipios piden endeudarse y quieren dejar sus compromisos medio saldados, en lugar de abocar estos recursos de la bursatilización a un gobierno nuevo, lo que tendría más lógica económica y política”.
El especialista aclara que se equivocan quienes han interpretado que el gobierno de Jalisco jugará su dinero en la Bolsa de Valores. “Se han confundido por el término bursatilizar y por eso piensan que el dinero va a estar colocado a riesgo, pero no es eso”.
A diferencia de los legisladores entrevistados, el economista considera que la decisión de contratar a Protego no implica riesgos por sí misma:
“El riesgo no proviene de la operación financiera; proviene de las infracciones a la ley. Efectivamente, algunos actores advierten que hay una situación irregular y se abre una discusión que tendría que dirimirse con una controversia constitucional o algún otro mecanismo para evaluar si efectivamente esa operación fue legal. El problema está en que estos artificios financieros violentan el marco jurídico de las finanzas públicas”.

La organización lamenta que después de 3 años de investigación, la FEVIMTRA se haya mostrado incapaz de ejercer acción penal contra los responsables y haya regresado el caso la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la misma entidad que ha negado proceder contra los responsables durante todo este tiempo.

La PGR, al no investigar y sancionar el involucramiento de agentes federales en las violaciones de derechos humanos cometidas en el operativo de 2006 ha sido un actor decisivo en mantener la impunidad en este caso, y al parecer ha evitado que la FEVIMTRA ejerza competencia en los casos de las mujeres torturadas. Otra vez, el sistema de justicia penal en México parece incapaz de lograr la justicia para las victimas de violaciones de derechos humanos. Esta situación, ha llevado a las sobrevivientes de estos abusos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las autoridades federales y estatales tienen la responsabilidad de garantizar que este caso no será como tantos otros en que rehúsan asumir la responsabilidad de llevar ante la justicia los perpetradores de violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional insta a las autoridades del Estado de México a aprovechar la documentación de tortura sexual confirmada por la FEVIMTRA para proceder contra los responsables sin demora.

Al mismo tiempo, AI insta al nuevo Procurador General de la República a demostrar que realmente tiene un compromiso con los derechos humanos investigando de manera eficaz y sin mayor demora a todos los funcionarios federales implicados en las violaciones de derechos humanos cometidas en mayo 2006.

La decisión de la FEVIMTRA es un gran retroceso en la búsqueda de justicia para las victimas. La Procuraduría General de la República ha perdido nuevamente la oportunidad de mostrar su compromiso para terminar con la tortura y la violencia contra las mujeres en México. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México debe atender los reclamos de las víctimas y terminar finalmente con esta injusticia, garantizando la debida reparación del daño.

Antecedentes

El 3 y 4 de mayo 2006 más de 2,500 policías federales, estatales y municipales participaron en un operativo para terminar con protestas lideradas por la organización campesina Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. El operativo policial resultó en la detención de 207 personas, la muerte de dos civiles, decenas de manifestantes y policías lesionados y varios policías retenidos como rehenes. Amnistía Internacional publicó el informe Violencia contra las Mujeres y Justicia Negada en el Estado de México, AMR 41/02/2006 documentado la violencia sexual sufrida por al menos 26 de las detenidas durante el conflicto.

María Guadalupe Morfín Otero

Pedro Mellado
25 Sep. 09

El caso de abusos contra mujeres en San Salvador Atenco, en el cual declinó proceder por considerar que estaba en el ámbito de competencia del Gobierno del Estado de México, motivó reproches del Centro de Derechos Humanos José Agustín Pro en contra de la abogada jalisciense María Guadalupe Morfín Otero, ex titular de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).

La abogada Morfín Otero fue titular de la Fevimtra del viernes 1 de febrero del 2008 al lunes 31 de agosto del 2009. Los hechos por los cuales se le censura ocurrieron el miércoles 3 y el jueves 4 de mayo del 2006.

María Guadalupe, quien aspira a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señala que desde que asumió su cargo tuvo que reconstruir la investigación del caso y establecer comunicación con las mujeres afectadas.

En documento enviado a esta columna, dice textual: "Recibí en las oficinas de la Fevimtra, con otras personas de mi equipo, a seis de las mujeres víctimas, y otras dos compañeras suyas, la mañana del 29 de abril del 2008. A lo largo del 2008 y del 2009 se realizaron diversas diligencias que faltaban, se restableció contacto con las víctimas, se buscó a 46 mujeres que padecieron estos hechos, se brindó atención a las que lo solicitaron, y se concluyó la investigación".

Explica: "A través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internaciones, de la PGR, se requirió la asistencia jurídica en materia penal a los Gobiernos de España, Chile y Alemania para recabar la declaración de cuatro mujeres (dos de España), que se vieron afectadas en los hechos. En total, se realizaron cerca de 350 diligencias".

Agrega Morfín Otero, textual: "La indagatoria arroja como resultado que hubo hechos muy probablemente constitutivos de delitos tan graves como la tortura, cometida además con la intención de lastimar la integridad de mujeres que se encontraban inermes en su condición de detenidas y trasladadas, a merced de los agentes que las vejaron y maltrataron".

Concluye María Guadalupe, textual: "De la investigación resultó que no hubo ningún agente federal como probable responsable de los delitos de maltrato o tortura con violencia sexual en el traslado de las mujeres al penal de Santiaguito, que es el tramo en el que las denunciantes reportaron los abusos de que fueron objeto. En ese tramo, las mujeres detenidas estuvieron únicamente a disposición de agentes estatales".

Recapitula Morfín Otero, textual: "La justicia en Atenco, en relación con las mujeres, tiene que incluir la consignación y castigo de quienes las agraviaron, y fórmulas de reparación del daño que garanticen la no repetición de los hechos que vulneran los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. De lo contrario, la impunidad permitiría la reproducción de tales hechos violatorios de derechos humanos por parte de agentes del Estado".

Expresa un deseo, textual. "A mí me gustaría que la justicia se emparejara, es decir, que además del castigo de los agentes que lastimaron a las mujeres, los presos por los hechos de Atenco no tuvieran que padecer las exorbitantes sentencias condenatorias que han recibido y pudieran compurgar sus penas privativas de libertad en términos más humanos, y en prisiones que no fueran de alta seguridad".


pedromellado@gmail.com

Pedro Mellado
24 Sep. 09

Un fuerte obstáculo enfrentará la abogada jalisciense María Guadalupe Morfín Otero, en su propósito de alcanzar la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), debido a los reproches y cuestionamientos que le hace el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), sobre su desempeño como titular de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), a la que renunció el pasado lunes 31 de agosto.

En su sitio oficial de Internet, el Centro Prodh advierte textual: "El día de hoy tenemos Alerta Azul porque la manera en que el Estado Mexicano ha abordado el tema de la tortura sexual durante el operativo policiaco en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo del 2006, demuestra su desinterés en la reivindicación de las víctimas".

Agrega, textual: "En el contexto de la próxima elección de titulares para las comisiones nacional y del DF esta situación resulta preocupante, especialmente porque la ex titular de la Fevimtra, Guadalupe Morfín, aspira a ser la nueva Ombudsman aún cuando no solucionó este grave problema".

Una "Alerta Azul", precisa el mismo Centro Prodh, "nos habla de una situación en la que no hay hechos o situaciones notoriamente graves, pero sí declaraciones o inacciones que llaman a mantenerse atentos".

En un comunicado dado a conocer el pasado martes 22 de septiembre, el Centro Prodh advierte, textual: "En días pasados, abogados del Centro Prodh, coadyuvante de las investigaciones, comparecieron ante las oficinas de la Fevimtra donde se les notificó una determinación de fecha 13 de julio del 2009 en el sentido de que la fiscal, María Guadalupe Morfín Otero, previa revisión, análisis y estudio de las investigaciones, autorizaba el acuerdo de declinatoria de competencia, por encontrarse apegado a derecho, a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para que continúe las investigaciones".

El Centro Prodh agrega, textual: "Dicha determinación se fundamenta supuestamente en que, a pesar de encontrarse sin duda ante la presencia de actos violentos cometidos contra mujeres, la fiscalía no tiene competencia para conocer de las investigaciones en razón de que fueron delitos de competencia estatal, es decir, cometidos en el Estado de México y por agentes estatales, por lo que no se surte la competencia en razón del territorio ni en razón del fuero".

El Centro Prodh reprocha, textual: "La declinación de competencia por parte de la Fiscalía representa un retroceso en la búsqueda de justicia para las mujeres de Atenco, ya que al haber tenido por probada la existencia de violaciones a derechos humanos y encontrar como presuntos responsables a al menos 30 elementos de las fuerzas de seguridad del Estado de México, debió haber consignado ante un juez competente para que procediera a librar las ordenes de aprehensión y permitir a las denunciantes el acceso a la justicia ante los tribunales".

Concluye el Centro Prodh, textual: "La investigación realizada por la Fevimtra ha perpetuado la impunidad y se ha tornado en un recurso inefectivo para las denunciantes".

El Centro Prodh anuncia que presentará el caso de los abusos contra las mujeres de San Salvador Atenco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En la dirección electrónica http://centroprodh.org.mx/sididh2008/ puede usted leer completo el documento referido. Mañana tendremos las razones de María Guadalupe.


pedromellado@gmail.com

Alberto Osorio Méndez
Proceso.com.mx
Una encuesta interinstitucional realizada a los agentes de los seis municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara revela que esos cuerpos de seguridad de Jalisco, sobre todo los policías estatales -los de uniforme negro- desarrollan su quehacer profesional en condiciones precarias. El investigador de la UdeG Marcos Pablo Moloeznick, quien participó en ese estudio, sostiene que es urgente estructurar el esquema de seguridad pública para que los agentes estatales funjan sólo como fuerza intermedia, pero nunca como una corporación de segunda.
Con sueldos 50% por debajo de los que perciben sus pares de Guadalajara y Zapopan, los uniformados de la Policía Preventiva estatal no sólo parecen "de segunda", sino que son los principales blancos de los atentados de la delincuencia organizada.
En los dos años recientes, por ejemplo, fueron ejecutados 14 de ellos. El domingo 13, dos patrullas de agentes estatales fueron atacadas con granadas de fragmentación al lado de la discoteca Christine, el centro nocturno que fue escenario de una balacera protagonizada entre los Arellano Félix, del cártel de Tijuana, y los aliados de Joaquín El Chapo Guzmán en 1992, en las inmediaciones del hotel Crystal, en Puerto Vallarta, lo que refleja la magnitud de las agresiones en la entidad.
En contraste con esas 14 bajas, los policías caídos en Guadalajara, el municipio donde se concentra el mayor cuerpo de seguridad -3 mil 200 elementos-, sólo fueron cuatro; en Zapopan, la segunda ciudad más importante de Jalisco, sólo se reportó el fallecimiento de uno de los mil 760 integrantes de la corporación.
Tras el atentado del domingo 13, el secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, declaró a los medios locales que sus elementos están en la "mira". Según él, las bandas del crimen organizado "quieren ablandar a la Policía estatal ("los negros"); quieren que se relaje el patrullaje para actuar con toda impunidad".
Marcos Pablo Moloeznick, investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), considera que el atentado de Vallarta muestra la vulnerabilidad de los uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco (SSP).
Y explica que, en comparación con los de Zapopan y Guadalajara, cuyos sueldos no han dejado de elevarse durante los últimos 22 años (Proceso Jalisco 252), los de sus pares estatales son de apenas la mitad.
Mientras en Guadalajara cada gendarme recibe 10 mil pesos al mes y el de Zapopan 9 mil 500 al mes, al estatal sólo se le paga 5 mil pesos, de acuerdo con los deudos de los policías acribillados el 28 de agosto último. Martha Ramírez, viuda de Mario Rojas Vaca, uno de los estatales acribillados por supuestos sicarios de Los Zetas, en Colotlán, dijo a este reportero que su esposo apenas ganaba 5 mil pesos al mes. Fue ella la que reclamó al secretario de Seguridad, Luis Carlos Nájera, en la ceremonia luctuosa del 29 de agosto los bajos sueldos para los policías.
Según Moloeznick, en cuanto a equipo de fuerza, la Policía Estatal Preventiva comparte el segundo lugar con la de Zapopan, después de la de Guadalajara. Y añade que además del elevado número de bajas, en la corporación estatal se han registrado homicidios y atentados aparatosos con armas de alto poder e incluso con granadas de fragmentación.
El académico considera pertinente que los estatales dejen de operar en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Explica: "Sólo debería quedarse una pequeña fuerza de la Policía Preventiva estatal como responsable de instalaciones estratégicas como los edificios de Palacio de Gobierno, Supremo Tribunal de Justicia y Congreso del Estado".
Tan sólo con la suma aritmética de Zapopan y Guadalajara, estos dos municipios contabilizan cerca de 5 mil policías, más de 100% de lo que actualmente tiene como base operativa la Secretaría de Seguridad estatal.
Moloeznick manifiesta también que existe un bajo número de elementos en la Dirección de Seguridad Pública del Estado.
E insiste: "La policía estatal debería ser una fuerza intermedia, similar a la Gendarmería Nacional de Francia o a la Guardia Nacional de España, que sólo intervendría cuando las corporaciones municipales fueran rebasadas. Con ello se evitaría también llamar al Ejército. Además, por tradición, ese es el perfil que tienen los policías que portan un uniforme negro que lo diferencia del resto de los policías municipales".
Aclara incluso que a la policía estatal se le reconoce en Jalisco su trabajo en el medio rural, en zonas despobladas y las vías de comunicación que no son carreteras federales o no están bajo la jurisdicción de la Policía Federal Preventiva (PFP).
"Justicia barómetro"
El investigador de la UdeG señala que, pese a que los gendarmes municipales de Guadalajara y Zapopan están en condiciones menos precarias que los estatales, el estudio Justicia barómetro, efectuado recientemente a partir de una encuesta a los seis cuerpos de seguridad de la ZMG -Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco- detectó los problemas en las direcciones de Seguridad Pública que se resumen en dos cuestiones fundamentales: bajos sueldos y un déficit en las prestaciones sociales.
En esta misma encuesta, en la que participaron los seis ayuntamientos mencionados, así como la UdeG y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), se menciona que la Dirección de Seguridad Pública no los provee de uniformes.
Las carencias, agrega, Moloeznick, quien formó parte del grupo de investigadores, afectan por igual a los policías estatales y a las demás corporaciones. Así mismo, reconoce que los uniformados son los primeros en sufrir violación a sus derechos humanos y laborales, cita la poca atención a labores de capacitación y actualización.
Un dato resalta en Justicia barómetro: los constantes ataques contra la policía estatal dejan en evidencia la falta de un sistema de inteligencia entre las corporaciones. "Tú no puedes mandar a los elementos a patrullar si antes no tienes operando un sistema de inteligencia y de comunicación".
Menciona también los factores cualitativos no materiales para explicar la razón por la cual se elevó el número de bajas de policías estatales:
"Ausencia de un modelo policial, déficit de sistemas de inteligencia y contrainteligencia (información anticipada), problemas en los esquemas de comando, control y comunicaciones (CCC), bajos salarios, problemas de salud física y mental, y turnos extenuantes e inhumanos de servicio."
De acuerdo con los números proporcionados por el propio gobierno de Jalisco en su portal electrónico, la Seguridad Pública se lleva más de 3% del presupuesto. En la partida de egresos de este año, por ejemplo, según la Secretaría de Finanzas, a Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social se le asignaron 18 millones 690 mil pesos para viáticos.
De esa cantidad, la Dirección de Seguridad Pública tiene asignados 9 millones 481 mil pesos. Testimonios recogidos por Proceso Jalisco indican que los policías rurales tienen problemas para cubrir sus gastos de comidas y hospedaje cuando realizan sus patrullajes fuera de la ZMG. Con frecuencia, dicen, las presidencias municipales son las que sufragan sus gastos de alimentación; alguna vez incluso los proveyeron de armas y parque.
Los agentes entrevistados se quejan también de que en algunos hoteles contratados por sus jefes se les confina a un área aledaña a la cocina para que ingieran sus alimentos. El propósito, arguyen, es que no se mezclen con los demás huéspedes.
Según la información del gobierno de Jalisco, el de Seguridad es el sexto rubro más importante y se le destinan 2 mil 349 millones de pesos. No obstante, el investigador Marcos Pablo Moloeznick asegura que es urgente rediseñar la políticas públicas en este rubro, que incluya una valoración del tipo de servicio que deben prestar a la ciudadanía los llamados policías estatales.

Julio Alejandro Ríos

GUADALAJARA, Jal., 22 de septiembre. (apro).- En su primer informe sobre desarrollo humano en Jalisco, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló que el nivel de vida en los municipios de la entidad ha empeorado y la impartición de justicia es cada vez más deficiente.

De acuerdo con el texto, presentado hoy en el Centro de la Amistad Internacional de esta ciudad, la desigualdad socioeconómica se ha agudizado en Jalisco durante los últimos cinco años, y a nivel nacional ubica al estado en el lugar 15 en lo que se refiere a la calidad de sus jueces, y en el sitio 11 en cuanto a eficiencia en la ejecución de sentencias.

Además, señala que el Congreso local es el segundo más caro del país y el menos productivo, dado que sólo trabaja 150 días al año.

El informe registra los niveles de desarrollo humano a partir de indicadores de salud, educación e ingreso, así como efectividad en la aplicación de recursos. La suma de todos ellos compone el Índice de Desarrollo Humano (IDH), y sólo uno de cada tres municipios en Jalisco tiene un IDH mayor a 8.0, según el PNUD.

Así mismo, resalta que la desigualdad de desarrollo entre municipios es alta y sigue creciendo. Por ejemplo, la brecha entre Mezquitic y Zapopan es de 58 puntos porcentuales, y menciona que los cinco con mayor nivel de desarrollo humano son Guadalajara, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande, Tlaquepaque y Zapopan.

En contraparte, los cinco con menor nivel de desarrollo son Mezquitic, Bolaños, Cuautitlán de García Barragán, Santa María del Oro y Chimaltitán.

El 70 % de los municipios jaliscienses alcanzaron un IDH medio (entre 0.50 y 0.79), mientras que el 30 % restante obtuvo IDH alto. Y Jalisco ocupa el octavo sitio entre las 32 entidades del país, según el Índice Compuesto de Capacidades Institucionales Municipales (ICCIM).

Al acto en el que fue presentado el informe del PNUD asistieron, entre otros, Magdy Martínez-Solimán, representante residente del organismo en México; el gobernador jalisciense, Emilio González; el académico José Woldenberg, y el coordinador y editor del informe, David Gómez Álvarez.

Yoani Sánchez
Generación Y

Mañana amanecerá como cada lunes. El peso convertible seguirá por las nubes, Adolfo y sus colegas tendrán otro día tras las rejas en la prisión de Canaleta, mi hijo escuchará en la escuela que el socialismo es la única opción para el país y en los aeropuertos nos seguirán pidiendo un permiso para salir de la Isla. El concierto de Juanes no habrá cambiado significativamente nuestra vida, pero tampoco fui a la Plaza con esa ilusión. Sería injusto exigirle al joven cantante colombiano que impulse aquellos cambios que nosotros mismos no hemos logrado hacer, a pesar de desearlos tanto.

Estuve en aquella explanada para comprobar cuán diferente puede ser un mismo espacio cuando alberga concentraciones organizadas desde arriba o cuando cobija a un grupo de personas necesitada de bailar, cantar e interactuar, sin la política de por medio. Fue una experiencia rara estar allí, sin gritar una consigna y sin tener que aplaudir mecánicamente cuando el tono del discurso apuntaba que era el momento de ovacionar. Claro que algunos elementos sí se parecían a los de cualquier marcha por el primero de mayo, especialmente la proporción de policías vestidos de civil dentro del público.

Ciertos detalles técnicos resultaron incómodos. El audio no se escuchaba bien, la pequeña pantalla que reproducía lo que ocurría sobre el escenario no se veía en la distancia y la hora elegida era inhumana, por coincidir con los peores momentos del sol. Por suerte se nubló después de las cuatro y los que estaban atrincherados debajo de los pocos árboles se lanzaron a bailar con Orishas. Son detalles a superar en la próxima presentación que hará Juanes en Cuba, esa donde no abundarán las fallas técnicas y en la que sí podrán cantar los excluidos de esta tarde.

Si vemos la presentación de este 20 de septiembre como el ensayo general del concierto que algún día tendremos, entonces hay que felicitar a los que participaron. Incluso si no hubiera otra y la Plaza retomara sus solemnidad y su grisura, al menos esta tarde de domingo vivimos algo diferente. En un sitio donde se ha sembrado sistemáticamente la división entre nosotros, Juanes –al caer el sol- ha gritado “¡Por una sola familia cubana!”

Julio Alejandro Ríos

Proceso Jalisco

En Jalisco, los tiempos y los cargos legislativos de
la bancada del PRI los define la dirigente nacional
de este partido: Beatriz Paredes Rangel, sostienen

priistas consultados por Proceso Jalisco. Incluso
aseguran que ahora la rebatinga se centra en el
nombramiento del coordinador de los diputados de
ese partido, que vuelve a tener mayoría después
de 15 años.

El sueño de contar con un presupuesto superior a 620 millones de pesos, así como el control de posiciones clave en el organigrama del Congreso local, desató una lucha soterrada entre los legisladores del PRI por la coordinación de su bancada que, a partir de febrero próximo, será la más numerosa de los últimos tres lustros en el inmueble de avenida Hidalgo.
Y en ese afán recurren a todo: algunos preparan sus mejores cartas, otros renuevan sus alianzas, movilizan a sus operadores y buscan cohesionar sus liderazgos internos y con los de los demás partidos. Los hay también que se entrevistan con los jeques formales y morales, incluso hacen antesala para reunirse con el presidente estatal, Rafael González Pimienta; otros se preocupan más por recibir la bendición del líder del Grupo Universidad, Raúl Padilla López, quien distribuyó a buena parte de sus alfiles en el tricolor.
Ante los medios, los aspirantes Salvador Barajas del Toro, Roberto Antonio Marrufo Torres, Jesús Casillas Romero y Carlos Alberto Briseño Becerra, quien recién se incorporó a la carrera, sonríen y hablan de unidad, pero en el interior del partido la disputa ya arrancó.

(Un adelanto del reportaje Al compás de su lideresa, que circula esta semana en Proceso Jalisco)