Semanario Voces

Felipe Cobián Rosales

Fuente: proceso.com.mx

GUADALAJARA, Jal., 22 de mayo (apro).- A dos días del décimo sexto aniversario del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el arzobispo Juan Sandoval Iñiguez confiesa que se siente perseguido y sólo en la búsqueda de justicia por la ejecución de quien fuera Arzobispo de esta ciudad.
En mayo de 1993, Posadas Ocampo fue ametrallado en el aeropuerto internacional "Miguel Hidalgo" por presuntos sicarios del narcotráfico, aunque la convicción de su sucesor ha sido, a lo largo de ese tiempo, que se trató de un "homicidio de Estado".
Junto con el prelado fueron ejecutados aquella tarde del lunes 24 otras seis personas, testigos directos de los hechos, entre ellos, su chofer.
En declaraciones al órgano de la mitra metropolitana, el Semanario Arquidiocesano, el controvertido cardenal Sandoval Iñiguez asegura que su labor al frente de esta grey "ha sido difícil porque he enfrentado una persecución por parte de quienes participaron en el crimen, a veces abierta y otras solapada.
"De parte de la sociedad en Jalisco he encontrado un silencio sepulcral; no sé si calificarlo como un silencio cómplice. Algunos jaliscienses hablan, pero ante los medios, en público, hacen como que no pasó nada", sostiene el pastor católico.
Adelantó Sandoval Iñiguez que la misma que celebrará el domingo a las seis de la tarde en la catedral metropolitana será por el eterno descanso de su antecesor y también "por que se esclarezca la verdad. No hemos de cejar en el empeño de que la verdad sea dicha", y pidió a la feligresía que exija que se diga la verdad de los hechos de manera oficial.
Esta no es la primera ocasión que el cardenal Sandoval se queja de persecución y presiones.
Desde que asumió el arzobispado local hace cerca de quince años, él mismo y diferentes sacerdotes diocesanos han denunciado amenazas de secuestro y muerte contra el arzobispo.
Sandoval mismo declaró haber sufrido un intento de envenenamiento hace más de diez años, cuando en una comida con funcionarios y políticos priistas en la Ciudad de México le dieron un tequila, "que no era tequila" --señalaría meses después--, y horas después se empezó a sentir enfermo. Regresó rápido a Guadalajara y al llegar fue hospitalizado de emergencia en el sanatorio Santa Margarita, donde hubieron de extirparle gran parte de su intestino.

"Bravuconadas de Carpizo"
En entrevista a principios de abril de aquel año (1999), luego de tener conocimiento –a través de otro obispo-- de algunas amenazas de muerte, el purpurado, reacio al principio, espetó sin darle mayor importancia al asunto:
"Son puras bravuconadas de (Jorge) Carpizo", quien fuera procurador y secretario de Gobernación de Carlos Salinas de Gortari.
Cinco años después, Proceso Jalisco (edición 71) obtuvo copia de la declaración ministerial de un amigo de la infancia de Posadas Ocampo, Ignacio Flores Ruiz, en la que narra detalladamente que tres semanas antes de su muerte, el arzobispo tapatío asistió a una reunión en Los Pinos "en la que le hicieron proposiciones indecorosas" para que no interfiriera en el trasiego "de prostitución y otras cosas", concretamente en el corredor Guadalajara-Tijuana, pues Posadas estaría dispuesto a hacer público lo que estaba ocurriendo en las esferas más altas.
Asegura que cuando el arzobispo les dijo que ni él ni la Iglesia se prestarían a eso, se paró dando un manotazo sobre la mesa en torno de la cual estaban reunidos, aparte del presidente Salinas de Gortari, Luis Donaldo Colosio, Manuel Camacho y José Córdoba Montoya, y salió enojado, por lo que el último le dio un portazo.
Flores Ruiz dice que escuchó esa versión del propio Posadas Ocampo en la residencia de este último en Tlaquepaque, pocos días después de aquel agrio encuentro, concretamente el 5 de mayo de 1993.
En su declaración ante el Ministerio Público Federal y la comisión interinstitucional creada para investigar el caso, Flores Ruiz dijo, casi 13 años después del múltiple homicidio en el aeropuerto, que luego de la propuesta indecorosa al pastor y su tajante rechazo, Posadas Ocampo le confesó que Córdoba Montoya "casi me quería cachetear, pues se sentía muy ofendido de mi actuación. Cogió la puerta y me la aventó detrás de mí".
Horas antes que le confiara todo esto, el cardenal había asistido a una comida en la Casa Jalisco –la residencia oficial-- a invitación del entonces gobernador interino Carlos Rivera Aceves.
Según las actuaciones, Rivera Aceves habría sido el conducto oficial para darle una última advertencia al cardenal, al que, a su regreso de la comida, vio "muy preocupado".
Y detalló que ese estado de ánimo "se derivaba de una amenaza o ultimátum por medio del gobernador de Jalisco al señor cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo; que esto lo refiere ya que el cardenal le confió lo antes mencionado".

La matanza
Diecinueve días después, cerca de las 15:35 horas, cuando Posadas se aprestaba a bajar de su auto para que su chofer fuera a estacionarlo, varios sujetos armados con rifles de alto poder rodearon el vehículo, le jalaron la portezuela y abrieron fuego, acertándole 14 tiros a una distancia –según el Servicio Médico Forense-- de no más de un metro.
A metros de distancia, en el mismo estacionamiento del aeropuerto, se habían apostado, desde temprana hora, varias camionetas con armas de grueso calibre y chalecos con los emblemas de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Ejército.
Minutos después de la ejecución, desaparecieron de la terminal aérea agentes de la Policía Judicial Federal y guardias privados. Pasaron cerca de cuatro horas para que las siete víctimas, incluido el cardenal, fueran levantados.
El aeropuerto se cerró durante todo ese tiempo y sólo pudo salir –luego de la masacre-- un vuelo de Aeroméxico con destino a Tijuana en el que, después se sabría, huyeron los pistoleros.
Esos y otros hechos han hecho decir a la Iglesia católica mexicana y, en especial a Sandoval Iñiguez, que se trató de un "crimen de Estado".
De Salinas a la fecha, ningún titular de la PGR –incluidos los panistas Antonio Lozano Gracia, en el sexenio de Ernesto Zedillo, y Rafael Macedo de la Concha, ya con Vicente Fox— han aceptado tal versión y se sostienen en que la muerte de Posadas Ocampo fue "accidental"; que se debió a que estaba en el lugar equivocado cuando se suscitó una balacera entre dos bandas de narcos, al cruzarse, o que fue confundido con uno de ellos.
No obstante, viajeros y familiares que fueron testigos de los hechos y que fueron entrevistados poco después de lo ocurrido, manifestaron desconocer algún enfrentamiento a tiros.
Un testigo –estudiante entonces del ITESO-- declaró a este reportero que cuando llegó el cardenal los sicarios "fueron directo al Grand Marquis; uno de ellos jaloneó la puerta del lado derecho y, mientras disparaba a bocajarro, la sostenía con su propio hombro".

VíCTOR M. LóPEZ ÁLVARO
Fuente: Proceso.com.mx
El director operativo de la policía de Guadalajara, José Ornelas Morales, salió en defensa de los uniformados Luis Fernando Martínez y Javier Rogelio Delgado, implicados en la detención arbitraria del reportero gráfico de este semanario Rafael del Río.
En el oficio 16544/2009, que entregó a la Comisión edilicia de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, el jefe policiaco reproduce la versión de Martínez y Delgado.
Según él, el pasado 26 de abril, "al momento en que el C. Rafael de Río se interpuso (para impedir que los policías detuvieran al joven Jordao Carlos Vázquez), indicándole en varias ocasiones que se retirara para poder realizar (el arresto), haciendo caso omiso (Del Río) sacó una cámara fotográfica y les dijo que el detenido era su familiar y que no sabían con quien se estaban metiendo".
Eso fue lo que motivó la detención del reportero gráfico, señala Ornelas Morales. Y agrega que ese hecho fue supervisado por Claudio Damián Olguín Flores, segundo comandante de la zona uno, que corresponde al centro de la ciudad. Éste, a su vez, según el directivo, "manifiesta que Del Río se interpuso insistentemente entre el detenido y la unidad y les hizo mención que era reportero (sin acreditarse como tal)".
Ornelas Morales también asegura que Olguín Flores le "explicó" que Del Río fue arrestado y remitido a las instalaciones de los juzgados municipales "por su actuar", que constituyó "una falta administrativa que se contempla en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno de este municipio".
Ornelas agrega que el reportero gráfico de Proceso Jalisco incurrió en una falta administrativa tipificada en el artículo 15, fracción X en la cual habla de que se sancionará a quien impida, dificulte o entorpezca la correcta prestación de los servicios públicos municipales.
Sin embargo, su versión contradice la de Jorge Eduardo Montiel González, jefe de Comunicación Social de la Policía de Guadalajara, quien declaró que el fotógrafo fue detenido "por oponer resistencia o desacatar un mandato legítimo de la autoridad municipal", según el artículo 13 del mismo reglamento. De hecho en el recibo oficial que expidió el ayuntamiento de Guadalajara se invoca este mismo artículo.

Más comparecencias

Del Río ya presentó su queja ante la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Tapatía y ante la primera visitaduría de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que encabeza César Alejandro Orozco. La querella quedó radicada con el número 5388/2009/I.
En entrevista con este semanario, Orozco afirma que una de las líneas de investigación se enfoca a la violación al derecho a la libertad de expresión.
Así mismo, Del Río fue invitado por el regidor Salvador Caro Cabrera, también presidente de la Comisión edilicia de Derechos Humanos del ayuntamiento de Guadalajara, para que narrara los atropellos que sufrió. El agraviado relató su caso en la sesión del martes 19, en la que estuvo presente Luis Roberto Dávila Sánchez, director de Asuntos Internos y Jurídicos de la comuna.
En esa ocasión, Del Río expuso que nadie lo asistió ni le informó el motivo de su arresto ni su permanencia por más de cuatro horas en las "jaulas o perreras" en las que la corporación encierra a los detenidos.
En su comparecencia ante la Comisión edilicia de Derechos Humanos, Del Río comprobó que no obstaculizó la labor policial como lo asegura José Ornelas Morales, director operativo de la Policía de Guadalajara.

Julio Alejandro Ríos *

Luego de que varios activistas tapatíos, encabezados por Margarita Sierra empezaron a promover en Jalisco la campaña “Anulo mi Voto”, al principio esta cruzada me pareció una idea lógica. Pero luego de algunas consideraciones, no lo es tanto.

Quienes impulsan esta estrategia proponen que el desencanto de la ciudadanía quede plasmado en votos anulados intencionalmente. La idea es que sean tantas boletas invalidadas que los políticos queden impactados con el grado de desilusión de los electores. A primera vista, parece que no tiene diferencia con el abstencionismo, pero los promotores de la campaña argumentan que al no acudir a votar no quedará indicio alguno del sentir social. En cambio al anularlo, queda la prueba fehaciente del descontento. Por lo tanto, sostienen, esta una medida de presión para que los políticos abran los ojos y se den cuenta que han equivocado el camino durante décadas.

Hasta ahí, esta campaña que presentaron ayer en aquí en Guadalajara Bernardo Jaén, Gabriel Torres González y Carlos Paez suena interesante. Y más cuando informan que también en otras urbes como el Distrito Federal, Puebla, y Ensenada, la campaña anulatoria suma más adeptos día a día.

No obstante hay algunos bemoles. El anular el voto beneficia siempre al partido en el poder. Durante casi todo el siglo XX, el Partido Revolucionario Institucional mantuvo el férreo control de un inmenso voto duro. Cuando la gente se abstenía o anulaba su voto -al votar por Cantinflas, por ejemplo-, las cosas permanecían igual. Y es que aunque el famoso cómico acumulaba más sufragios que los candidatos oficiales, de nada servía. El ganador seguía siendo el partido en el poder: aquel totalitario PRI.

Ahora sucede algo similar y más en Jalisco. Durante 14 años los jeques del Partido Acción Nacional aprendieron rápido de los tricolores y amasaron un botín electoral construyendo una sólida base de voto duro. Anular el sufragio solamente beneficiaría al partido en el poder. En este caso, al PAN. Es decir: todo permanecería igual.

En todo caso, millones de ciudadanos estamos de acuerdo en que ninguno de los partidos políticos no son una opción real. Estoy convencido de que la “partidocracia” ya caducó. Debemos de revolucionar y buscar otro esquema de democracia real, porque en las condiciones actuales no votamos por quien realmente queremos, sino que tenemos que elegir al “menos peor” de entre las limitadas opciones que nos ponen en la boleta.

No es necesario anular el voto para que los candidatos de den cuenta de el rechazo y el desencanto. Ellos ya se están dando cuenta del repudio social con el transcurso natural de las campañas. La gente no les abre la puerta ni baja la ventanilla del coche para recibir el tríptico. Y siendo sinceros, preguntémonos: ¿Cuánto le dolería esta medida de presión a los políticos? La respuesta es sencilla: nada. Ni un ápice. Su cinismo es para dejar atónito al más incrédulo.

En todo caso si el ciudadano no se ve atraído por ninguno de los partidos “grandes”, lo mejor para restarles poder es votar por alguno de los pequeños, o elegir colores distintos para cada uno de los puestos. De ese modo, vamos creando contrapesos, que aunque de momento no parecieran tan indefectibles, ciertamente si abonan a una cultura de la pluralidad, que debe ser la base de cualquier democracia moderna. Propiciaría que en los cabildos o en los congresos lleguen diferentes voces de las minorías, que tristemente son las más olvidadas por nuestro perverso sistema político.

No creo que quienes promueven la campaña “Anulo mi Voto” estén mal intencionados. Pero también estoy convencido que este no es el camino ni la solución.

* Reportero de la fuente política, en Proceso Jalisco