Semanario Voces

DENISE DRESSERproceso.com.mx
Porque:
1. Los votos convencionales construirán gobiernos estatales, ayuntamientos, Congresos locales, Jefaturas Delegacionales, Asamblea Legislativa y una Cámara de Diputados que no tendrán el menor incentivo para rendir cuentas.
2. Los votos nulos cuentan como mecanismo de protesta, sobre todo si se levanta una encuesta de salida –como ha sugerido Federico Reyes Heroles– en la cual se puedan enlistar los motivos de la insatisfacción.
3. Los sufragios cuentan desde hace muy poco, en efecto, pero esa no es razón suficiente para argumentar que el sistema electoral no puede ser mejorado usando la anulación como forma de presión. Sin duda, es mejor que los votos cuenten, porque en el pasado no era así, pero sería mejor aún que lograran producir una representación real que actualmente no existe y que la anulación busca impulsar.
4. Existen diferentes opciones, pero las diferencias ideológicas entre los partidos –a la hora de gobernar– suelen sucumbir ante la presión de los poderes fácticos, como ocurrió con la Ley Televisa, la ley de “acciones colectivas”, la iniciativa para aumentar las multas que puede cobrar la Comisión Federal de Competencia, la reforma energética que dejó sin tocar al sindicato de Pemex y tantas más.
5. Es una falacia que los partidos se diferencien notablemente a la hora de llegar al poder, sobre todo cuando la priización –el clientelismo, el corporativismo y la impunidad– afecta a todos.
6. Resulta una elaboración intelectual insostenible argumentar que la democracia electoral mexicana merece ser defendida sin las modificaciones sustanciales que aseguren la representación y la rendición de cuentas.
7. La derivación política de esa construcción intelectual recuerda a los discursos priistas en defensa de la “democracia a la mexicana”, que se reducía a la simple rotación de élites dentro del PRI. Ahora otros partidos participan en la rotación y el mecanismo se ha vuelto más competitivo, pero la falta de representación real, fundacional, persiste debido a la inexistencia de la reelección.
8. La anulación cuenta como un instrumento válido para sacudir, presionar, exigir, y empujar a la profundización democrática que los partidos tanto resisten.
9. La anulación y el voto independiente son formas de participación que se diferencian de la abstención.
10. La anulación se alimenta del humor público ante la persistencia de una democracia mal armada que funciona muy bien para sus partidos, pero que funciona muy mal para sus ciudadanos.
11. El voto nulo tendrá tantas vertientes y pulsiones como el voto “normal”; habrá quienes anularán su voto para exigir las candidaturas ciudadanas y quienes votarán por el PRI en busca de “agua y paz”, la promesa difusa de Fausto Zapata en el Distrito Federal.
12. El voto nulo expresará –en efecto– hartazgo, desencanto y malestar: el primer paso para diagnosticar lo que le falta a la democracia mexicana e impulsar los cambios indispensables.
13. El movimiento nacional en favor del voto nulo sin duda necesita articular una plataforma mínima de demandas consensuadas, que traduzcan el agravio en propuesta. Pero el agravio existe y es legítimo; basta con ver la última encuesta del periódico Reforma, en la cual el 79% de los encuestados cree que los partidos actúan siguiendo sus propios intereses. Sólo el 12% piensa que vigilan los intereses de los ciudadanos que representan.
14. Los padres y las madres del voto nulo sin duda tienen en común eso: malestar. Ese malestar que es componente fundamental de la democracia participativa, en la cual los ciudadanos se organizan para componer algo que no funciona o exigir derechos que han sido negados. Subestimar ese malestar es no entender la realidad del país.
15. Votar construye la punta del iceberg civilizatorio, pero anular el voto también lo hace. Constituye un acto de deliberación tan válido como el voto tradicional, y representa una forma de participación política pacífica, ciudadana, que bien encauzada puede contribuir a ampliar las libertades conquistadas durante las últimas décadas.
16. El mundo de la representación real aún no se logra en un país que no ata a los legisladores a las demandas y preocupaciones de los ciudadanos. Es cierto, hay más pluralidad política, pero eso no es suficiente. Y no queda claro que los ciudadanos puedan mejorar la democracia mexicana tan sólo votando, ya que las demandas pendientes son ignoradas por los partidos una vez que llegan al poder.
17. El voto ha sido un instrumento inmejorable para ampliar el ejercicio de las libertades. Pero no es el único instrumento. La política no puede ni debe depender exclusivamente de la votación por o la participación en un partido, aunque Felipe Calderón y otros crean que es así. Las democracias funcionales se nutren de muchas fuentes de participación que buscan precisamente obligar a los partidos a hacer suyas demandas que de otra manera ignorarían.
18. Y sí, los que llaman a anular el voto tendrán que organizarse más allá del 5 de julio, pero eso no significa que deberán hacerlo en un partido. Quienes sugieren eso demuestran una visión demasiado estrecha sobre el funcionamiento de la democracia.
19. El voto nulo tiene el tufo del desprecio, no a la política como actividad en sí, ya que el movimiento está haciendo política al convocar y organizar como lo hace. Lo que el voto nulo critica es la forma prevaleciente de hacer política partidista en México hoy.
20. El voto nulo no implica un acto de abandono de la plaza; de hecho, busca ocuparla en nombre de una ciudadanía a la cual se le han negado derechos que forman parte de las democracias exitosas del mundo; derechos como la capacidad de sancionar a un diputado y removerlo del poder; como las candidaturas ciudadanas, el plebiscito, el referéndum, y la revocación del mandato, entre otros.
21. Los preocupados por la vida política del país están obligados a generar diagnósticos y propuestas de reformas, fórmulas de organización, agendas que graviten sobre la toma de decisiones, mecanismos de rendición de cuentas. El problema es que los primeros en asumir esa responsabilidad deberían ser los partidos, pero no lo hacen. No tienen el menor incentivo para modificar la situación política actual. Y, precisamente por ello, el voto nulo está intentando crear una trama civil que eleve la presencia de las organizaciones y las propuestas que emergen de la sociedad.
22. Los propios partidos han incorporado a sus listas a ciudadanos no afiliados a ellos, pero eso no basta para modificar el andamiaje institucional, ni para permitir las candidaturas ciudadanas independientes que podrían airear al sistema.
23. Porque, como escribe Milan Kundera, “todo lo que es puede no ser”. Y ojalá lleguemos al momento en que lo que es deje de ser. Espero que un día nos encontremos con partidos obligados a representar ciudadanos, elecciones que sirvan para algo más que rotar élites o familiares, un Congreso plural que no se doblegue ante los poderes fácticos en cada negociación legislativa, una división de poderes real, y súmele usted…
Ahora bien, si usted quiere tachar la boleta en favor de un candidato en vez de anular su voto o de votar por “Esperanza Marchita”, hágalo. Está en su derecho. Piense, sin embargo, en que probablemente jamás volverá a ver al diputado por el cual votó porque –en este sistema democrático trunco y parcial– usted no le importa. Él o ella dirá que lo representa cuando en realidad no podrá hacerlo.

AP
El Universal
NACIONES UNIDAS Martes 30 de junio de 2009
13:36

El derrocado presidente hondureño Manuel Zelaya dijo el martes que el golpe de estado que lo destituyó fue un ''atropello que se dio por un grosero cuerpo militar'' y no quedará impune.

Minutos antes, la Asamblea General de Naciones Unidas condenó el golpe de Estado en Honduras y demandó el retorno inmediato de Zelaya al poder.

Zelaya dijo ante la Asamblea General de la ONU que los culpables ''no han de quedar impunes, han de ser fuertemente señalados para que esto no ocurra más''.

El mandatario insistió en que él aún es presidente y afirmó que las autoridades militares le tienen miedo al pueblo.

'Dénle el poder al pueblo, no le tengan miedo al pueblo'', señaló.

Zelaya fue depuesto el domingo en un golpe de Estado. Los militares hondureños le exiliaron por la fuerza en Costa Rica, pero el mandatario arribó a la capital nicaragüense la misma noche del domingo y sostiene que sigue siendo presidente de su país.

Roberto Micheletti, designado presidente provisional de Honduras por el parlamento de la nación centroamericana, dijo que resistirá las presiones externas de restaurar al mandatario depuesto.

El organismo mundial aprobó una resolución por aclamación el martes que pide a los 192 estados miembros que no reconozcan otro gobierno que el de Zelaya en Honduras. Zelaya asistió a la votación en la cámara de la asamblea, que fue festejada con aplausos sostenidos de todos los diplomáticos presentes.

Zelaya agradeció la ''histórica'' resolución que expresa ''la indignación'' de los pueblos del mundo ante el golpe.

Notimex
El Universal
Tegucigalpa Martes 30 de junio de 2009
20:07

El Ministerio Público de Honduras informó hoy que uno de los cargos por los cuales se libró orden de captura contra el derrocado presidente Manuel Zelaya Rosales es traición a la patria.

"Los requerimientos contra el presidente Zelaya son por el delito contra la forma de gobierno, abuso de autoridad, traición a la patria y usurpación de funciones", dijo en conferencia de prensa el Fiscal General del Estado, Luis Alberto Rubí.

Explicó que Zelaya Rosales desacató a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Supremo Electoral, que declararon "ilegal" una consulta promovida por el mandatario.

La consulta se iba a realizar el domingo anterior, para que el pueblo dijera "sí" o "no" a que se colocara una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre próximo.

La polémica "Cuarta Urna" era para consultar sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, que redactaría una nueva Constitución, ya que la actual prohíbe la reelección presidencial.

"Ya se había advertido del incumplimiento a lo establecido por la Constitución, cuando ya había una prohibición a realizar dicha encuesta", expresó el fiscal, aunque sin dar pormenores de las otras acusaciones como "traición a la patria" contra Zelaya.

Aseguró que la orden de captura se trasladará a la Organización Internacional de Policía Criminial (Interpol), para que esta proceda a su captura, independientemente del lugar donde se encuentre.

El fiscal también adelantó que la esposa de Zelaya Rosales, quien de inicio se iba a trasladar con sus hijos a Francia, "por su propia voluntad", viajaría finalmente a El Salvador.

La Embajada de Honduras en México destacó que diversas organizaciones internacionales han exigido la restauración de Zelaya como Presidente

Grupo Reforma

El designado Presidente de Honduras, Roberto Micheletti, advirtió que si Zelaya regresa al país será recibido con una orden de captura

AP y AFP

TEGUCIGALPA (AP) - El designado presidente de Honduras, Roberto Micheletti, afirmó que no renunciará sin importarle la creciente presión internacional para que el derrocado Manuel Zelaya sea restituido en el cargo.

En una entrevista con AP, al ser cuestionado sobre si contempla abandonar el cargo al ver el respaldo granjeado por Zelaya en la comunidad internacional, Micheletti sostuvo que "no. Fui nombrado por el Congreso que representa el pueblo hondureño. Nadie me puede obligar a renunciar si yo no cometo faltas contra las leyes del país".

Reiteró que si el depuesto gobernante regresa al país como lo tiene planeado, será capturado. Zelaya "cometió delitos contra la Constitución y las leyes. El no puede volver a ser presidente, a menos que venga un presidente de algún país de América Latina que lo imponga bajo las armas", dijo Micheletti.

El fiscal general Luis Alberto Rubí dijo en rueda de prensa que acusará a Zelaya por traición a la patria, atentar contra la forma de gobierno democrático, abuso de autoridad, usurpar funciones públicas y desobedecer la Constitución y las leyes. Agregó que le aguardan "al menos 20 años en la cárcel".

Informó que "la orden contra el ex gobernante ya la giramos a nivel internacional a manera de que sea capturado en cualquier parte del mundo donde esté".

El canciller hondureño Enrique Ortez Colindres había dicho en entrevista a CNN que los tribunales ya tienen listo el expediente para "el deslinde de responsabilidades por la violación de la constitución, en el narcotráfico, la garantía del crimen organizado, el desvío de recursos por cantidades multimillonarias".

Zelaya anunció que regresará el jueves a Tegucigalpa para recuperar el poder en compañía del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, del secretario de la Asamblea General de la ONU Miguel d'Escoto y los presidentes Cristina Fernández de Argentina y Rafael Correa de Ecuador.

"No voy a realizar una asamblea constitucional. Y si se me ofreciera la posibilidad de mantenerme en el poder, no lo haría. Voy a cumplir con mis cuatro años. Voy a luchar para que se respeten los cuatro años porque es parte de nuestras leyes", dijo Zelaya en una rueda de prensa en la sede de las Naciones Unidas.

"Cumpliré mi mandato hasta el 27 de enero. No hay posibilidad de reelección", añadió.

Aunque ahora parece que Zelaya desistió de promover una reforma constitucional, Micheletti aclaró que de todas maneras ya quebrantó la ley y por ello no puede evitar ser arrestado.

Miles de manifestantes vestidos de blanco se concentraron el martes en la plaza central de la capital para apoyar al mandatario designado.

La casa presidencial, cuyos alrededores fueron escenario la víspera de fuertes enfrentamientos entre seguidores de Zelaya y las fuerzas armadas y de seguridad que dejaron decenas de heridos, lucía desierta con todos los accesos bajo control de más de 500 soldados y policías.

Pero miles de simpatizantes de Zelaya acudieron al lugar brevemente para exigir la restitución del derrocado gobernante. Después se retiraron sin causar nuevos disturbios.

"Hemos hecho un llamado a nuestros seguidores a que evitemos confrontar con los cuerpos represivos", dijo a la AP Luis Sosa, miembro del Frente de Resistencia Popular".

"Nuestro objetivo es mantenernos en resistencia esperando que el presidente Zelaya regrese al país acompañado de una fuerza de paz", agregó.

La policía dijo en un comunicado que detuvo brevemente y ordenó que camiones que intentaban ingresar a la capital con simpatizantes de Zelaya para sumarse a las protestas contra el nuevo gobierno regresaran a Juticalpa, a unos 160 kilómetros al este de Tegucigalpa.

Los manifestantes a favor del nuevo gobierno se congregaron el martes en el Parque Central portando camisetas con el lema: "Queremos Paz y Democracia". La radioemisora local HRN dijo que una concentración similar se realiza en San Pedro Sula, la segunda ciudad del país y a unos 200 kilómetros al norte de Tegucigalpa.

Micheletti dijo durante la concentración en la capital: "demos gracias a Dios por haber permitido que la democracia no se interrumpiera en nuestra patria... y los héroes de esta jornada democrática son los militares".

En la multitudinaria concentración fue vitoreado el jefe del Estado mayor Conjunto de las fuerzas armadas, general Romeo Vásquez, quien acompañó a Micheletti.

El mandatario designado informó que el miércoles enviará a congresistas, diplomáticos, empresarios y líderes del magisterio a Washington para explicar la crisis que vive el país y dijo que espera "recuperar la confianza" de la comunidad internacional.

Dijo que la delegación intentará "demostrar a la comunidad internacional la ilegalidad que rodea al ex presidente" y buscará reconocimiento internacional al gobierno erigido en Tegucigalpa.

La Jornada Jalisco

EDUARDO REYES LARA*

Con la reforma electoral de 2007, la clase política ha querido recuperar esa capacidad perdida de gobernar y, sobre todo, consolidar un régimen que le garantice la repartición del poder público. Para nadie es ajeno que la reforma electoral de 2007-2008 fue producto de la coyuntura política que entonces enfrentaba el país después de la controvertida elección presidencial de 2006. La experiencia de aquella elección marcó el rumbo para los partidos y, posteriormente, para los legisladores, de tal suerte que hubo una buena dosis de revancha y oportunismo, pero especialmente un cálculo que permita fortalecer los privilegios y recursos de los partidos políticos.

Históricamente, las reformas electorales parten de los contextos en que son hechas, pero fundamentalmente previenen escenarios posibles y modifican las normas para fortalecerse y reproducirse. Por ejemplo, el PRI diseñó la reforma para preparase para cuando fuera un partido en oposición, en el contexto de 1994, el PRI sabía que ya no iba a lograr un 60% de votos, pero si ellos no eran capaces de hacerlo, entonces el resto de los partidos estaba aún más distante de poder conseguirlo; logró entonces que la cláusula de gobernabilidad no fuera utilizada por sus contrincantes electorales, si pensaban en que llegaría pronto la pérdida del poder, prepararon el regreso, y la cláusula permitió, paradójicamente, que el PRI perdiera la elección por la Presidencia pero se convertiría en la primera mayoría legislativa, y en ese caso, regresar con un partido que tuvo mayoría en el Congreso es regresar como un partido opositor reforzado. El PRI preparó su terreno para cuando fuera el partido en la oposición y cuenta con opciones para su regreso al poder; es decir, el escenario previsto por el PRI fue que, si el PRI ganaba en un estado, se le otorgan tres senadores; pero si pierde, se llevaría un escaño, así el partido nunca ha perdido totalmente el poder. O bien, en julio de 1994 se reformó el artículo 82 de la Constitución, permitiendo que años después Vicente Fox llegara a la Presidencia de la República, modificación que tuvo la anuencia del PAN. Muchos casos más se pueden argumentar, en especial en materia de seguridad pública, militarización, criminalización de la protesta, recursos hídricos, acceso a información pública, etcétera.

Las reformas parten de escenarios previstos por la clase política con la única intención de mantenerse y fortalecerse en el poder, sus privilegios o, en caso de perderlo, asegurar su regreso. Con la última reforma electoral, los partidos con mayor votación, el PAN, el PRI y el PRD, ponen reglas distintas para competir entre ellos y especialmente ponen en juego el principal capital del resto de los partidos: el registro, y modifican las fórmulas de asignación de recursos públicos. Es así como podemos entender por qué se terminaron las alianzas partidistas, los conflictos dentro del PRD y con los partidos con los que compitió en las últimas elecciones, las campañas pro abstencionistas o las que invitan a anular el voto.

Asumo que la anulación del voto es, por mucho, justificada y ganada a pulso por la clase política después de su desastrosa, impune e irresponsable forma de gobernar, pero los ciudadanos no podemos caer, una vez más, en la lógica instrumental de los partidos políticos en el poder.

En Jalisco, para entender la reforma electoral, toma especial relevancia conocer las nuevas fórmulas de asignación de prerrogativas con la finalidad de comprender cómo anulando el voto, escenario previsto por la clase política, se fortalecen los tres partidos que gobiernan con miras a las próximas elecciones de 2012.

La base para la asignación de recursos a los partidos políticos es el salario mínimo vigente en Guadalajara, que para este año es de $53.26; de esta cantidad, el 65% ($34.61) se multiplica por el número de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral de Jalisco, que oscila en 5’150,000 ciudadanos, es decir, la bolsa que se reparte entre los partidos es de $178’241,500.00; de esta cantidad, el 30% de reparte en partes iguales entre el número de partidos que haya obtenido más del 3.5% de la votación, en la legislación anterior esta cantidad se repartía entre los partidos con registro nacional.

Tomando como base la última encuesta dada a conocer por Milenio-Público sobre las tendencias de votación para la alcaldía de Guadalajara a principios del mes de junio, sólo el PAN, con 36.2%; PRI, con 31%, y PRD, con 7.8%, aparecen con más del 3.5; es decir, del 30% les tocaría a cada uno $ 17’824,150, cantidad que contrasta con la que se les otorgó en 2007, último año de vigencia de la legislación anterior, de $ 961,641.35. Ahora bien, el 70% restante, es decir, 124’769,050, se reparte en función del porcentaje de votos válidos para cada partido. Cabe resaltar que los votos válidos no son los votos emitidos, es decir, los votos nulos no cuentan como votos válidos y en este sentido su impacto va directamente relacionado a acrecentar el porcentaje de votos válidos.

Haciendo el mismo ejercicio, de este 70%, el 36.2% del PAN se convierte en 44.53%, que corresponde a $55’559,650. Al PRI, su 31% pasa a ser un 39.33% del voto válido, lo que significaría $49’071,667.36, y por último, en el caso del PRD, de 7.8%, incrementaría hasta un 16.13%, cambiable por $20’125,247.76, cantidades que contrastan aún más tomando en cuenta que en 2007 el PAN recibió $8’033,914.45; el PRI, $6’096,263.21; mientras que sin duda el partido más beneficiado será el PRD, que en 2007 recibió $1’301,427.67.

Lo más impactante de estas cifras es que un acto legítimo como la anulación de los votos, más que servir para castigar o rechazar a la clase política que hasta ahora ha causado desilusión o descontento por su forma de ejercer el poder, podría convertirse en un mecanismo que paradójicamente los eternizará en el poder, dejando morir por falta de financiamiento a los partidos emergentes, pero aún creando un extraño sistema neodictatorial tripartidista, anulando la posibilidad de fortalecer espacios ciudadanos de decisión sobre la cosa pública, instrumentado para su beneficio el coraje, impotencia, desilusión, frustración, hartazgo que motiva que miles de ciudadanos estén planteándose la anulación de su voto.

Nota. La interpretación del artículo 90 del Código Electoral y de Participación Ciudadana, que se refiere a la asignación de recursos, fue elaborada con apoyo y participación de consejeros estatales del IEPCEJ a mi solicitud.

*Defensor de derechos humanos y secretario general de Amigos en el Crucero, AC.

Javier Sicilia

La reciente campaña para anular el voto –el único ejercicio democrático de dignidad ciudadana en estos tiempos miserables– tiene razones poderosas: la descomposición del gobierno, la violencia del crimen organizado y del Estado contra la ciudadanía, la corrupción de los partidos, la reducción de lo político a
campañas electorales basadas –en el país de la miseria– en millonarias inversiones publicitarias –el eslogan de pésima calidad y la imposición totalitaria de los rostros de sus candidatos–, el sometimiento del Estado a los intereses del Mercado; en síntesis, el pudrimiento de la vida política; lo político reducido a la
corrupción de una clase parásita que le cuesta demasiado a un país empobrecido por ella.
Sin embargo, estas razones de orden ético no son la causa, sino síntomas de dos realidades que en menos
de 10 años han conducido al mundo a una crisis global: la economía como el único valor al cual se ha
supeditado el complejo tejido social, y la desproporción del Estado como principio rector de la
conformación social. Del primero me he ocupado abundantemente en estas páginas. Del segundo he
hablado menos. Recurro a un teórico olvidado y actual, Leopold Kohr, y a un pensador mexicano, Roberto
Ochoa, que próximamente publicará un libro fundamental, Muerte al Leviatán.
Así como en biología Haldman y Thompson formularon la teoría de la morfología biológica, cuyo tema es
la proporción que existe entre el tamaño y la forma de los seres vivos –tal forma y tal ser sólo pueden
existir a cierta escala, pues pasado cierto umbral en el crecimiento o la disminución de su tamaño los haría
perecer–, Kohr y Ochoa muestran que la descomposición de un país –cuyas causas en el nuestro llevan a la
campaña de anulación del voto– se basa en un crecimiento desproporcionado del Estado que sólo puede
mantener su existencia mediante todas las formas posibles de violencia –desde la guerra sucia y la
manipulación mediática hasta la represión y el crimen.
Para que una democracia sea, es necesario que permanezca en una escala en la que –como en la Grecia de
Pericles o en el zapatismo y sus Caracoles– la vida política sea la de un mundo en donde todos se conocen.
Pasado ese umbral, la lógica de la soberanía que hace perder la proporción y la diferencia sólo encuentra
sustento en la escalada de poder; así, un Estado utilizará cualquier tipo de violencia que le permita
acumularlo. De esa manera, la vida política deja de ser el sitio del común para convertirse en el de la guerra
por el poder, el sitio para el crecimiento desmesurado en contra de cualquier bien.
Esta idea del crecimiento permanente, que tiene su rostro más claro en la noción de desarrollo que el
Estado auspicia, es absolutamente moderna en la medida en que, escribe Ochoa, sólo en la modernidad “el
hombre se considera soberano del mundo y señor de la naturaleza (y) piensa que los límites son sólo
obstáculos” que puede superar por la fuerza. “El Leviatán (la invención de Hobbes que nuestra modernidad
toma como un axioma y no como una construcción histórica que ha entrado en una crisis fatal) ha borrado
los márgenes físicos dentro de los cuales (el cuerpo de la vida social, el común) encuentra su tamaño
apropiado, (ha creado un) espacio neutro y abstracto en el que aquí y allá ya no son proporcionales, sino
iguales (y piensa) que desde aquí (un locus proporcional) puede extenderse siempre ‘más allá’ sin
consecuencias: ocupar, conquistar y dominar”, bajo la máscara de la administración y no de la política. Así
es como la vida democrática –reducida al voto– destruye el común e instaura la tiranía de los partidos, de
las corrupciones, de la violencia de Estado, de las guerras intestinas por el poder y el uso del Mercado, de
la distancia entre el gobierno y la vida ciudadana, y de la utilización de esa vida como mera carne electoral
que legitime la condición parásita de los partidos.
La llamada a la anulación del voto es así una protesta oscura que habla del desfondamiento no sólo de un
modelo económico que ha llegado al más alto grado de su contraproductividad, sino de un modelo político
que en su gigantismo también ha dado de sí y se ha vuelto apolítico. Con ese “No” en las urnas, los
ciudadanos no debemos buscar la recomposición del Estado y sus instituciones –es precisamente su
desmesurado tamaño el que ha generado la descomposición de la vida política que provoca nuestro
hartazgo–, sino acotar su ambicioso poder de dominación y construir una nueva Constitución basada –
como lo propone lo mejor del zapatismo– en la proporción, en los límites, en las autonomías, donde la
confianza mutua permite el florecimiento de las verdaderas democracias y las verdaderas economías. Se
trata –vuelvo a Ochoa– de redefinir umbrales, esos lindes que, acotando el poder, separan “el terreno
inhóspito del habitable (y a partir de los cuales) podemos edificar un ‘techo común’ que nos resguarde y
nos permita hermanarnos”.
Es la única salida frente a las desmesuras del Estado y el Mercado. Una salida dolorosa, como todo aquello
que quiere la salud. Buscar paliativos es sólo alimentar la enfermedad que nos llevará a la muerte y a
perder de vista la sustancia de lo que puede salvarnos.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos,
derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la
Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises
Ruiz salga de Oaxaca.

Jesús Cantú
Proceso.com.mx
Las campañas que impulsan diversas variantes del voto de protesta lograron captar la atención de los medios de comunicación y, aunque sus resultados son todavía una incógnita, es un hecho que moverán algún porcentaje de electores, tal como hizo en 2000 la campaña del llamado voto útil. Sus razones son irrebatibles: los partidos políticos se alejaron de la ciudadanía; en la última reforma electoral se aseguraron un altísimo financiamiento público (particularmente el ordinario) y aumentaron los requisitos de entrada para los nuevos partidos políticos. Así mismo, de acuerdo con el análisis del Comité Conciudadano, en el actual proceso electoral decidieron más de 90% de sus candidaturas mediante procedimientos cupulares. La intención del voto de protesta es alcanzar un porcentaje lo suficientemente alto que orille a los partidos a atender algunas de sus demandas: permitir las candidaturas no partidistas; disminuir el financiamiento público (en 50%, establecen algunos promotores del voto nulo); incorporar en la legislación electoral la figura del voto en blanco, que ya es reconocida en otros países; y, desde luego, que los partidos adopten modalidades democráticas para la selección de sus candidatos. La debilidad de esta iniciativa es la ausencia de coordinación entre las diferentes convocatorias, lo que provoca que unos llamen a escribir en el recuadro de candidatos no registrados su decisión (unos impulsan a Esperanza Marchita, y otros, más a nivel regional, a Papanatas); algunos convocan a depositar la boleta en blanco, y otros a anular el sufragio, ya sea con una leyenda de protesta, un nombre o simplemente tachando toda la papeleta. De prevalecer esta variedad de opciones, el voto por los candidatos no registrados se contabilizará en un espacio asignado para tal efecto en las actas de escrutinio y cómputo, mientras las boletas en blanco o anuladas quedarán en el registro de votos nulos, con lo cual el impacto de la protesta se puede dispersar. En 2003 el voto por candidatos no registrados fue apenas de 0.06%, 16 mil 447 de un total de 26 millones 738 mil 924 votos depositados en las urnas. En cambio, los anulados fueron 899 mil 227, el 3.36%. El promedio de sufragios nulos en las últimas cuatro elecciones (1997, 2000, 2003 y 2006) es de 2.76% del total, con ligeros repuntes en las elecciones intermedias. Mientras tanto, en los mismos procesos el promedio de votos por candidatos no registrados es de 0.12%, con un repunte muy importante en 2006, cuando llegó a 0.31%, es decir, a 128 mil 825 votos. Cualquier modalidad de voto de protesta tendrá el mismo efecto sobre el cálculo del porcentaje obtenido por los partidos políticos para efectos de conservar su registro; así, de entrada, el movimiento afecta a las fuerzas con menor participación electoral, y particularmente a aquellas que están en riesgo de perder su registro, pues entre más alta sea la votación total emitida, en la que se consideran absolutamente todas las boletas depositadas en las urnas, mayor número de votos requieren para alcanzar el 2%. Sin embargo, al momento de hacer el reparto de curules plurinominales y el financiamiento público, la votación nacional emitida sólo incluye los votos de los partidos que conservaron el registro, lo que beneficia a los partidos que se quedan, particularmente a los que obtuvieron mayor participación electoral, pues como el denominador se reduce, su porcentaje crece.
Hay otros dos probables efectos: En el caso de los votos nulos, de acuerdo con el artículo 295 del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando “el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación”, el Consejo Distrital tendrá que realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de todas las casillas. De modo que, en algunos distritos, éste podría ser el caso. Así que contiendas muy cerradas en los distritos y un alto número de votos nulos pueden conducir a recuentos totales en algunos de los 300 distritos electorales. El otro efecto se refiere a la opción de votar por candidatos no registrados. En este caso, Sergio Aguayo, uno de sus principales promotores, ya anunció que una vez concluido el proceso electoral, iniciará una batalla jurídica para tratar de lograr que se identifiquen los votos por Esperanza Marchita. Al menos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya hay antecedentes al respecto, y los magistrados coinciden en que este tipo de sufragios, “además de servir para que la autoridad electoral ejerza sus atribuciones relativas a la estadística electoral”, indican el respeto “a la libre manifestación de las ideas” que establece el artículo 6° constitucional… Ahora bien, el efecto que se busca con el voto de protesta es político, no jurídico. La intención es manifestar el rechazo al actual sistema de partidos, provocar una crisis, o al menos detonarla, y lograr por esa vía que los actores políticos volteen sus ojos hacia la ciudadanía y abandonen su autismo. Para lograrlo, tendrían que superar sustancialmente los números de votos nulos o por candidatos no registrados de las últimas elecciones. Como se indicó, en caso de que esos sufragios cambien el número de partidos que conservan el registro, afectarán el reparto de curules y el financiamiento público que corresponde a cada uno, ya que entre menor sea el número de partidos que participen de este reparto, mayores serán su cantidad de diputados y el monto de su financiamiento. Pero si provienen de votantes tradicionales, los partidos beneficiados de un movimiento de esta naturaleza serán los que cuentan con un mayor porcentaje de simpatizantes permanentes, es decir, de votantes que se identifican con ellos y normalmente votan por esos partidos independientemente de candidatos y/o propuestas. De acuerdo con la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky, en el último año el PRI mantiene entre 31.5 y 25.1% de votantes que se identifican con dicho partido; el PAN, entre 24.8 y 21.2%; el PRD, entre 9.3 y 12.4%, y, finalmente, hay entre 30.3 y 33.6% que se autocalifican como independientes, es decir, que no se identifican con un determinado partido político y votan en función de candidatos, propuestas y coyunturas. En este sentido, los ciudadanos menos identificados con un determinado partido político son los más propensos a emitir su voto de protesta, y como estos sufragios se restarán para el cálculo de la votación nacional emitida, los más beneficiados serán quienes cuenten con mayor identidad partidista, es decir, el PRI y el PAN. Además, por los alcances de su estructura nacional y su presencia en los distintos niveles de gobierno, son también estos dos partidos los que cuentan con una mayor capacidad de movilización de electores durante la jornada electoral. Esta capacidad la tiene así mismo el Partido Nueva Alianza (Panal), por su vinculación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De este modo, los tres partidos que pueden resultar beneficiados indirectamente por los votos de protesta son PRI, PAN y Panal, en la medida en que conservan su voto duro y utilizan su capacidad de movilización para sostener o incrementar su participación electoral; en una segunda instancia, el PRD, cuya estructura es más reducida y también gobierna menos entidades y municipios. Y, desde luego, los perjudicados son el resto: PT, Convergencia, PVEM y PSD. Conforme a la misma encuesta, el PSD ya estaría condenado a perder su registro; y hay tres partidos que están luchando por mantenerlo: Convergencia, Panal y PT; el segundo puede salvarlo gracias a su capacidad de movilización, pero un movimiento de esta naturaleza puede afectar negativamente a los otros dos. Por otro lado, en la asignación de curules de representación proporcional, el voto de protesta beneficiará sobre todo al PRI que, de acuerdo con la encuesta, tiene 37.1% de las preferencias electorales y la posibilidad de obtener entre 210 y 238 diputados, por lo que el movimiento lo puede catapultar a recuperar
la mayoría que perdió en 1997 en la Cámara de Diputados. Según la misma medición, todavía sin el efecto del voto de protesta, el PRI y su aliado el PVEM están en posibilidades de obtener en sus puntos máximos, entre los dos, 252 diputados. La encuesta señala que el porcentaje de participación esperado es de 41.7% de los votantes potenciales, o sea, el mismo que en 2003. Sin embargo, si se toman en consideración los seis años de envejecimiento de la lista nominal de electores y los seis puntos que cayó la participación electoral entre 2000 y 2006, es probable que la participación ronde 35%. Si el movimiento de voto de protesta tiene éxito y logra impactar entre 3 y 5% de votantes, menos de 30% de electores estarían decidiendo la integración de la Cámara y el reparto del financiamiento. El gran interrogante es si este resultado será el inicio de una crisis que sacuda a la clase política mexicana y detone la construcción de un régimen democrático, o el de una involución que nos conduzca nuevamente, en 2012, a la hegemonía presidencial sobre los otros dos Poderes.

Por Rogelio Campos

En el ajedrez hay un adversario enfrente, en el solitario la habilidad propia es lo que cuenta. El ajedrez supone pensar movimientos para atacar, pero se debe defender; ambos jugadores piensan en la movida inmediata, pero solamente los buenos pueden pensar en las próximas cinco o seis jugadas. En esta lógica, los promotores del voto nulo estarían jugando solitario, no ajedrez.

Siempre se ha contabilizado un considerable porcentaje de votos nulos. La historia del IFE registra un promedio de 3.27 por ciento -más de lo que llegan a obtener algunos partidos- y un récord de hasta 4.83 por ciento.

El éxito de la campaña para anular el voto deberá medirse a partir del porcentaje adicional -a las cifras mencionadas- que obtenga esta opción.

El voto nulo unificará por un brevísimo instante a los inconformes con diversas causas, pero entre los anulistas hay diferencias irreconciliables: lo mismo están los dolidos con el partido que los encumbró (Dulce María Sauri, del PRI; o el primo del Presidente de la República, del PAN), los que han tenido altísimos sueldos en el Gobierno federal (el entonces encargado de Internet de Los Pinos y ahora del Centro Fox), los ciudadanos informados y desinformados, los que quieren intervención del Estado en la economía y los neoliberalistas a ultranza, los que tienen buenas intenciones y los que no.

Si bien el movimiento resulta novedoso, por sus consecuencias estaríamos frente a una práctica tan vieja como conocida: la misma que propiciaron en su tiempo los "partidos satélite". Si el voto nulo alcanzara hasta un 8 por ciento, estaríamos frente a un resultado real -propiciado por el movimiento- de poco más del 4 por ciento... que sería un porcentaje similar al que en otras elecciones han obtenido los "partidos satélite".

En su momento, estos partidos eran inflados por el Gobierno para restar votos a la Oposición real, entendida como aquella que puede agruparse en los partidos grandes, capaces de generarle altos costos de negociación al Gobierno.

En las elecciones intermedias, el voto de castigo o de refrendo de confianza al partido en el Gobierno tiene reservado un lugar preponderante. El voto nulo ha venido a ocupar ese lugar en la discusión nacional. Se castiga o se premia de acuerdo a los resultados y a lo prometido en campaña. Con esta novedad, la propuesta es castigar -con latigazos de desprecio- a todos por igual.

No es la primera vez que se "convence" a la ciudadanía para que no vote por el partido de su preferencia. En el 2000 se puso sobre la mesa el voto útil, y tenía como meta inmediata sacar al PRI de Los Pinos. Para poder lograr el objetivo se trataba de que los ciudadanos rechazaran al partido por el que querían votar. La meta a mediano plazo era acabar con la corrupción y todo lo malo que, hasta ese momento, era atribuible -en exclusiva- al PRI. Suficientes ciudadanos fueron generosos para renunciar a su convicción partidista inicial y apoyar la propuesta que surgía en pleno proceso electoral.

Seis años después, una parte considerable del electorado dejó de votar por el partido de su preferencia inicial y tuvo que optar entre dos propuestas: cambiar la política económica o impedir que un "loco peligroso" llegara a la Presidencia. A mediano plazo, la meta de la propuesta ganadora era -entre otras- generar un millón de empleos al año.

En el 2000 y en el 2006 se cumplieron las metas inmediatas en la misma proporción en que se incumplieron las de mediano plazo. Es más, en el mediano plazo se agudizaron los males a erradicar.

En ese sentido, la meta de corto plazo en el 2009 -de la nueva propuesta que surge en pleno proceso- es mostrar rechazo, repudio y hartazgo. Sería interesante conocer la opinión de los electores que renunciaron al voto de su preferencia y que fueron fundamentales para hacer posible el voto útil en el 2000 y para frenar la llegada de AMLO en el 2006 ¿De qué estarán más hartos hoy, del partido de su preferencia inicial o de la propuesta -sacada de la manga, en cada uno de esos procesos- que respaldaron?

La historia está del lado de los anulistas: la meta inmediata se conseguirá. Lo que está por verse es si los objetivos de mediano plazo se cumplen: que los partidos volteen hacia la población, además de candidaturas independientes, entre otros. Ojalá que se cumplan, pero si la historia se repite, los males podrían agudizarse.

¿Hay un peor escenario que el actual? La respuesta es afirmativa. Los anulistas pretenden jugar ajedrez y lo que están jugando es solitario. Parten del supuesto de que no hay peor escenario que el actual ni intereses reales que aprovecharán el descrédito de los partidos para arrinconarlos y eventualmente colapsarlos... ese fue exactamente el preámbulo de lo que sucedió en Venezuela con Hugo Chávez y en Perú con Alberto Fujimori.


rogelio_campos@yahoo.com

Rubén Alonso.

En números, nuestro sistema de representación popular está tocando, e incuso podría cruzar, la frontera de su propia muerte. A partir de la alta competitividad partidista y la alternancia viable en el poder tras cada elección, quien triunfa legalmente tiene un bajo nivel de legitimidad con votos válidos.

Por ejemplo, en un distrito (como el 10 de Jalisco) con alta participación ciudadana y con un triunfador con más de 50% de votos válidos, éste no ha llegado al Congreso de la Unión con más de 34% de los ciudadanos del listado nominal en las pasadas dos elecciones federales. Ese porcentaje bien podría ser un indicativo de representatividad y legitimidad. ¿Y si aumentan los votos nulos y la abstención? ¿Cómo puede decir que representa a su distrito? ¿Y qué decir de distritos con menor participación y triunfos inferiores a 50%?

¿Qué aspirante a representante popular ha escuchado y retomado para dar una respuesta y propuestas a quienes plantean el voto nulo e incluso la no participación electoral el próximo 5 de julio?

Estamos ante un momento de trascendencia para el sistema político mexicano basado en la representatividad popular. Pero preocupante y de altísimo riesgo para el propio sistema es el que los aspirantes y las instituciones electorales no escuchen, e incluso ni perciban el fondo del planteamiento. Gravísimo, además, es la descalificación, pues abona a una polarización social más peligrosa que la propiciada por partidos y medios electrónicos de comunicación en 2006. Ahora se muestran ciudadanos insatisfechos, decepcionados por un sistema político basado en partidos políticos que no los representa, que los usa para obtener y/o mantenerse en el poder, no para gobernar; no los escucha y aún más, los confronta.

Descalificar cualquier opción libre y soberana es negar la libertad de la persona humana; inducir el voto mediante la propagación de presuntas consecuencias dañinas al “sistema democrático” si se anula el voto individual-personal como acto libre, basados en una concepción de que el voto debe ser útil, supone un sofisma que desconoce y anula a la propia persona, que pone por encima de esta un sistema que podría estar agotado y que da muestras que sólo es defendible por aquellos que detentan el poder, pues de él dependen, no de la original soberanía.

El voto es libre. Sin él no puede haber ciudadanía, y menos gobierno. ¿O no?

jralonsog@gmail.com

¿Votar, abstenerse, anular el voto? La moderación correrá a cargo de Juan Carlos Núñez, jefe del Centro de Formación Humana del ITESO.

Milenio.com
Guadalajara.- Ante el proceso electoral del 5 de julio, en el cual se elegirán en Jalisco presidencias municipales y diputaciones estatales y federales, no son pocas las voces y colectivos que apoyan la abstención o la anulación de votos como forma de manifestar la inconformidad ante la clase política y contra el bajo nivel de las campañas políticas, entre otros factores.

Para abordar este fenómeno, que ya toma mucha fuerza en todo el país, el Centro de Investigación y Formación Social del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) convocó a David Gómez Álvarez, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCJ), al periodista Rubén Martín y a Gabriel Torres, miembro del Grupo Anulo Mi Voto, a que debatan el asunto en la mesa redonda: Elecciones del 5 de julio. ¿Votar, abstenerse, anular el voto? La moderación correrá a cargo de Juan Carlos Núñez, jefe del Centro de Formación Humana del ITESO.

El evento se realizará el lunes 15 de junio a las 18:00 horas, en la Casa Loyola (Lope de Vega 265, entre Agustín Yáñez y Efraín González Luna). Más informes en el correo falatorre@iteso.mx.

Francisco de Anda

Grupo Reforma

Guadalajara, México (8 junio 2009).- La propuesta que impulsan diversos sectores ciudadanos para que los electores anulen su voto en los comicios del 5 de julio, beneficia al PRI y al PAN, dijo el ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

"Beneficia al PRI y al PAN, y precisamente para saber a quién la promueve, hay que saber a quién beneficia", señaló en rueda de prensa, en un hotel de Guadalajara.

"¿Por qué beneficia al PRI y al PAN?, porque son los partidos que utilizan dinero para comprar lealtades, para comprar conciencias, para comprar votos, son los partidos que tienen aparato y dinero para llevar a la gente a votar".

Acompañado por Enrique Ibarra Pedroza, candidato a diputado federal por el PT, López Obrador acusó que entre los promotores del voto nulo aparecen personajes que avalaron el fraude que se le hizo en las elecciones del 2006.

"Quienes promueven esto, hay algunos, mujeres y hombres, que fueron los que avalaron el fraude electoral en el 2006", aseguró.

"Estoy hablando de escritores, periodistas, gente que se mueve en lo que se llama la sociedad política".

López Obrador, quien apoya a los candidatos del PT y Convergencia en el País, se reunirá esta tarde con representantes de comités municipales de su Gobierno legítimo, procedentes de 108 localidades de Jalisco.

to

Víctor M. López Álvaro

En tanto el titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), David Gómez Álvarez, no se cansa de repetir que su principal reto es vencer el abstencionismo en las próximas elecciones del 5 de julio, un grupo de ciudadanos lanzó la campaña “Anulo mi voto”.

El voto nulo no ha predominado en los electores jaliscienses. Por ejemplo, en la elección a diputados locales en 2003 se registró el mayor porcentaje que anularon la boleta electoral, y representó apenas un 2.8%.

En las dos últimas elecciones, en las cuales se eligió gobernador (2000 y 2006), anularon su voto menos del 2%.

Margarita Sierra, una de las promotoras de esta campaña y miembro del Congreso Ciudadano, afirma, de manera simplista, que “todos los partidos son iguales” y “que solamente se reparten los puestos como les da la gana, son una vergüenza. Por eso, para políticos nulos, votos nulos”.

Pero diversos analistas políticos dudan de la efectividad del voto nulo. Es más, beneficiaría al PAN o al PRI, que son los partidos que cuentan con el “voto duro”. Y de paso anularía por completo a los partidos de izquierda que emergen en el estado.

“Los políticos no cambiarán su modo de pensar por el simple hecho de que miles de ciudadanos anulen su boleta. Es una ingenuidad descomunal tan siquiera pensarlo”, afirma el politólogo Guillermo Ortiz Vázquez.

La realidad es aplastante: habrá un ganador en la siguiente jornada electoral en la cual se elegirán diputados locales y federales y alcaldes en el estado, que ejercerán los millones del presupuesto público.

Gilberto Parra, candidato por el Partido del Trabajo (PT) y exdirigente durante varios años del PRD, sostiene que esta campaña “es una propuesta engañosa porque no propone algo más allá. Si hubiese una serie de acciones posteriores a la anulación del voto, que forzara a los partidos políticos y al sistema electoral en general a mejorar sustancialmente, es probable que muchos estaríamos apoyándola”.

Esta acción, insiste Parra, el también dirigente de exbraceros, favorece a los partidos políticos, a la burocracia que tiene el poder en el país y en el estado; incluso, el propio PRD “podría salir afectado aunque tenga una presencia local menos que testimonial”.

Para el sociólogo David Velasco, investigador del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO, sugiere que se “cuestione de raíz al conjunto del proceso electoral, la pérdida de credibilidad y la enorme crisis de confianza. Por tanto, dice, es inútil anular el voto.

“Seguir creyendo en que los grandes cambios que requiere nuestro país depende de un voto, es seguir creyendo que de arriba nos vengan las soluciones que se están construyendo desde abajo”.

Derrota política

Carlos Martínez Maguey, consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), sostiene por su parte, que el derecho al voto es una de las conquistas históricas que ha costado mucho trabajo. “Las organizaciones civiles tienen todo el derecho de anular su voto pero también me parece que sería una lástima. Porque no se puede calificar que todos los partidos sean lo mismo; habrá que ver las distintas opciones que ofrecen los 8 partidos registrados. Los ciudadanos no deben permitir que otros decidan por ellos”.

El dirigente Gilberto Parra precisa: “Si dejamos de ir a votar por alguna opción distinta quiere decir que estamos conformes con las políticas que se han implementado en el estado y estaríamos avalando al actual gobierno panista, y al propio Congreso local”.

Incluso Parra arremete en contra de Margarita Sierra, a quien se le vincula políticamente con el jeque del Grupo Universidad, Raúl Padilla López. “Esta campaña que promueve Sierra es sospechosa en buena medida pues le afecta a los partidos con presencia modesta como el PT y Convergencia”, del Frente Amplio Progresista que apoya la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

“Tal parece que esta campaña se encamina a afectar a estos partidos para que pierdan su registro en el estado y dejar a salvo a los partidos que tienen más recursos y llevan décadas gobernando. Tanto el PRI como el PAN ganarán por el voto duro que tienen y de esta forma aseguran su permanencia en el poder”.

Sierra, por su parte, afirma: “No creo que afectemos con esta mini campaña a los partidos pequeños. La gente que apoya a estos partidos lo hará de todas formas. Estamos invitando a los ciudadanos que no tengan ninguna opción. No estamos en contra de los pequeños partidos de oposición, que dudo de su existencia”.

El analista político Jorge Narro dice que el voto nulo, aun mayoritario, no tiene consecuencias jurídicas. Pero puede tener consecuencias políticas.

Un voto conscientemente anulado y en proporción significativa, añade el académico Narro, puede enviar a los partidos y, en general, a la clase política un mensaje difícilmente ignorable: “no creemos en ustedes”, “todos son iguales”, “igualmente corruptos y/o ineficientes…”. En suma: “no nos sentimos representados por ninguno de ustedes”.

--¿A quién favorece que se anulen los votos?

--Numéricamente, al mismo que favorece la abstención: al partido que tenga mayor “voto duro”.

--¿Le favorece al PAN?

--Si tiene la mayor proporción de voto duro, entonces sí. Les daría más posibilidades a sus candidatos. Pero eso sólo ocurre en algunos estados –como en Jalisco- no en todos. Y sería sólo una victoria “numérica”, no política y mucho menos “moral”. Ganaría sólo votos, y votos duros (que de por sí ya tiene), pero no escaparía de la condena a todos los partidos. Más aún: resultaría quizás más desacreditado por ser el partido en el Gobierno, por haberse transformado tan rápidamente en aquello que condenó durante todos sus años como oposición.

En cambio, a la izquierda partidista no le beneficiaría la anulación de votos, pues, a decir de Jorge Narro, “resultaría tan condenada por el voto deliberadamente anulado como la derecha. Tan rechazados serían el PRD, el PT y Convergencia como el PAN, el Panal, el PRI, etc.”

Jorge Regalado, investigador del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universidad de Guadalajara, afirma que el modelo político liberal “no funciona ni resuelve nada; sirve para que se pongan de acuerdo la clase política en el poder y repartirse los puestos. Sirve, en todo caso, para legitimar y manipular a otros movimientos sociales. Los partidos políticos entretienen cada 3 años, meten ruido y dividen a las organizaciones sociales”.

--¿Qué opciones le quedan al ciudadano?

--Nadie lo tiene claro todavía. En términos generales hay que moverse en resolver los problemas de la gente. En sentido contrario al poder y al sistema, si queremos hacer algo. Tendremos que repensar todo y darnos oportunidades nuevas y reconfigurar nuestro pensamiento. En el centro de la reflexión deberá estar el problema de la gente. Los que lo promueven están dentro del sistema. Aún creen que pueden lograr un cambio.

Despolitización

Para Velasco, “en la práctica, la abstención electoral e incluso la anulación consciente del voto es más el resultado de una política de despolitización que, por paradójico que parezca, es imposición de los poderes fácticos que controlan los órganos del Estado”.

Velasco asegura que no se construye ciudadanía por la anulación del voto; “por el contrario, cuanto más participación consciente y organizada en formas autónomas de ejercicio de los derechos civiles y políticos, mejores ciudadanos, pero que no miren hacia arriba, sino hacia abajo, donde hay más problemas sociales y hay muchísima más gente. Arriba sólo hay simulación y desmemoria”.

--¿Con esta campaña se promueve la desmovilización?

--Me parece un absurdo y contrasentido que, por una parte se promueva la participación electoral con la anulación consciente del voto y por el otro, los grandes mecanismos despolitizadores apuestan a un porcentaje creciente de abstención electoral que, posiblemente rebase el 50% en las próximas elecciones.

“Los propios políticos profesionales han hecho todo lo posible porque la mayoría de la gente deje de creer en ellos. (…)Sin embargo, abajo se siguen tejiendo resistencias, como la de los pueblos indígenas, los mineros y el movimiento magisterial, entre otros”.

--Algunos plantean que anular votos favorece al partido en el poder.

--La política de despolitización favorece a quien tenga el poder del estado, en cualquiera de sus instituciones. La rebatiña de cargos es una lucha interna de la clase política que ha dejado de diferenciarse por sus principios, todos se parecen y todos hacen una política patrimonialista y clientelar.

“De ahí que da lo mismo si el PAN y el PRD ven disminuido el número de sus diputados federales a costa del aumento de los del PRI y del PT y Convergencia. No hay diferencias. Los que resulten electos, serán elegidos por una minoría de la población”.

--¿La anulación y la abstención hará que la clase política reflexione?

--Para nada. Los políticos no piensan en nada que no les deje dinero. Su reflexión será pura y simplemente cuál será el siguiente negocio que van a hacer, cómo van a recuperar la inversión en la campaña electoral y cómo cumplir y pagar sus compromisos de campaña. La anulación y la abstención les tienen totalmente sin cuidado.

David Velasco S.J.
davidvelasco.wordpress.com

Es posible que mucha gente se pregunta si votar o no votar, o por qué partido votar, o simplemente por quién votar. Pero es más grave que vayan surgiendo sectores sociales más conscientes que, por ejemplo, llaman a anular el voto o, incluso, proponen modalidades de participación ciudadana que, de alguna manera, el mismo domingo 5 de julio realicen una elección paralela de ciudadanos y entre ciudadanos. Creo que la gran mayoría de la gente, mayor de 18 años y con credencial de elector, ni siquiera se hace esas preguntas y su postura es de hartazgo hacia todo lo que suene a política y políticos. Valdría la pena que nuestros amigos y amigas radioescuchas al menos se preguntaran con qué grupo se identifican, con los que van a votar o con los que no van a votar, con los que tienen clara su decisión para votar por un partido determinado, o con los que conscientemente van a participar en las elecciones, pero para anular el voto, o todavía más, con aquellos que piensan organizar una elección paralela entre ciudadanos y para ciudadanos, o de plano con los que ni siquiera piensan en ir a votar, o sea, abstencionista activo o pasivo, porque puede haber de los dos. Es decir, hay de todo, como en botica.

Cualquiera que sea la simpatía hacia cualquiera de los diferentes grupos que describo, valdría la pena identificar datos generales del comportamiento electoral de mexicanos y mexicanas en las elecciones recientes. Por ejemplo, el dato más general y comprobado es que en las elecciones intermedias, es decir, entre elecciones presidenciales, la participación electoral disminuye; pero el dato complementario no es menos grave, la tendencia creciente a la abstención electoral. Si combinamos los dos datos, no es difícil que nos encontremos con la mayor abstención electoral de los últimos años, con toda seguridad mayor al 50 % y muy cercana al 70% como algunos estudios electorales anticipan. Esta sola comparación, nos lleva a otro dato igualmente relevante.
Cada vez más son menos los mexicanos que eligen a nuestros gobernantes. Un botón de muestra: los 15 millones de votos que eligieron a Felipe Calderón, o la misma cantidad y un poco más para Andrés Manuel López Obrador, representan, cada uno el 13% de la población del país. Es decir, que 13 de cada 100 mexicanos y mexicanas eligieron al actual jefe del ejecutivo… Aunque, en la práctica y por algunas disposiciones legales, en realidad sólo fueron 6 o 7 personas las que eligieron a Felipe Calderón, es decir los ministros del tribunal federal electoral. Con este sólo dato, podríamos comparar casi cualquier tipo de elección en las que, la situación contraria, es decir, donde la mitad más uno de los electores eligió a sus autoridades, es más bien la excepción.
Hay otro dato no menos preocupante. Debido a las reglas de juego electoral, en México, es suficiente que un candidato que obtenga un solo voto y los demás ninguno, para que triunfe.
Además, independientemente de la cantidad de votos emitidos, es suficiente que un candidato gane con un voto de diferencia, sin importar que sólo participó un pequeño número de electores.
Así son las reglas vigentes. Por tanto, más que preguntarnos si votamos o no votamos, por quién votamos o si anulamos nuestro voto, lo que habría que impulsar es una reforma radical del sistema electoral vigente. Por ejemplo, hacer obligatorio el voto; en muchos países así es y sancionan con fuertes multas a quienes no hayan ido a votar y no muestren un comprobante de la causa que impide ir a votar; instalar la segunda vuelta, sólo con dos o tres candidatos con el mayor número de votos; impulsar la revocación del mandato, incluso, la rotación obligatoria de los cargos, la disminución radical o la anulación de los fondos públicos para los partidos políticos y, ¿por qué no?, legalizar el Poder Ciudadano mediante el cual, la gente puede organizar con autonomía la gestión y solución de los principales problemas que enfrenta, como el empleo, la salud, la educación, la vivienda. ¿Es demasiado pedir? Anular el voto no es más que hacerle el juego a los que están en el poder burocrático.

Invalidar la papeleta podría terminar con el registro de las fuerzas políticas minoritarias, afirma el consejero electoral Carlos Martínez Maguey

informador.com.mx

GUADALAJARA, JALISCO.- La campaña “Anula tu voto”, impulsada por académicos y diversos representantes de sectores sociales, consolidará a los partidos que cuentan con “votos mayoritarios, duros o cautivos”, y podría terminar con el registro de aquellas fuerzas políticas minoritarias que requieren de una cantidad determinada del porcentaje de la elección para mantener su registro, consideró el consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), Carlos Martínez Maguey.

“Si el argumento de quienes promueven esto es impedir que los partidos que ya han gobernado en varias ocasiones regresen o se queden en el poder, en verdad el voto nulo lo que hará es que los fortalecerá en esas posiciones. Terminará por reducir a los partidos pequeños y estarán en riesgo de perder su registro, mientras el dinero que se tiene para las prerrogativas será distribuido entre algunos cuantos partidos”.

“Anula tu voto” se vería traducido como una contradicción de los grupos que promocionan la campaña, sentenció el consejero, pues en lugar de apostarle a la democracia se iría en detrimento de ella. Por ello, el organismo electoral continuará promoviendo el voto. La intención, apuntó, es que los ciudadanos ejerzan su derecho de sufragar.

“Quienes están promoviendo este movimiento de anulación del voto, lo hacen con el argumento de que los partidos políticos y los candidatos han quedado mal ante los ciudadanos… pero también es cierto que no son los únicos candidatos, siempre hay más opciones. Tenemos una gran variedad de partidos políticos, tenemos ocho, que son diferentes opciones en el Estado”.

Por su parte, el candidato a una diputación federal por la alianza PT-Convergencia, Enrique Ibarra Pedroza —quien fuera representante del PRI ante el IFE en el proceso electoral del año 2000—, aseveró que “respeta a los ciudadanos que impulsan anular el voto” en los comicios del próximo 5 de julio, pero advirtió que esta propuesta beneficiará a los candidatos del PRI y PAN.

“Esa conducta de anular el voto terminará por beneficiar a los partidos tradicionales que tienen mayor clientela y mayor socialización con los electorales, que son el PRI y el PAN”.

Explicó que esta propuesta “tiene un defecto”: dejará en manos de unos cuantos los resultados de las elecciones para definir presidentes municipales y diputados locales y federales. “Me parece un punto vulnerable. Es una táctica ineficaz porque no logrará nada”.

Y confió que el movimiento ciudadano modificará su estrategia. “No desperdicien el voto. Anular el voto es automarginarse… es desperdiciar una oportunidad de decisión. Quienes anulen el voto conscientemente, estarán dejando en menos manos la facultad de decidir; un voto anulado conscientemente es un voto para la derecha”.

UdeG, al margen

En medio de los pronunciamientos de miembros de la Universidad de Guadalajara (UdeG) promoviendo el voto nulo, y otros que participan de manera activa en campañas electorales, el rector sustituto de la casa de estudios, Marco Antonio Cortés Guardado, asegura que la institución se mantiene “al margen”.

“La universidad como institución no (participa); más bien grupos de universitarios que quieran integrarse, depende de ellos”, dijo, asegurando que la UdeG, “de manera institucional” se ha mantenido al margen del proceso, y calificó las opiniones de los universitarios como parte de la diversidad y la libertad de expresión.

Sin embargo, señaló que cada opinión derivada de algún grupo fomentando el voto, anulándolo o participando en la búsqueda de un puesto de elección popular, debe realizarse con respeto a la institución y observando la legislación en la materia.

Este miércoles, la UdeG firmará un convenio de colaboración con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en el que ambas instituciones se comprometen en la promoción y estudios para mejorar el ejercicio democrático.

¿Qué dicen los partidos de la campaña?

Es una acción irresponsable tratar de debilitar la democracia o a quienes llegan a los cargos. Es un grupo de maestros de una o dos universidades que al quedarse sin opciones de izquierda decidieron que todos nos quedamos sin opciones.

Muchos de los que critican al Estado, más de la mitad son becarios del Estado mexicano, que con nuestros impuestos les pagamos sus maestrías en el extranjero.

Eduardo Rosales, presidente del PAN Jalisco.


El abstencionismo es un fenómeno con el que hemos cargado muchos años. Debemos combatirlo con campañas más propositivas, la parte del voto nulo es parte de los desacomodos, de los reacomodos de la izquierda y la derecha, y hay que invitar a que participen por alguna de las propuestas para que la sociedad determine qué tipo de gobierno quiere.

Rafael González Pimienta, encargado de la presidencia del PRI Jalisco.