Se contradicen sobre arresto de periodista de Proceso.
Cotesía de Julio Alejandro RíosSergio Blanco
Hay versiones encontradas sobre la detención del reportero gráfico de Proceso, Rafael del Río, según se percibió ayer durante la sesión de la comisión edilicia de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Guadalajara, después de dar lectura a las versiones del reportero y a la que hizo llegar el director operativo de Seguridad Pública, Francisco Ornelas Morales: uno alega violación a sus derechos, y el otro una detención justa.
En la versión del periodista, el pasado 26 de abril acudió a indagar un suceso en el barrio del Santuario y fotografió la detención de un individuo que presuntamente portaba droga. Los elementos que lo detuvieron eran Luis Fernando Martínez y Javier Delgado, quienes se le acercaron y lo empujaron hacia la patrulla; éste se identificó como periodista de Proceso, pero los policías lo despojaron de su cámara y lo condujeron a los juzgados municipales. Al llegar al edificio lo metieron en una jaula al aire libre “que parecía una perrera”, donde esperó en el sol hasta la noche.
Después, su defensor le informó que fue detenido por resistirse al arresto y que debía pagar una multa de 67 pesos. Tras recuperar su cámara, Del Río se percató de que borraron las fotos que tomó.
La primera versión de la corporación se dio mediante un comunicado del vocero de la Dirección de Seguridad, Jorge Eduardo Montiel González, quien explicó que el periodista intentó impedir la detención de su cuñado, Carlos Vázquez Ventura, y que nunca se acreditó como reportero gráfico. Todo lo negó el periodista y se mantuvo fiel a su declaración.
En la versión de Ornelas se puntualizó que los elementos mencionados interceptaron al primer detenido con una bolsa con mariguana. Agregó que el reportero les dijo que soltaran a su familiar, sacó su cámara y les dijo que “no sabían con quién se estaban metiendo”. Claudio Damián Olín Flores, segundo comandante de la zona 1, señaló que Rafael del Río sí advirtió que era reportero gráfico, pero que no se identificó. Tras escuchar las versiones, Ornelas reconoció las contradicciones, por lo que sería la Dirección de Asuntos Internos y Derechos Humanos las que deberían llevar la investigación.
La conclusión de la sesión fue que se debería retomar el tema con la presencia de Justicia Municipal e invitar también a Rafael del Río. Después de la sesión, Salvador Caro Cabrera hizo notar las contradicciones de la corporación.
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