Semanario Voces

EDUARDO REYES LARA*

Con la reforma electoral de 2007, la clase política ha querido recuperar esa capacidad perdida de gobernar y, sobre todo, consolidar un régimen que le garantice la repartición del poder público. Para nadie es ajeno que la reforma electoral de 2007-2008 fue producto de la coyuntura política que entonces enfrentaba el país después de la controvertida elección presidencial de 2006. La experiencia de aquella elección marcó el rumbo para los partidos y, posteriormente, para los legisladores, de tal suerte que hubo una buena dosis de revancha y oportunismo, pero especialmente un cálculo que permita fortalecer los privilegios y recursos de los partidos políticos.

Históricamente, las reformas electorales parten de los contextos en que son hechas, pero fundamentalmente previenen escenarios posibles y modifican las normas para fortalecerse y reproducirse. Por ejemplo, el PRI diseñó la reforma para preparase para cuando fuera un partido en oposición, en el contexto de 1994, el PRI sabía que ya no iba a lograr un 60% de votos, pero si ellos no eran capaces de hacerlo, entonces el resto de los partidos estaba aún más distante de poder conseguirlo; logró entonces que la cláusula de gobernabilidad no fuera utilizada por sus contrincantes electorales, si pensaban en que llegaría pronto la pérdida del poder, prepararon el regreso, y la cláusula permitió, paradójicamente, que el PRI perdiera la elección por la Presidencia pero se convertiría en la primera mayoría legislativa, y en ese caso, regresar con un partido que tuvo mayoría en el Congreso es regresar como un partido opositor reforzado. El PRI preparó su terreno para cuando fuera el partido en la oposición y cuenta con opciones para su regreso al poder; es decir, el escenario previsto por el PRI fue que, si el PRI ganaba en un estado, se le otorgan tres senadores; pero si pierde, se llevaría un escaño, así el partido nunca ha perdido totalmente el poder. O bien, en julio de 1994 se reformó el artículo 82 de la Constitución, permitiendo que años después Vicente Fox llegara a la Presidencia de la República, modificación que tuvo la anuencia del PAN. Muchos casos más se pueden argumentar, en especial en materia de seguridad pública, militarización, criminalización de la protesta, recursos hídricos, acceso a información pública, etcétera.

Las reformas parten de escenarios previstos por la clase política con la única intención de mantenerse y fortalecerse en el poder, sus privilegios o, en caso de perderlo, asegurar su regreso. Con la última reforma electoral, los partidos con mayor votación, el PAN, el PRI y el PRD, ponen reglas distintas para competir entre ellos y especialmente ponen en juego el principal capital del resto de los partidos: el registro, y modifican las fórmulas de asignación de recursos públicos. Es así como podemos entender por qué se terminaron las alianzas partidistas, los conflictos dentro del PRD y con los partidos con los que compitió en las últimas elecciones, las campañas pro abstencionistas o las que invitan a anular el voto.

Asumo que la anulación del voto es, por mucho, justificada y ganada a pulso por la clase política después de su desastrosa, impune e irresponsable forma de gobernar, pero los ciudadanos no podemos caer, una vez más, en la lógica instrumental de los partidos políticos en el poder.

En Jalisco, para entender la reforma electoral, toma especial relevancia conocer las nuevas fórmulas de asignación de prerrogativas con la finalidad de comprender cómo anulando el voto, escenario previsto por la clase política, se fortalecen los tres partidos que gobiernan con miras a las próximas elecciones de 2012.

La base para la asignación de recursos a los partidos políticos es el salario mínimo vigente en Guadalajara, que para este año es de $53.26; de esta cantidad, el 65% ($34.61) se multiplica por el número de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral de Jalisco, que oscila en 5’150,000 ciudadanos, es decir, la bolsa que se reparte entre los partidos es de $178’241,500.00; de esta cantidad, el 30% de reparte en partes iguales entre el número de partidos que haya obtenido más del 3.5% de la votación, en la legislación anterior esta cantidad se repartía entre los partidos con registro nacional.

Tomando como base la última encuesta dada a conocer por Milenio-Público sobre las tendencias de votación para la alcaldía de Guadalajara a principios del mes de junio, sólo el PAN, con 36.2%; PRI, con 31%, y PRD, con 7.8%, aparecen con más del 3.5; es decir, del 30% les tocaría a cada uno $ 17’824,150, cantidad que contrasta con la que se les otorgó en 2007, último año de vigencia de la legislación anterior, de $ 961,641.35. Ahora bien, el 70% restante, es decir, 124’769,050, se reparte en función del porcentaje de votos válidos para cada partido. Cabe resaltar que los votos válidos no son los votos emitidos, es decir, los votos nulos no cuentan como votos válidos y en este sentido su impacto va directamente relacionado a acrecentar el porcentaje de votos válidos.

Haciendo el mismo ejercicio, de este 70%, el 36.2% del PAN se convierte en 44.53%, que corresponde a $55’559,650. Al PRI, su 31% pasa a ser un 39.33% del voto válido, lo que significaría $49’071,667.36, y por último, en el caso del PRD, de 7.8%, incrementaría hasta un 16.13%, cambiable por $20’125,247.76, cantidades que contrastan aún más tomando en cuenta que en 2007 el PAN recibió $8’033,914.45; el PRI, $6’096,263.21; mientras que sin duda el partido más beneficiado será el PRD, que en 2007 recibió $1’301,427.67.

Lo más impactante de estas cifras es que un acto legítimo como la anulación de los votos, más que servir para castigar o rechazar a la clase política que hasta ahora ha causado desilusión o descontento por su forma de ejercer el poder, podría convertirse en un mecanismo que paradójicamente los eternizará en el poder, dejando morir por falta de financiamiento a los partidos emergentes, pero aún creando un extraño sistema neodictatorial tripartidista, anulando la posibilidad de fortalecer espacios ciudadanos de decisión sobre la cosa pública, instrumentado para su beneficio el coraje, impotencia, desilusión, frustración, hartazgo que motiva que miles de ciudadanos estén planteándose la anulación de su voto.

Nota. La interpretación del artículo 90 del Código Electoral y de Participación Ciudadana, que se refiere a la asignación de recursos, fue elaborada con apoyo y participación de consejeros estatales del IEPCEJ a mi solicitud.

*Defensor de derechos humanos y secretario general de Amigos en el Crucero, AC.