Semanario Voces

ROSALíA VERGARA

Muchos de los vicios que mantenían a Luz y Fuerza del Centro en números rojos tuvieron origen gubernamental. Varias dependencias federales, como la Presidencia, la propia Sener y hasta la CFE, nunca cubrieron sus adeudos millonarios por el consumo de energía, y poderosas empresas privadas evadieron el pago mediante diablitos u oscuros convenios. Además, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas señalan que mientras ellos firmaban convenios de productividad (y se disputaban la dirigencia), la empresa aplicaba políticas comerciales deficientes y condonaba las deudas millonarias de gobiernos municipales y estatales.
Entre los argumentos del decreto que la Presidencia publicó el domingo 11 para liquidar Luz y Fuerza del Centro (LFC), el gobierno de Felipe Calderón no incluyó que parte de la descapitalización de la paraestatal fue provocada por los millonarios adeudos de dependencias federales, así como de grandes empresas nacionales y corporaciones trasnacionales.
Tampoco se refirió a que recientemente el director de la ahora extinta paraestatal condonó las millonarias deudas de los municipios del Estado de México, Hidalgo, Morelos y San Luis Potosí. Ni cuestionó los convenios del gobierno capitalino con la paraestatal, como el relativo a la Torre Mayor, donde se instaló un software distinto al que tenía LFC, lo que impide conocer cuánta electricidad consume.
Entre todos estos casos suman aproximadamente 6 mil 500 cuentas especiales, de las cuales sólo 40% equivalían a 75% del presupuesto total de LFC.
De acuerdo con una lista elaborada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), alrededor de 30 dependencias federales adeudan millones de pesos por consumo de energía. Asimismo, el sindicato tiene una lista de 483 empresas que se “cuelgan” directamente de los cables mediante las conexiones improvisadas conocidas como diablitos.
El martes 13, en el mitin frente a la Cámara de Diputados donde el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador manifestó su apoyo al SME, el dirigente sindical Martín Esparza denunció que la residencia oficial de Los Pinos, varios hoteles lujosos e incluso los periódicos Reforma y Unomásuno tienen conexiones irregulares.
En entrevista con este semanario, Esparza explica que Reforma tiene una conexión triple, pero sólo se le factura una; y que a Unomásuno se le factura la energía de sus rotativas como si se tratara de energía de uso casero.
Revela también que los diarios Milenio y El Universal, lo mismo que Televisa, Televisión Azteca y algunas radiodifusoras, tenían privilegios en el pago del servicio, pues se les descontaba hasta 50% por órdenes de Jorge Gutiérrez Vera, el último director de LFC y quien fue miembro del Consejo Editorial de Economía de Reforma.
Farol de la calle
En la mencionada lista del SME se precisan cifras: la Presidencia debe 5 millones 801 mil 45 pesos. Al respecto, una nota del periódico Milenio, del miércoles 14, señala que en la página web de la Tesorería constaba el pago de la Presidencia por 1 millón 93 mil 504 pesos, realizado apenas el jueves 8, tres días antes de que Felipe Calderón decretara la desaparición de LFC. No obstante, esos datos no son públicos.
La nota periodística agrega que “al mostrarle el documento oficial, el líder sindical se limitó a reiterar que la Presidencia ‘tiene adeudos’, pese a que eso no se registra en el calendario de pagos”.
En su documento, el SME señala que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) es la dependencia federal con el mayor adeudo: 321 millones 308 mil 108 pesos.
De igual forma, registra que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe 11 millones 10 mil 81 pesos; su organismo descentralizado Telecomunicaciones de México, 10 millones 165 mil 279; la Secretaría de Gobernación (Segob), 11 millones 243 mil 393; la de Trabajo y Previsión Social (STPS), 998 mil 689; la Defensa Nacional (Sedena), 3 millones 34 mil 143 pesos, y “Sedena dirección general”, 11 millones 826 mil 872 pesos; mientras que el Consejo de la Judicatura Federal tiene pendiente el pago de 8 millones 163 mil 617 pesos.
Según el listado del SME, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) adeudaba a LFC 13 millones 252 mil 520 pesos; el Poder Judicial de la Federación, 7 millones 60 mil 101; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 4 millones 386 mil 478; la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), 2 millones 504 mil 514; y la Lotería Nacional, 2 millones 360 mil 369 pesos.
De igual forma, la Contraloría debe 3 millones 542 mil 958 pesos; la Procuraduría General de la República (PGR), 3 millones 650 mil 502, y Liconsa, 2 millones 479 mil 325 pesos.
Los adeudos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) son más complejos: como dependencia debe 3 millones 266 mil 57 pesos; su Coordinación de Administración Fiscal, 9 millones 117 mil 284, y su área de Cobro Foráneo, 722 mil 987 pesos.
Lo increíble es que en el listado de grandes deudores de LFC estén incluidas la cabeza del sector, Secretaría de Energía (Sener), con 517 mil 896 pesos, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 2 millones 274 mil 98 pesos.
Otras cuentas por saldar son las de la embajada de Estados Unidos, por 1 millón 798 mil 82; las tiendas Suburbia, por 8 millones 604 mil 442; Radio Móvil Dipsa, 15 millones 789 mil 361, y Nextel de México, 12 millones 180 mil 716 mil pesos.
Otro documento da cuenta del avance, hasta agosto pasado, de los servicios atendidos por los trabajadores de LFC en las cuentas especiales que la paraestatal tenía en liquidación. Allí se indica que muchas empresas tuvieron problemas por colgarse de los cables para no pagar la energía eléctrica.
Es el caso de sucursales de Gigante, Geo Edificaciones, Hipódromo de las Américas, Grupo Nacional Provincial, “Banco Bilbao Vizcaya”, Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, Laboratorios Médicos El Chopo, Sears Roebuck de México, Camino del Sol a Santa Fe, Desarrollo Inmobiliario Santa Fe, Tiendas Soriana, Acermex, Periodística Meridiano –que edita el periódico AM en León, Guanajuato–, el centro comercial Coppel y varias gasolineras.
También se colgaron de los cables la Universidad El Pedregal, la Escuela Secundaria y Preparatoria Justo Sierra, el Hospital de Traumatología del IMSS, Compañía Hotelera del Ángel y sucursales de Comercial Mexicana, Telmex, Blockbuster, Compañía Comercial Herdez, Milano, Elektra del Milenio, Sport City Lomas Verdes, Yale de México, Concanmex y Sanborns.
Incurrieron en el mismo delito –según el documento del SME– la Universidad La Salle, la mina El Tesoyo, la pista de patinaje de Inmobiliaria Cielo Azul, la Pista Olímpica de Hielo, Cinemex Zaragoza, el edificio del Fideicomiso de Fomento Minero, Operadora Vips, el Club Deportivo Cruz Azul, las oficinas Cosbel, Hotel Motel Casa Blanca... y así hasta sumar 483 empresas conectadas de manera irregular.
Hoyos financieros
Este año, el último que operó, LFC reportó, hasta marzo, 11 millones 723 mil 598 pesos por venta de energía. Recibió 3 millones 459 mil 238 pesos por las cuentas ordinarias y 8 millones 51 mil 994 por las especiales. Los gobiernos estatales pagaron 13 mil 132 pesos; los municipales 171 mil 641; el gobierno federal, 151 mil 713 pesos, y el gobierno capitalino 275 mil 749.
Tan sólo el año pasado, sostener la nómina de los trabajadores activos costó 12 mil 866 millones 427 mil 906 pesos, y las pensiones 11 mil 824 millones 841 mil 280 pesos.
LFC distribuía energía eléctrica al Distrito Federal, a 83 municipios del Estado de México, a 45 de Hidalgo, a dos de Morelos y a tres de Puebla. Los municipios debían 3 millones 965 mil 227 pesos y los gobiernos estatales 310 mil 178. Y pese a la precariedad financiera, entre 2008 y el presente año el director de LFC, Jorge Gutiérrez Vera, condonó las deudas de los ayuntamientos mexiquenses e hidalguenses.
Entrevistado antes del decreto del domingo 11, que consumó la liquidación de la empresa, Alejandro Muñoz –el tesorero del SME que se disputó la dirigencia con Martín Esparza– atribuyó esa decisión de Gutiérrez Vera al deseo de quedar bien con el presidenciable gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y a que Hidalgo es la entidad natal del líder Martín Esparza.
De acuerdo con el Área de Recuperación de Pérdidas, que también dirigió Muñoz, en ocho meses se recuperaron 9 mil millones de pesos por concepto de cobro de adeudos. Sin embargo, a decir de Mateo Huarte, quien trabajaba en el área hasta que fue despedido en mayo pasado por oponerse a la dirigencia de Esparza, las pérdidas mayores se reportan en las cuentas especiales.
“De estas 6 mil 500 cuentas, alrededor de 40% equivalen a 75% de los ingresos totales de LFC. Este grupo, en ocho meses, realizó alrededor de 5 mil operativos y obtuvo cerca de mil millones de pesos por concepto de recuperación de deuda”, indica en entrevista.
Huarte denuncia que también fomentaban pérdidas el uso del mismo tipo de medidores desde hace 17 años y las políticas comerciales de LFC, como la tarifa DAC (servicio Doméstico de Alto Consumo) creada en 2002 por el entonces presidente Vicente Fox para cobrarle más a quien consumiera más de 250 kilowatts/hora al mes.
Un caso especialmente problemático es el de la Torre Mayor porque sus constructores instalaron equipo de medición distinto al que utilizaba LFC, que de esa forma no podía conocer el historial de consumo eléctrico del edificio.
Según Huarte, el director general de LFC, Jorge Gutiérrez Vera, se reunió con representantes de la Sener y acordaron hacer que se reinstalaran los equipos de medición operados por la paraestatal. Pero, agrega Huarte, “yo no sé si se hizo, porque el 8 de mayo, con la ruptura política, nos lanzaron de la oficina en Juárez 90. Desde ese día no tenemos información de lo que pasa en la empresa”.
La misma situación enfrentó la paraestatal con las cementeras Apasco y Cemex, algunas empresas vidrieras y Palmolive. En el Hipódromo de las Américas ni siquiera dejan entrar a los empleados que toman la lectura de los medidores. El edificio corporativo de Liverpool, ubicado en Santa Fe, debía pagar 40 mil y 70 mil pesos por consumos ilícitos en enero y febrero de este año, pero no quiso acatar las reglas y terminó pagando 5 y 6 millones.
Lo mismo sucedió con las instalaciones de Honda, en Santa Fe, condominios, inmobiliarias, restaurantes como La Mansión, la tienda Liverpool de Polanco, e incluso con el hotel Suites del Ángel, ubicado atrás de la embajada de Estados Unidos y con el que el SME tiene un convenio de descuento para sus afiliados que vienen de los estados a congresos, mítines y reuniones.
A estos perjuicios para LFC hay que sumarles que aproximadamente 50% de los usuarios tiene conexión pero no paga, se cuelga con un diablito o manipula el medidor. “No existe el dato exacto”, afirma Huarte.
Rumbo a la privatización
En México la electricidad es cara, entre otros factores porque la CFE compra 40% de la energía a empresas extranjeras. Y LFC no genera electricidad pero le da servicio a las empresas, se encarga del alumbrado público y de los usuarios domésticos. El mayor consumidor es el Sistema de Transporte Colectivo Metro, del Distrito Federal.
La Auditoría Superior de la Federación recomendó desde 2006 la liquidación de la paraestatal por considerarla inviable. De cualquier manera, el año pasado LFC y el SME firmaron un convenio de productividad que, de acuerdo con Alejandro Muñoz, era inviable y hubiera provocado la desaparición de la empresa en 2011. En ese momento LFC reportaba pérdidas de 30% contra 4% de la CFE.
Con el convenio de productividad, el Área de Recuperación de Pérdidas se dio a la tarea de cobrar adeudos y logró rescatar mil millones de pesos en menos de un año, dinero que se preveía utilizar para modernizar la paraestatal. Huarte comenta que LFC negociaba con los deudores cuando se trataba de empresas privadas.
Explica que la paraestatal tenía más de 40 mil trabajadores, pero hubiese podido operar con 22 mil y se hubiera saneado combatiendo la corrupción. Un ejemplo de ese mal, dice, fue el fraude por más de 1 millón de pesos cometido por Mario Garfias, quien no obstante fue reinstalado como representante sindical de Inspección.
En 2001 se creó el Programa de Reducción de Pérdidas (Prep 25-15), que trataba de reducirlas de 25% a 15%. Huarte calcula que, con proyectos como ese, LFC habría dejado de operar con números rojos en cinco años.
Hubo otros intentos. En la cláusula décima del convenio de reestructuración que firmó el SME con LFC sobre su contrato colectivo de trabajo 2008-2010, se acordó realizar los estudios de factibilidad técnica, jurídica y económica para gestionar ante la SCT y la Cofetel la concesión de la red pública de telecomunicaciones para la prestación de servicios de transmisión de voz, datos y video a través de una filial de LFC creada para este fin y aprovechando la infraestructura del organismo. El 30 de junio pasado se inició dicha gestión.
Asimismo, en la cláusula octava estipularon que el gobierno federal, a través de la Sener, convocaría a la instalación de una mesa de trabajo, en la que participaría la Cofetel, para revisar el contrato de compraventa de energía que celebraron la Sener y LFC el 23 de febrero de 2000 “con la finalidad de disminuir el precio de la energía en bloque”.
Sin embargo, el plan se derrumbó. Desde 2007 la empresa WL Comunicaciones firmó el convenio para conectarse a la red de mil 100 kilómetros de fibra óptica con el fin de ofrecer el servicio conocido como Triple Play (televisión por cable, telefonía e internet), dejando al SME fuera de la jugada, según informó Esparza (Proceso 1719).
Con ese acuerdo el SME pretendía competir directamente con Cablevisión, empresa que brinda sus servicios mediante la conexión eléctrica pero, a decir del líder sindical, “se cuelga de los postes de LFC”.
Esparza señaló a este semanario que José Antonio Prado Carranza, quien asesoró al gobierno federal en este proceso de liquidación de LFC, antes avaló cinco convenios y contratos de combustible asignados a Ivancar, la empresa del desaparecido secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, cuando fue gerente jurídico de Convenios y Contratos, Consultoría y Prevención de Pemex y uno de los principales operadores del panista César Nava.

RODRIGO VERA

Proceso.com.mx
Exsalinista y ahora crítico de las políticas neoliberales que caracterizaron a sexenios como el de Carlos Salinas de Gortari, opositor a los afanes por privatizar las industrias petrolera y eléctrica, el exsenador Manuel Bartlett Díaz sentencia: El “golpe fascista” asestado por Felipe Calderón al Sindicato Mexicano de Electricistas busca abrirle paso a empresas trasnacionales. De hecho, apunta, esas firmas generan ya más del 40% de la energía eléctrica que se produce en el país.
El objetivo del presidente Felipe Calderón al dar su “golpe de Estado” contra Luz y Fuerza del Centro no fue aniquilar a esta empresa paraestatal, sino más bien a su sindicato, el Mexicano de Electricistas (SME), pues se trata de un poderoso gremio, “combativo y nacionalista”, que lleva años oponiéndose a los intentos gubernamentales de privatizar el sector energético del país.
Con la eliminación de ese sindicato –uno de sus principales obstáculos–, Calderón planea acelerar el otorgamiento de permisos a compañías trasnacionales, que inconstitucionalmente ya están generando más de 40% de la energía eléctrica que se produce en México.
El exsenador Manuel Bartlett Díaz, contumaz opositor a la privatización energética, llega a la anterior conclusión y agrega categórico:
“Son puras falacias eso de que se suprimió a Luz y Fuerza del Centro por su falta de eficiencia y competitividad. ¡Mentira! El objetivo de Calderón fue realmente acabar con el sindicato de la empresa.”
–¿Qué razones tenía?
–El SME era el único sindicato que se oponía a la política de privatizaciones. Era el núcleo más fuerte y vital que defendía los intereses nacionales en materia energética. Así de sencillo.
Bartlett se acoda en la mesa rectangular de su despacho, de la colonia Roma, y prosigue:
“¿Sabe cuál es la única diferencia entre Luz y Fuerza y la Comisión Federal de Electricidad, las dos empresas estatales encargadas de suministrar energía eléctrica? Pues la única diferencia la hacen sus sindicatos. ¡Nada más! El sindicato de la primera empresa ha sido combativo históricamente. Era el único que tomaba sus decisiones democráticamente, mediante largos debates en asambleas. Sus miembros eran verdaderamente agremiados.
“En cambio, el de la segunda, el SUTERM (Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana) se convirtió en un manso gremio que sigue los dictados de los privatizadores; desde Salinas de Gortari hasta Calderón. Y esto yo se lo llegué a decir públicamente a su líder Rodríguez Alcaine: ‘Entregaste la materia de trabajo a las empresas extranjeras’.”
Como senador, de 2000 a 2006, Bartlett Díaz encabezó a los legisladores opuestos a la privatización de la industria petrolera y eléctrica que entonces impulsaban el presidente Vicente Fox y su secretario de Energía, Felipe Calderón. Sobre esas experiencias, Bartlett escribió dos libros: Reforma energética, un modelo privatizador y El petróleo y Pemex. Despojo a la nación.
Relata Bartlett que, en esa lucha, siempre tuvo al SME como aliado permanente:
“De pronto, hay que reconocerlo, a los legisladores nos apoyaban algunos otros sindicatos, pero el que permanentemente nos respaldó fue el de los electricistas. Su presencia y su lucha política siempre estuvieron contra las políticas entreguistas del gobierno.
“Ahora, justamente a ese sindicato es al que Calderón le asestó un golpe brutal, inhumano y fascista, mandando a la calle a sus miles de trabajadores. Todas las demás argumentaciones son puras falacias. El Ejecutivo dio un paso gravísimo para fortalecer su poder autoritario, montado en la fuerza y el engaño.”
Bartlett hace una pausa. Reflexiona. Luego asegura enfático:
“Calderón es un presidente golpista. En realidad, lo que acaba de perpetrar es un verdadero golpe de Estado”.
El político poblano se incorpora de su asiento. Va a una oficina contigua para traer el Diccionario de política de Norberto Bobbio. Consulta la definición del término. Y comenta:
“Sí, aquí se señala que un golpe de Estado es un acto llevado a cabo por el soberano, o por el titular de un sector clave de la burocracia, para reforzar su propio poder. Por lo general, se ejecuta sorpresivamente para evitar las reacciones contrarias de quienes sufren el golpe. Y se utiliza parte del aparato de Estado para ejecutarlo.”
Compara: “Calderón también actuó sorpresivamente y en la noche, valiéndose de la fuerza. A este golpe de Estado lo están apoyando la fuerza militar y policiaca, así como las televisoras y las empresas extranjeras. Todos ellos están creando una atmósfera hostil contra el sindicato, un linchamiento permanente, y sólo por ser un estorbo para los propósitos privatizadores de la energía eléctrica”.
–Habla de que tiene tintes fascistas…
–Sí. El fascismo es la antidemocracia de la extrema derecha. ¡Mussolini! ¡Pinochet! El de Calderón es también un gobierno golpista de derecha que actúa en la oscuridad, liquida a miles de trabajadores y amedrenta con el Ejército. ¡Vaya! Hasta su secretario de Gobernación, que es un pendenciero, lanza amenazas contra los mexicanos que desaprobamos sus arbitrariedades. Estamos avanzando peligrosamente hacia un Estado policiaco y militar. El Ejército ya controla casi todas las direcciones estatales de la policía. En tanto, se reducen las garantías individuales de la población.
Lamenta Bartlett que el golpe de Calderón lo respalde un sector del PRI encabezado por Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes y Francisco Labastida. Y abunda:
“Este golpe de autoritarismo brutal está inspirado en el que asestó Carlos Salinas contra el sindicato petrolero. Tiene todo el toque y la filosofía salinista. Por algo, Salinas es el gran capo de los grupos que hoy controlan al PRI. Calderón llegó a un acuerdo con ellos antes de dar ese paso.”
Bartlett menciona luego el decreto, fechado el 11 de octubre, mediante el que Calderón extingue a Luz y Fuerza del Centro:
“Ese decreto es totalmente inconstitucional, ilegal y falaz. El presidente debió consultar al Congreso antes de desaparecer a la empresa con todo y sus trabajadores, ya que la empresa se creó a través de un mandato legal, de un acto legislativo”, dice.
–El decreto argumenta que se desaparece a la empresa por ineficiente, por onerosa, por sus pasivos laborales…
–Todo eso es pura manipulación con sesgos derechistas. La misma manipulación utilizada para la reforma petrolera. Además, se utilizan las fallas administrativas –que son culpa de la Secretaría de Energía y del gobierno– para achacárselas al sindicato.
“Se dice que había grandes pérdidas económicas y que se daba muy mal servicio, pues eso le correspondía resolverlo al gobierno. Se dice que las tarifas eléctricas eran muy altas. El problema debió resolverlo la Secretaría de Hacienda, que es la que fija las tarifas, no el sindicato.
“Además, no olvidemos que la mayor parte de la energía eléctrica, 80%, no es para uso habitacional, sino que la gastan los grandes consumidores. Y es aquí donde hay un gran robo de energía que es tolerado por el gobierno y provoca grandes pérdidas económicas. Hay hoteles enteros que no pagan energía.
“¡Caray! El mismo Felipe Calderón fue secretario de Energía. Por qué no resolvió esas anomalías de las que hoy se queja, por qué no obligó a pagar a los grandes consumidores. Él también es responsable. Llevémoslo, pues, a juicio… Su decreto es puro engaño a la población… que no nos venga con cuentos.”
–¿Y respecto a las prebendas que se le imputan al SME?
–Se le achacan muchos privilegios, es cierto. Pero a fin de cuentas fueron prerrogativas ganadas a través de contratos colectivos. Aquí tendría que haberse negociado con el sindicato para quitarle prestaciones. Ahora, tengo entendido que gozaba de beneficios muy similares a los del SUTERM, el otro sindicato de electricistas.
“Y si se trata de acabar con privilegios, por qué entonces no se liquidó al sindicato de maestros, o al de petroleros. El secretario de Gobernación ya declaró que contra estos dos sindicatos no se tomará ninguna medida. ¿De qué se trata entonces? No cabe duda: obedeciendo a los intereses trasnacionales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que exigen se privatice el sector energético, Calderón liquidó a ese sindicato incómodo que salía a las calles, protestaba y lanzaba consignas a favor de nuestra soberanía.”
Bartlett –quien también fue gobernador de Puebla y secretario de Gobernación– sostiene que la energía es un “sector estratégico” para impulsar el desarrollo, la independencia y la autonomía del Estado mexicano. Y afirma que “quien controla la energía controla al país”. Por desgracia, asegura, desde hace tiempo se viene privatizando la energía eléctrica.
Detalla:
“Si uno extendiera un mapa del país donde se señalen los lugares en que operan las empresas extranjeras que generan energía eléctrica, comprobaríamos con sorpresa que están metidas por todas partes. Actualmente ya están generando más de 40% de la energía. Incluso se la venden a la CFE y hasta se encarga de distribuirla. El hecho es una violación flagrante a nuestra Constitución política. Pero el gobierno lo permite.”
Entre las principales empresas extranjeras que operan en el país destacan las españolas Iberdrola y Unión Fenosa; las estadunidenses Enron, Intergen y GE-Bechtel; las japonesas Mitsubishi y Nichimen-AES; la francesa EDF, y la canadiense Trans Alta.
Las trasnacionales tienen distribuidas en el territorio nacional sus plantas generadoras. Algunas empresas consiguieron contratos para venderle energía a la CFE, como es el caso de Iberdrola, que pactó un convenio para hacerlo hasta el año 2031. Estas prácticas violan el artículo 27 constitucional, que reserva al Estado la exclusividad del sector eléctrico.
Documentación del SME dada a conocer en el diario La Jornada el pasado martes 13 revela cómo se ha ido incrementando la participación privada en el sector: a principios de los noventa las trasnacionales controlaban 22% de la generación de energía en el país. Al concluir el sexenio de Calderón, se pretende que “controlen 58% de la capacidad instalada de generación en México, convirtiendo la privatización eléctrica en un hecho consumado”.
La misma CFE –en su Programa de Obras de Inversiones del Sector Eléctrico 2009-2018– reconoce su enorme dependencia (casi 60%) de la inversión privada extranjera y nacional, bajo diferentes esquemas financieros, como “productor independiente”, “cogeneración” o “autoabastecimiento”.
En los próximos 10 años, la empresa requerirá de una inversión cercana a los 636 mil 244 millones de pesos, de los cuales más de 50% –367 mil 749 millones– tendrán que provenir del sector privado extranjero y mexicano.
Las cifras oficiales señalan que la CFE atiende a “casi 80 millones de habitantes, e incorpora anualmente a más de 1 millón de clientes nuevos”. El 22.7% de sus ventas estaban destinadas a la hoy extinta Luz y Fuerza del Centro.
También revelan la enorme diferencia en el suministro que se le da al sector doméstico y al industrial:
“Si bien el sector doméstico agrupa 88.15% de los clientes, sus ventas representan 27.18% del total de ventas al público. Una situación inversa ocurre en el sector industrial, donde menos de 1% de los clientes representan más de la mitad de las ventas.”
El martes 13, la Secretaría de Energía anunció que los servicios de Luz y Fuerza del Centro ahora serán cubiertos por la CFE, con el fin de tener “los mismos estándares de calidad en toda la República Mexicana”.
De esta manera, la CFE, ya de por sí dependiente del capital privado, ahora tendrá que expandirse a las entidades que cubría la empresa suprimida: Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Sin embargo, Alfredo Elías Ayub, director de la paraestatal, declaró entusiasmado: “Sí podemos con la chamba”.
Para Bartlett, nadie mejor que Elías Ayub para proseguir con la privatización:
“Durante los seis años que estuve en el Senado, los legisladores le argumentábamos a Elías Ayub, una y otra vez, lo inconveniente de privatizar la electricidad, puesto que un servicio público se convierte en un negocio cuyo objetivo es la ganancia. Nunca nos hizo caso. Siguió y siguió privatizando. Él es un instrumento servil de las trasnacionales.”
Comenta que el proceso privatizador lo inició Salinas de Gortari a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio, cuando se “deformó y prostituyó el concepto de servicio público”. Se creó la Comisión Reguladora de Energía y se empezaron a otorgar permisos a empresas extranjeras. Zedillo continúo en la misma línea.
¿Y qué pasó durante el foxismo?
–La privatización se aceleró durante la administración de Vicente Fox, quien incluso reformó el reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, con el fin de ampliar las figuras privatizadoras inconstitucionales. Ante esto, pusimos una controversia constitucional ante la Suprema Corte, que declaró inconstitucional esa reforma foxista apoyada por Felipe Calderón, su secretario de Energía.
Añade que, en sus afanes privatizadores, Fox y Calderón continuaron en litigio contra los legisladores, en el que también intervino la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Pero no se llegó a gran cosa y el caso quedó inconcluso.
Bartlett recalca por último:
“En nuestras batallas en el Congreso por la soberanía energética, el sindicato de electricistas jamás nos dio la espalda. Hoy fue víctima de un golpe de Estado. ¿A quién aplastará mañana Calderón?... ¿Quién sigue?... ¿Con quiénes usará la fuerza militar?... Todos corremos el riesgo de sufrir la misma represión autoritaria y fascistoide.”