Termina la tregua y Jalisco vuelve a ensangrentarse
20:46
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domingo, 30 de mayo
Felipe Cobián y Alberto Osorio Méndez
Revista Proceso.
GUADALAJARA, Jal.- La calma que caracterizó durante los últimos tres lustros a la zona metropolitana tapatía –en parte debida a una tregua entre cárteles de la droga y al disimulo de las autoridades– quedó rebasada en los últimos meses debido a las escaramuzas protagonizadas por las bandas del narcotráfico que luchan por el control de la plaza.
Ante los enfrentamientos recientes entre sicarios de grupos rivales, el Ejército movilizó sus tropas y realizó varios operativos en los que detuvo a varios sospechosos de fomentar la violencia, además de incautar armas de alto poder y estupefacientes. El más sonado fue el del miércoles 5 por la noche, cuando elementos de las Fuerzas Armadas irrumpieron en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande.
En lo que va del año en Jalisco ha habido 129 ejecuciones, de las cuales seis se cometieron entre el miércoles 26 y el jueves 27. Ese miércoles, poco antes de que las autoridades localizaran los primeros cuerpos, algunos de ellos mutilados, el procurador de Justicia del Estado, Tomás Coronado Olmos, declaró que el número de ajusticiados ascendía hasta ese momento a 123, frente a los 84 registrados durante 2009.
José Nicolás Araujo, director operativo de la Policía Municipal de Zapopan, es una de las víctimas recientes de la violencia en la entidad. Fue ejecutado en el exterior de su casa el sábado 22. Hasta el cierre de esta edición la procuraduría estatal realizaba sus pesquisas a partir de tres líneas de investigación.
Varios agentes comentan a Proceso, a condición de que se omitan sus nombres, que la violencia se acrecentó luego del levantón, el pasado 3 de abril en Bahía de Banderas, Nayarit, del joven Alejandro Coronel, de 16 años, hijo de Ignacio Nacho Coronel Villarreal, lugarteniente de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en Jalisco.
Los policías consultados aseguran que el líder del cártel de Sinaloa es el principal objetivo de Los Zetas, quienes incursionaron en territorio jalisciense desde hace varios meses y buscan arrebatarle la hegemonía a la organización que dirige El Chapo. Dicen, incluso, que los integrantes de ese grupo paramilitar llegaron a Jalisco por la franja periférica del noreste.
Se desplazaron desde Ojuelos y Lagos de Moreno hasta Colotlán, al norte del estado, para luego bajar hacia Tequila y Magdalena, en el noroeste. Arribaron después a Puerto Vallarta, en el oeste, pasando por Nayarit. Es en este corredor donde, dicen los uniformados, han tenido varios enfrentamientos con integrantes del cártel del Pacífico, aliado de El Chapo.
La madrugada del día en que presuntamente fue levantado el hijo de Nacho Coronel, relatan los entrevistados, un comando de más de 30 personas llegó al conjunto habitacional El Tigre, en Bahía de Banderas, a pocos kilómetros de Vallarta. Sacaron al dirigente regional de la Federación de Estudiantes Universitarios de Guadalajara, Luis Fernando Gurrola Coronado, y lo arrastraron hasta el césped de la cancha de golf, donde lo ejecutaron.
Dos mujeres que presenciaron la acción declararon ante el Ministerio Público nayarita que los pistoleros se llevaron a dos adolescentes, uno de ellos presuntamente es el hijo de Nacho Coronel. Hasta hoy, ninguna autoridad de Nayarit ha confirmado que uno de los dos jóvenes levantados sea Alejandro Coronel.
Tres días después, un comando de más de 100 hombres respondió con el levantamiento, en la capital de Nayarit, de 12 personas, entre ellas José Luis Estrada Martínez, El Pepino, y su padre. Eran presuntos sicarios de Los Zetas.
Poco después fueron localizados sus cuerpos. En las inmediaciones del poblado nayarita de San José de Castilla estaban ocho de ellos, totalmente calcinados; los otros cuatro estaban esparcidos en el área cercana y tenían el tiro de gracia, según el reporte policiaco.
Los Coronel, a la baja
El académico Dante Haro Reyes, de la Universidad de Guadalajara, comenta que aun cuando las bandas de narcotraficantes coexistieron de manera pacífica durante más de tres décadas en Jalisco, la guerra que desataron es para apoderarse de la plaza.
Experto en asuntos de seguridad, Haro Reyes no descarta que en esta fase de violencia desatada por las bandas criminales, El Chapo y sus seguidores, en particular Nacho Coronel, vayan perdiendo el control de la plaza.
En marzo de 2009, por ejemplo, fue detenido en Tlajomulco de Zúñiga un sobrino de Nacho Coronel, informaron los medios locales el día 14 de ese mes. Se trata de José Ángel Carrasco Coronel, alias El Changel, junto con otros hombres armados.
En aquella ocasión, el procurador Coronado Olmos declaró que El Changel y sus compañeros fueron remitidos a la delegación de la PGR. Sin embargo, los detenidos nunca llegaron a la delegación de esa institución, según informó El Universal el 22 de marzo de 2009. Horas después, todos los detenidos recuperaron su libertad tras pagar una fianza.
La segunda semana de enero último, en un enfrentamiento con el Ejército, fueron detenidos Jesús Gutiérrez López, Raymundo Larios Vizcarra, Ernesto Coronel Peña, José Jaime Coronel y Juan Ernesto Coronel Herrera. Los tres últimos al parecer son parientes de Nacho Coronel; en la refriega murió también su compañero Avelino Quiñones.
El día 18 de ese mes, la PGR informó sobre la captura de Gael Carbel Aldana, presunto operador de Nacho Coronel en los municipios de Chapala, La Barca y Mazamitla, en Jalisco, y de Óscar Nava Valencia, El Lobo Valencia. Los dos habían enfrentado a un contingente militar en Tlajomulco de Zúñiga. Carbel y Nava están en el Cefereso número 3 de Matamoros, Tamaulipas.
La situación del lugarteniente del Chapo en Jalisco sería más grave aún si se comprueba la versión de que fue detenido entre el jueves 13 y el viernes 14 pasados durante un cateo simultáneo a diferentes fincas en el fraccionamiento Bugambilias, en la zona metropolitana de Guadalajara, y en El Molino, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco.
De acuerdo con versiones extraoficiales, en ese operativo habrían participado más de 60 marinos y al menos 30 agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Al ser interrogado sobre el particular, el secretario general de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, declaró al periódico tapatío Público que no podía “confirmar ni descartar nada” sobre la presunta captura de Nacho Coronel. Lo único que declaró es que en el presunto operativo no participaron agentes estatales. Hasta el viernes 28 de mayo la PGR no había informado nada al respecto.
Para Haro Reyes, es claro que la violencia en la entidad se ha recrudecido: “Podemos ver que desde el viernes 14 (fecha de la presunta detención de Coronel) se han desatado los ajusticiamientos; incluso se puede inferir que hay funcionarios ligados al crimen organizado”.
Desde ese día, la Policía Estatal Preventiva se reactivó. El viernes 21, por ejemplo, la corporación informó sobre la detención, en Mazamitla, de nueve personas, entre ellos un joven de 17 años, pertenecientes a la célula de La Familia michoacana, quienes “pretendían abrir plaza en Jalisco y que estaban desestabilizando la zona con asaltos y secuestros”, según el boletín oficial.
El sábado 22, policías preventivos y militares se enfrentaron con presuntos zetas en la zona serrana de Zapopan, en San Cristóbal de la Barranca y en la parte del sur de Zacatecas. En esas acciones no hubo ninguna baja, aun cuando estallaron siete granadas.
Para el día siguiente, el titular de Seguridad Pública estatal, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, presentó a 18 presuntos integrantes del cártel del Milenio capturados después de la balacera. El funcionario aseguró que les decomisaron 39 kilos de crystal, dos kilogramos de semillas de mariguana y cinco de metanfetaminas, así como 20 armas de fuego, lanzagranadas y cerca de 2 mil 200 cartuchos, siete vehículos todoterreno, entre ellos, una jeep Commander, asignada al diputado del PRD, Raúl Vargas, quien la víspera había reportado el robo de su vehículo.
Y el lunes 24, el Ejército exhibió ante los medios de comunicación más de 13 toneladas de mariguana confiscadas en el poblado de San Isidro Mazatepec, cercano a Guadalajara. Los militares comentaron que era uno de los decomisos más grandes de los últimos años en Jalisco.
Corrupción institucional
El especialista Dante Haro Reyes insiste en que la guerra del gobierno contra el crimen organizado, en particular contra los cárteles de la droga, es difícil de ganar. Una de las razones, dice, es que funcionarios públicos que tienen nexos con las organizaciones criminales.
–Cuándo usted nos comenta que hay funcionarios vinculados a la mafia, ¿de quién está hablando? –se le pregunta al académico.
–… La corrupción y el narcotráfico no se pueden entender sin una base social, y ésta la conforman las personas funcionarios de las dependencias de seguridad y otras áreas del gobierno que tienen ingerencia o interés en las ganancias fenomenales que reporta la delincuencia organizada.
“En este asunto también están inmiscuidos representantes del nivel municipal, e incluso elementos de corporaciones policíacas estatal y federal. Y aunque no tengo nombres, estamos hablando de una gran corrupción que crece cada día. Es claro que existe una protección política a los narcotraficantes”.
El académico insiste: Quienes ahora encabezan la lucha contra el grupo de El Chapo están interesados en asuntos relacionados también con la prostitución, tráfico de armas, secuestros, extorsiones y trata de personas. Pero matiza: aun cuando la venta y distribución de drogas –“un rentable negocio por el número de habitantes que tiene la mancha urbana tapatía”– es parte de estos objetivos, aún no es su principal actividad.
Sin embargo, ahora que Jalisco dejó de ser una zona de paso por las facilidades que ofrece su condición geográfica, comenta Haro Reyes, empiezan a establecerse en narcolaboratorios en ciudades medias de la entidad que son escogidas por sus carreteras y vialidades que la enlazan con Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas o Nayarit.
Incluso advierte que ante esta nueva realidad la sociedad civil se encuentra inmersa entre el avasallamiento de los grupos delincuenciales y las corporaciones, que aún no logran definir una estrategia conjunta para controlar la situación.
Los jefes policíacos todavía están discutiendo si hay una organización con mando único. Mientras, los municipios más alejados de la mancha urbana, como Tlajomulco, Tonalá o El Salto, se convierten en presas fáciles de la delincuencia. Y esa falta de coordinación es aprovechada por los grupos criminales, aun en ciudades como Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, enfatiza Haro Reyes.
El territorio que durante años era controlado por Nacho Coronel, se fracturó sobre todo por el rompimiento de los líderes del cártel del Pacífico, aún cercanos a El Chapo, con los hermanos Beltrán Leyva. A ello se debe que en Jalisco los acuerdos entre esas bandas ya no funcionen, comenta el entrevistado.
A ello deben sumarse las corruptelas de policías y funcionarios. Y explica: Es inaudito que en una misma corporación policiaca “haya funcionarios corruptos o elementos que protejan a grupos diferentes”.
Para Haro Reyes, la lucha por la zona metropolitana de Guadalajara debe entenderse a partir de los enfrenamientos registrados desde el año pasado en municipios como Tequila, Magdalena, Lagos de Moreno, Colotlán y los que colindan con Zacatecas y Nayarit. Es precisamente en esa zona donde Los Zetas controlan varias ciudades intermedias.
Y esboza la tesis del Estado fallido al que podríamos llegar, dice, si no se atienden los problemas de corrupción en los gobiernos estatal y municipal y si las corporaciones no se ponen de acuerdo para combatir a la delincuencia.
Explica: Una de las características de cualquier Estado es garantizar el respeto a las garantías de sus representados, así como legalidad y seguridad. Si no puede hacerlo, se convierte en un Estado fallido.
–¿Jalisco corre ese riesgo? –se le pregunta.
–Desde luego. Jalisco está en un tránsito hacia ello.
Haro Reyes asegura que las autoridades del estado deben prepararse para vivir tiempos “delicados” en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Hoy, abunda, el pacto de no agresión que funcionó durante los últimos 30 años entre los grupos del crimen organizado, simplemente ha dejado de funcionar. Prueba de ello es el creciente número de ejecuciones.
Tan sólo al inicio de la semana pasada, en menos de 24 horas se reportaban siete asesinatos y de manera inédita, la Procuraduría de Justicia admitía que entre enero y mayo de 2010, se habían reportado 123 asesinatos catalogados como ejecuciones, 40 e4n lo que corresponde a la zona metropolitana y 83 en poblaciones del interior del estado, mientras en 2009, hubo un total de 84 ejecutados lo que representa un aumento de mas del 30 por ciento, tan solo en cinco meses.
Haro Reyes remata: “Acabo de estar en Ciudad Juárez, donde hay hasta 12 crímenes por día. Sería lamentable que en aquí, en Jalisco, llegáramos a una situación similar a la de la denominada Zona Cero, como se conoce a Juárez”.
Frente al inusitado incremento de la violencia en la zona conurbada de Guadalajara, el viernes 28 el presidente municipal Aristóteles Sandoval propuso realizar una cumbre de seguridad. No obstante, el gobernador Emilio González Márquez dijo que a lo sumo organizará una reunión para el martes 2 de junio en el que participarán el secretario general de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, y los alcaldes metropolitanos. (Con información de Miguel A. Infante y Ana Lozano.)
Felipe Cobián y Alberto Osorio Méndez
Revista Proceso.
GUADALAJARA, Jal.- La calma que caracterizó durante los últimos tres lustros a la zona metropolitana tapatía –en parte debida a una tregua entre cárteles de la droga y al disimulo de las autoridades– quedó rebasada en los últimos meses debido a las escaramuzas protagonizadas por las bandas del narcotráfico que luchan por el control de la plaza.
Ante los enfrentamientos recientes entre sicarios de grupos rivales, el Ejército movilizó sus tropas y realizó varios operativos en los que detuvo a varios sospechosos de fomentar la violencia, además de incautar armas de alto poder y estupefacientes. El más sonado fue el del miércoles 5 por la noche, cuando elementos de las Fuerzas Armadas irrumpieron en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande.
En lo que va del año en Jalisco ha habido 129 ejecuciones, de las cuales seis se cometieron entre el miércoles 26 y el jueves 27. Ese miércoles, poco antes de que las autoridades localizaran los primeros cuerpos, algunos de ellos mutilados, el procurador de Justicia del Estado, Tomás Coronado Olmos, declaró que el número de ajusticiados ascendía hasta ese momento a 123, frente a los 84 registrados durante 2009.
José Nicolás Araujo, director operativo de la Policía Municipal de Zapopan, es una de las víctimas recientes de la violencia en la entidad. Fue ejecutado en el exterior de su casa el sábado 22. Hasta el cierre de esta edición la procuraduría estatal realizaba sus pesquisas a partir de tres líneas de investigación.
Varios agentes comentan a Proceso, a condición de que se omitan sus nombres, que la violencia se acrecentó luego del levantón, el pasado 3 de abril en Bahía de Banderas, Nayarit, del joven Alejandro Coronel, de 16 años, hijo de Ignacio Nacho Coronel Villarreal, lugarteniente de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en Jalisco.
Los policías consultados aseguran que el líder del cártel de Sinaloa es el principal objetivo de Los Zetas, quienes incursionaron en territorio jalisciense desde hace varios meses y buscan arrebatarle la hegemonía a la organización que dirige El Chapo. Dicen, incluso, que los integrantes de ese grupo paramilitar llegaron a Jalisco por la franja periférica del noreste.
Se desplazaron desde Ojuelos y Lagos de Moreno hasta Colotlán, al norte del estado, para luego bajar hacia Tequila y Magdalena, en el noroeste. Arribaron después a Puerto Vallarta, en el oeste, pasando por Nayarit. Es en este corredor donde, dicen los uniformados, han tenido varios enfrentamientos con integrantes del cártel del Pacífico, aliado de El Chapo.
La madrugada del día en que presuntamente fue levantado el hijo de Nacho Coronel, relatan los entrevistados, un comando de más de 30 personas llegó al conjunto habitacional El Tigre, en Bahía de Banderas, a pocos kilómetros de Vallarta. Sacaron al dirigente regional de la Federación de Estudiantes Universitarios de Guadalajara, Luis Fernando Gurrola Coronado, y lo arrastraron hasta el césped de la cancha de golf, donde lo ejecutaron.
Dos mujeres que presenciaron la acción declararon ante el Ministerio Público nayarita que los pistoleros se llevaron a dos adolescentes, uno de ellos presuntamente es el hijo de Nacho Coronel. Hasta hoy, ninguna autoridad de Nayarit ha confirmado que uno de los dos jóvenes levantados sea Alejandro Coronel.
Tres días después, un comando de más de 100 hombres respondió con el levantamiento, en la capital de Nayarit, de 12 personas, entre ellas José Luis Estrada Martínez, El Pepino, y su padre. Eran presuntos sicarios de Los Zetas.
Poco después fueron localizados sus cuerpos. En las inmediaciones del poblado nayarita de San José de Castilla estaban ocho de ellos, totalmente calcinados; los otros cuatro estaban esparcidos en el área cercana y tenían el tiro de gracia, según el reporte policiaco.
Los Coronel, a la baja
El académico Dante Haro Reyes, de la Universidad de Guadalajara, comenta que aun cuando las bandas de narcotraficantes coexistieron de manera pacífica durante más de tres décadas en Jalisco, la guerra que desataron es para apoderarse de la plaza.
Experto en asuntos de seguridad, Haro Reyes no descarta que en esta fase de violencia desatada por las bandas criminales, El Chapo y sus seguidores, en particular Nacho Coronel, vayan perdiendo el control de la plaza.
En marzo de 2009, por ejemplo, fue detenido en Tlajomulco de Zúñiga un sobrino de Nacho Coronel, informaron los medios locales el día 14 de ese mes. Se trata de José Ángel Carrasco Coronel, alias El Changel, junto con otros hombres armados.
En aquella ocasión, el procurador Coronado Olmos declaró que El Changel y sus compañeros fueron remitidos a la delegación de la PGR. Sin embargo, los detenidos nunca llegaron a la delegación de esa institución, según informó El Universal el 22 de marzo de 2009. Horas después, todos los detenidos recuperaron su libertad tras pagar una fianza.
La segunda semana de enero último, en un enfrentamiento con el Ejército, fueron detenidos Jesús Gutiérrez López, Raymundo Larios Vizcarra, Ernesto Coronel Peña, José Jaime Coronel y Juan Ernesto Coronel Herrera. Los tres últimos al parecer son parientes de Nacho Coronel; en la refriega murió también su compañero Avelino Quiñones.
El día 18 de ese mes, la PGR informó sobre la captura de Gael Carbel Aldana, presunto operador de Nacho Coronel en los municipios de Chapala, La Barca y Mazamitla, en Jalisco, y de Óscar Nava Valencia, El Lobo Valencia. Los dos habían enfrentado a un contingente militar en Tlajomulco de Zúñiga. Carbel y Nava están en el Cefereso número 3 de Matamoros, Tamaulipas.
La situación del lugarteniente del Chapo en Jalisco sería más grave aún si se comprueba la versión de que fue detenido entre el jueves 13 y el viernes 14 pasados durante un cateo simultáneo a diferentes fincas en el fraccionamiento Bugambilias, en la zona metropolitana de Guadalajara, y en El Molino, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco.
De acuerdo con versiones extraoficiales, en ese operativo habrían participado más de 60 marinos y al menos 30 agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
Al ser interrogado sobre el particular, el secretario general de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, declaró al periódico tapatío Público que no podía “confirmar ni descartar nada” sobre la presunta captura de Nacho Coronel. Lo único que declaró es que en el presunto operativo no participaron agentes estatales. Hasta el viernes 28 de mayo la PGR no había informado nada al respecto.
Para Haro Reyes, es claro que la violencia en la entidad se ha recrudecido: “Podemos ver que desde el viernes 14 (fecha de la presunta detención de Coronel) se han desatado los ajusticiamientos; incluso se puede inferir que hay funcionarios ligados al crimen organizado”.
Desde ese día, la Policía Estatal Preventiva se reactivó. El viernes 21, por ejemplo, la corporación informó sobre la detención, en Mazamitla, de nueve personas, entre ellos un joven de 17 años, pertenecientes a la célula de La Familia michoacana, quienes “pretendían abrir plaza en Jalisco y que estaban desestabilizando la zona con asaltos y secuestros”, según el boletín oficial.
El sábado 22, policías preventivos y militares se enfrentaron con presuntos zetas en la zona serrana de Zapopan, en San Cristóbal de la Barranca y en la parte del sur de Zacatecas. En esas acciones no hubo ninguna baja, aun cuando estallaron siete granadas.
Para el día siguiente, el titular de Seguridad Pública estatal, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, presentó a 18 presuntos integrantes del cártel del Milenio capturados después de la balacera. El funcionario aseguró que les decomisaron 39 kilos de crystal, dos kilogramos de semillas de mariguana y cinco de metanfetaminas, así como 20 armas de fuego, lanzagranadas y cerca de 2 mil 200 cartuchos, siete vehículos todoterreno, entre ellos, una jeep Commander, asignada al diputado del PRD, Raúl Vargas, quien la víspera había reportado el robo de su vehículo.
Y el lunes 24, el Ejército exhibió ante los medios de comunicación más de 13 toneladas de mariguana confiscadas en el poblado de San Isidro Mazatepec, cercano a Guadalajara. Los militares comentaron que era uno de los decomisos más grandes de los últimos años en Jalisco.
Corrupción institucional
El especialista Dante Haro Reyes insiste en que la guerra del gobierno contra el crimen organizado, en particular contra los cárteles de la droga, es difícil de ganar. Una de las razones, dice, es que funcionarios públicos que tienen nexos con las organizaciones criminales.
–Cuándo usted nos comenta que hay funcionarios vinculados a la mafia, ¿de quién está hablando? –se le pregunta al académico.
–… La corrupción y el narcotráfico no se pueden entender sin una base social, y ésta la conforman las personas funcionarios de las dependencias de seguridad y otras áreas del gobierno que tienen ingerencia o interés en las ganancias fenomenales que reporta la delincuencia organizada.
“En este asunto también están inmiscuidos representantes del nivel municipal, e incluso elementos de corporaciones policíacas estatal y federal. Y aunque no tengo nombres, estamos hablando de una gran corrupción que crece cada día. Es claro que existe una protección política a los narcotraficantes”.
El académico insiste: Quienes ahora encabezan la lucha contra el grupo de El Chapo están interesados en asuntos relacionados también con la prostitución, tráfico de armas, secuestros, extorsiones y trata de personas. Pero matiza: aun cuando la venta y distribución de drogas –“un rentable negocio por el número de habitantes que tiene la mancha urbana tapatía”– es parte de estos objetivos, aún no es su principal actividad.
Sin embargo, ahora que Jalisco dejó de ser una zona de paso por las facilidades que ofrece su condición geográfica, comenta Haro Reyes, empiezan a establecerse en narcolaboratorios en ciudades medias de la entidad que son escogidas por sus carreteras y vialidades que la enlazan con Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas o Nayarit.
Incluso advierte que ante esta nueva realidad la sociedad civil se encuentra inmersa entre el avasallamiento de los grupos delincuenciales y las corporaciones, que aún no logran definir una estrategia conjunta para controlar la situación.
Los jefes policíacos todavía están discutiendo si hay una organización con mando único. Mientras, los municipios más alejados de la mancha urbana, como Tlajomulco, Tonalá o El Salto, se convierten en presas fáciles de la delincuencia. Y esa falta de coordinación es aprovechada por los grupos criminales, aun en ciudades como Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, enfatiza Haro Reyes.
El territorio que durante años era controlado por Nacho Coronel, se fracturó sobre todo por el rompimiento de los líderes del cártel del Pacífico, aún cercanos a El Chapo, con los hermanos Beltrán Leyva. A ello se debe que en Jalisco los acuerdos entre esas bandas ya no funcionen, comenta el entrevistado.
A ello deben sumarse las corruptelas de policías y funcionarios. Y explica: Es inaudito que en una misma corporación policiaca “haya funcionarios corruptos o elementos que protejan a grupos diferentes”.
Para Haro Reyes, la lucha por la zona metropolitana de Guadalajara debe entenderse a partir de los enfrenamientos registrados desde el año pasado en municipios como Tequila, Magdalena, Lagos de Moreno, Colotlán y los que colindan con Zacatecas y Nayarit. Es precisamente en esa zona donde Los Zetas controlan varias ciudades intermedias.
Y esboza la tesis del Estado fallido al que podríamos llegar, dice, si no se atienden los problemas de corrupción en los gobiernos estatal y municipal y si las corporaciones no se ponen de acuerdo para combatir a la delincuencia.
Explica: Una de las características de cualquier Estado es garantizar el respeto a las garantías de sus representados, así como legalidad y seguridad. Si no puede hacerlo, se convierte en un Estado fallido.
–¿Jalisco corre ese riesgo? –se le pregunta.
–Desde luego. Jalisco está en un tránsito hacia ello.
Haro Reyes asegura que las autoridades del estado deben prepararse para vivir tiempos “delicados” en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Hoy, abunda, el pacto de no agresión que funcionó durante los últimos 30 años entre los grupos del crimen organizado, simplemente ha dejado de funcionar. Prueba de ello es el creciente número de ejecuciones.
Tan sólo al inicio de la semana pasada, en menos de 24 horas se reportaban siete asesinatos y de manera inédita, la Procuraduría de Justicia admitía que entre enero y mayo de 2010, se habían reportado 123 asesinatos catalogados como ejecuciones, 40 e4n lo que corresponde a la zona metropolitana y 83 en poblaciones del interior del estado, mientras en 2009, hubo un total de 84 ejecutados lo que representa un aumento de mas del 30 por ciento, tan solo en cinco meses.
Haro Reyes remata: “Acabo de estar en Ciudad Juárez, donde hay hasta 12 crímenes por día. Sería lamentable que en aquí, en Jalisco, llegáramos a una situación similar a la de la denominada Zona Cero, como se conoce a Juárez”.
Frente al inusitado incremento de la violencia en la zona conurbada de Guadalajara, el viernes 28 el presidente municipal Aristóteles Sandoval propuso realizar una cumbre de seguridad. No obstante, el gobernador Emilio González Márquez dijo que a lo sumo organizará una reunión para el martes 2 de junio en el que participarán el secretario general de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, y los alcaldes metropolitanos. (Con información de Miguel A. Infante y Ana Lozano.)
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