Pedro Mellado
25 Sep. 09
El caso de abusos contra mujeres en San Salvador Atenco, en el cual declinó proceder por considerar que estaba en el ámbito de competencia del Gobierno del Estado de México, motivó reproches del Centro de Derechos Humanos José Agustín Pro en contra de la abogada jalisciense María Guadalupe Morfín Otero, ex titular de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
La abogada Morfín Otero fue titular de la Fevimtra del viernes 1 de febrero del 2008 al lunes 31 de agosto del 2009. Los hechos por los cuales se le censura ocurrieron el miércoles 3 y el jueves 4 de mayo del 2006.
María Guadalupe, quien aspira a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señala que desde que asumió su cargo tuvo que reconstruir la investigación del caso y establecer comunicación con las mujeres afectadas.
En documento enviado a esta columna, dice textual: "Recibí en las oficinas de la Fevimtra, con otras personas de mi equipo, a seis de las mujeres víctimas, y otras dos compañeras suyas, la mañana del 29 de abril del 2008. A lo largo del 2008 y del 2009 se realizaron diversas diligencias que faltaban, se restableció contacto con las víctimas, se buscó a 46 mujeres que padecieron estos hechos, se brindó atención a las que lo solicitaron, y se concluyó la investigación".
Explica: "A través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internaciones, de la PGR, se requirió la asistencia jurídica en materia penal a los Gobiernos de España, Chile y Alemania para recabar la declaración de cuatro mujeres (dos de España), que se vieron afectadas en los hechos. En total, se realizaron cerca de 350 diligencias".
Agrega Morfín Otero, textual: "La indagatoria arroja como resultado que hubo hechos muy probablemente constitutivos de delitos tan graves como la tortura, cometida además con la intención de lastimar la integridad de mujeres que se encontraban inermes en su condición de detenidas y trasladadas, a merced de los agentes que las vejaron y maltrataron".
Concluye María Guadalupe, textual: "De la investigación resultó que no hubo ningún agente federal como probable responsable de los delitos de maltrato o tortura con violencia sexual en el traslado de las mujeres al penal de Santiaguito, que es el tramo en el que las denunciantes reportaron los abusos de que fueron objeto. En ese tramo, las mujeres detenidas estuvieron únicamente a disposición de agentes estatales".
Recapitula Morfín Otero, textual: "La justicia en Atenco, en relación con las mujeres, tiene que incluir la consignación y castigo de quienes las agraviaron, y fórmulas de reparación del daño que garanticen la no repetición de los hechos que vulneran los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. De lo contrario, la impunidad permitiría la reproducción de tales hechos violatorios de derechos humanos por parte de agentes del Estado".
Expresa un deseo, textual. "A mí me gustaría que la justicia se emparejara, es decir, que además del castigo de los agentes que lastimaron a las mujeres, los presos por los hechos de Atenco no tuvieran que padecer las exorbitantes sentencias condenatorias que han recibido y pudieran compurgar sus penas privativas de libertad en términos más humanos, y en prisiones que no fueran de alta seguridad".
pedromellado@gmail.com
25 Sep. 09
El caso de abusos contra mujeres en San Salvador Atenco, en el cual declinó proceder por considerar que estaba en el ámbito de competencia del Gobierno del Estado de México, motivó reproches del Centro de Derechos Humanos José Agustín Pro en contra de la abogada jalisciense María Guadalupe Morfín Otero, ex titular de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
La abogada Morfín Otero fue titular de la Fevimtra del viernes 1 de febrero del 2008 al lunes 31 de agosto del 2009. Los hechos por los cuales se le censura ocurrieron el miércoles 3 y el jueves 4 de mayo del 2006.
María Guadalupe, quien aspira a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señala que desde que asumió su cargo tuvo que reconstruir la investigación del caso y establecer comunicación con las mujeres afectadas.
En documento enviado a esta columna, dice textual: "Recibí en las oficinas de la Fevimtra, con otras personas de mi equipo, a seis de las mujeres víctimas, y otras dos compañeras suyas, la mañana del 29 de abril del 2008. A lo largo del 2008 y del 2009 se realizaron diversas diligencias que faltaban, se restableció contacto con las víctimas, se buscó a 46 mujeres que padecieron estos hechos, se brindó atención a las que lo solicitaron, y se concluyó la investigación".
Explica: "A través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internaciones, de la PGR, se requirió la asistencia jurídica en materia penal a los Gobiernos de España, Chile y Alemania para recabar la declaración de cuatro mujeres (dos de España), que se vieron afectadas en los hechos. En total, se realizaron cerca de 350 diligencias".
Agrega Morfín Otero, textual: "La indagatoria arroja como resultado que hubo hechos muy probablemente constitutivos de delitos tan graves como la tortura, cometida además con la intención de lastimar la integridad de mujeres que se encontraban inermes en su condición de detenidas y trasladadas, a merced de los agentes que las vejaron y maltrataron".
Concluye María Guadalupe, textual: "De la investigación resultó que no hubo ningún agente federal como probable responsable de los delitos de maltrato o tortura con violencia sexual en el traslado de las mujeres al penal de Santiaguito, que es el tramo en el que las denunciantes reportaron los abusos de que fueron objeto. En ese tramo, las mujeres detenidas estuvieron únicamente a disposición de agentes estatales".
Recapitula Morfín Otero, textual: "La justicia en Atenco, en relación con las mujeres, tiene que incluir la consignación y castigo de quienes las agraviaron, y fórmulas de reparación del daño que garanticen la no repetición de los hechos que vulneran los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. De lo contrario, la impunidad permitiría la reproducción de tales hechos violatorios de derechos humanos por parte de agentes del Estado".
Expresa un deseo, textual. "A mí me gustaría que la justicia se emparejara, es decir, que además del castigo de los agentes que lastimaron a las mujeres, los presos por los hechos de Atenco no tuvieran que padecer las exorbitantes sentencias condenatorias que han recibido y pudieran compurgar sus penas privativas de libertad en términos más humanos, y en prisiones que no fueran de alta seguridad".
pedromellado@gmail.com
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