Semanario Voces

Alberto Osorio Méndez
Proceso.com.mx
Una encuesta interinstitucional realizada a los agentes de los seis municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara revela que esos cuerpos de seguridad de Jalisco, sobre todo los policías estatales -los de uniforme negro- desarrollan su quehacer profesional en condiciones precarias. El investigador de la UdeG Marcos Pablo Moloeznick, quien participó en ese estudio, sostiene que es urgente estructurar el esquema de seguridad pública para que los agentes estatales funjan sólo como fuerza intermedia, pero nunca como una corporación de segunda.
Con sueldos 50% por debajo de los que perciben sus pares de Guadalajara y Zapopan, los uniformados de la Policía Preventiva estatal no sólo parecen "de segunda", sino que son los principales blancos de los atentados de la delincuencia organizada.
En los dos años recientes, por ejemplo, fueron ejecutados 14 de ellos. El domingo 13, dos patrullas de agentes estatales fueron atacadas con granadas de fragmentación al lado de la discoteca Christine, el centro nocturno que fue escenario de una balacera protagonizada entre los Arellano Félix, del cártel de Tijuana, y los aliados de Joaquín El Chapo Guzmán en 1992, en las inmediaciones del hotel Crystal, en Puerto Vallarta, lo que refleja la magnitud de las agresiones en la entidad.
En contraste con esas 14 bajas, los policías caídos en Guadalajara, el municipio donde se concentra el mayor cuerpo de seguridad -3 mil 200 elementos-, sólo fueron cuatro; en Zapopan, la segunda ciudad más importante de Jalisco, sólo se reportó el fallecimiento de uno de los mil 760 integrantes de la corporación.
Tras el atentado del domingo 13, el secretario de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, declaró a los medios locales que sus elementos están en la "mira". Según él, las bandas del crimen organizado "quieren ablandar a la Policía estatal ("los negros"); quieren que se relaje el patrullaje para actuar con toda impunidad".
Marcos Pablo Moloeznick, investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), considera que el atentado de Vallarta muestra la vulnerabilidad de los uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco (SSP).
Y explica que, en comparación con los de Zapopan y Guadalajara, cuyos sueldos no han dejado de elevarse durante los últimos 22 años (Proceso Jalisco 252), los de sus pares estatales son de apenas la mitad.
Mientras en Guadalajara cada gendarme recibe 10 mil pesos al mes y el de Zapopan 9 mil 500 al mes, al estatal sólo se le paga 5 mil pesos, de acuerdo con los deudos de los policías acribillados el 28 de agosto último. Martha Ramírez, viuda de Mario Rojas Vaca, uno de los estatales acribillados por supuestos sicarios de Los Zetas, en Colotlán, dijo a este reportero que su esposo apenas ganaba 5 mil pesos al mes. Fue ella la que reclamó al secretario de Seguridad, Luis Carlos Nájera, en la ceremonia luctuosa del 29 de agosto los bajos sueldos para los policías.
Según Moloeznick, en cuanto a equipo de fuerza, la Policía Estatal Preventiva comparte el segundo lugar con la de Zapopan, después de la de Guadalajara. Y añade que además del elevado número de bajas, en la corporación estatal se han registrado homicidios y atentados aparatosos con armas de alto poder e incluso con granadas de fragmentación.
El académico considera pertinente que los estatales dejen de operar en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Explica: "Sólo debería quedarse una pequeña fuerza de la Policía Preventiva estatal como responsable de instalaciones estratégicas como los edificios de Palacio de Gobierno, Supremo Tribunal de Justicia y Congreso del Estado".
Tan sólo con la suma aritmética de Zapopan y Guadalajara, estos dos municipios contabilizan cerca de 5 mil policías, más de 100% de lo que actualmente tiene como base operativa la Secretaría de Seguridad estatal.
Moloeznick manifiesta también que existe un bajo número de elementos en la Dirección de Seguridad Pública del Estado.
E insiste: "La policía estatal debería ser una fuerza intermedia, similar a la Gendarmería Nacional de Francia o a la Guardia Nacional de España, que sólo intervendría cuando las corporaciones municipales fueran rebasadas. Con ello se evitaría también llamar al Ejército. Además, por tradición, ese es el perfil que tienen los policías que portan un uniforme negro que lo diferencia del resto de los policías municipales".
Aclara incluso que a la policía estatal se le reconoce en Jalisco su trabajo en el medio rural, en zonas despobladas y las vías de comunicación que no son carreteras federales o no están bajo la jurisdicción de la Policía Federal Preventiva (PFP).
"Justicia barómetro"
El investigador de la UdeG señala que, pese a que los gendarmes municipales de Guadalajara y Zapopan están en condiciones menos precarias que los estatales, el estudio Justicia barómetro, efectuado recientemente a partir de una encuesta a los seis cuerpos de seguridad de la ZMG -Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco- detectó los problemas en las direcciones de Seguridad Pública que se resumen en dos cuestiones fundamentales: bajos sueldos y un déficit en las prestaciones sociales.
En esta misma encuesta, en la que participaron los seis ayuntamientos mencionados, así como la UdeG y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), se menciona que la Dirección de Seguridad Pública no los provee de uniformes.
Las carencias, agrega, Moloeznick, quien formó parte del grupo de investigadores, afectan por igual a los policías estatales y a las demás corporaciones. Así mismo, reconoce que los uniformados son los primeros en sufrir violación a sus derechos humanos y laborales, cita la poca atención a labores de capacitación y actualización.
Un dato resalta en Justicia barómetro: los constantes ataques contra la policía estatal dejan en evidencia la falta de un sistema de inteligencia entre las corporaciones. "Tú no puedes mandar a los elementos a patrullar si antes no tienes operando un sistema de inteligencia y de comunicación".
Menciona también los factores cualitativos no materiales para explicar la razón por la cual se elevó el número de bajas de policías estatales:
"Ausencia de un modelo policial, déficit de sistemas de inteligencia y contrainteligencia (información anticipada), problemas en los esquemas de comando, control y comunicaciones (CCC), bajos salarios, problemas de salud física y mental, y turnos extenuantes e inhumanos de servicio."
De acuerdo con los números proporcionados por el propio gobierno de Jalisco en su portal electrónico, la Seguridad Pública se lleva más de 3% del presupuesto. En la partida de egresos de este año, por ejemplo, según la Secretaría de Finanzas, a Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social se le asignaron 18 millones 690 mil pesos para viáticos.
De esa cantidad, la Dirección de Seguridad Pública tiene asignados 9 millones 481 mil pesos. Testimonios recogidos por Proceso Jalisco indican que los policías rurales tienen problemas para cubrir sus gastos de comidas y hospedaje cuando realizan sus patrullajes fuera de la ZMG. Con frecuencia, dicen, las presidencias municipales son las que sufragan sus gastos de alimentación; alguna vez incluso los proveyeron de armas y parque.
Los agentes entrevistados se quejan también de que en algunos hoteles contratados por sus jefes se les confina a un área aledaña a la cocina para que ingieran sus alimentos. El propósito, arguyen, es que no se mezclen con los demás huéspedes.
Según la información del gobierno de Jalisco, el de Seguridad es el sexto rubro más importante y se le destinan 2 mil 349 millones de pesos. No obstante, el investigador Marcos Pablo Moloeznick asegura que es urgente rediseñar la políticas públicas en este rubro, que incluya una valoración del tipo de servicio que deben prestar a la ciudadanía los llamados policías estatales.