Publicado en Proceso Jalisco 182 (Edición actual)
Víctor Manuel López Álvaro
Documentos sin número de folio y sin firmas de los funcionarios al calce, integran el expediente oficial que la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal exhibió en su portal, sobre la ya famosa macrolimosna que el gobierno de Emilio González Márquez donó a la Iglesia católica para la construcción del Santuario de los Mártires. Por si faltara algo, el panista y delegado de la Sedesol en el estado, Felipe de Jesús Vicencio Álvarez plantea sus dudas sobre los procedimientos legales para otorgar dicho donativo.
En el expediente relativo a la macrolimosna que el gobierno del estado aportó para la construcción del Santuario de los Mártires, y que la Secretaría de Finanzas difundió en su portal sefin.jalisco.gob.mx, siguen aflorando irregularidades.
De acuerdo con el abogado Salvador García Arenas, egresado de la Universidad de Guadalajara y con una maestría en asuntos fiscales, los documentos que deberían servir de sustento jurídico al donativo de 90 millones de pesos carecen de número de folio y no están firmados por los funcionarios que realizaron los oficios.
Estas anomalías, dice, “abren la puerta para que con una simple hoja membretada se pueda justificar cualquier acto de gobierno” y hacen suponer que los oficios se elaboraron posteriormente “para cuadrar la historia del donativo”.
–¿Se puede decir que esos documentos son ilegales? –se le pregunta.
–Las reglas de operación del Programa de Apoyo para el Desarrollo de Sitios Turísticos, publicado el 10 de enero pasado, debieron difundirse en los sitios oficiales del gobierno del estado o en los medios de comunicación y no se hizo. Por ello, existe un vicio de discrecionalidad e iniquidad. Los funcionarios deben fundar y motivar todos sus actos, y en este caso hubo omisión.
Esas reglas, explica, establecen que la organización que solicita un donativo debe justificar los beneficios directos e indirectos que el estado obtendrá, así como indicar los costos totales de la obra, con desglose de cantidades y fuentes de financiamiento para el resto de la inversión requerida.
“Pero resulta que la fundación solicitó 90 millones sin ninguna explicación y tampoco anexó en la solicitud el calendario físico financiero de la ejecución del proyecto”, puntualiza.
En el acuerdo de la Secretaría de Turismo firmado 27 de febrero y mediante el cual se autoriza la entrega de 30 millones de pesos –una tercera parte del total solicitado– se indica que la Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos A.C. fue el único organismo que presentó solicitud para recibir el donativo.
Al respecto, García Arenas se pregunta: “¿A cuáles otras organizaciones se les informó? ¿Qué plazo de gracia otorgó la dependencia para recibir más solicitudes?”
Y añade: “La Secretaría de Turismo apenas esperó 45 días naturales para determinar la viabilidad del donativo, que de paso absorbió más del 50% del presupuesto de la partida 4222. Esto es increíble. Nunca se había dado una situación así”.
En entrevista con Proceso Jalisco, el delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Felipe de Jesús Vicencio Álvarez, señala: “Leyendo las reglas de operación del Programa de Apoyo a Sitios de Interés Turístico, no me quedan claras muchas cosas, ya que éste no menciona el monto máximo que se puede solicitar, y tampoco dice nada sobre la fecha del cierre de la convocatoria”.
Esas reglas establecen que cada organización civil puede solicitar un monto máximo de 250 mil pesos, e incluso de 350 mil, en caso de que trabaje en zonas de alta marginación.
La excepción es regla
La Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos A.C. solicitó 90 millones de pesos para la construcción de un complejo religioso, cantidad que supera con mucho los 57 millones de pesos que integran la partida presupuestal 4222, destinada a promoción turística del estado y que es manejada por la secretaría del ramo.
–¿Alguna organización civil ha solicitado una cantidad similar –se le pregunta a Vicencio Álvarez.
–Ninguna. Ya saben que sólo pueden solicitar un monto máximo de 250 mil pesos, no más.
–¿Y ya ha ocurrido que una sola organización concurse para obtener recursos del programa que ustedes manejan?
–En absoluto. Casi siempre la delegación estatal de Sedesol tiene problemas porque las solicitudes de apoyo superan los recursos del fondo disponible.
El pasado 10 de enero, la Secretaría de Turismo emitió las reglas de operación del Programa de Apoyo para el Desarrollo de Sitios de Interés Turístico. La Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos fue la única organización que concursó. En su solicitud de apoyo –tres cuartillas sin sello oficial– no se incluye la justificación del proyecto.
Debido a la insuficiencia de la solicitud, el secretario de Turismo del estado, Aurelio López Rocha, tuvo que justificar el donativo mediante un acuerdo, sin número de oficio, que se emitió el 27 de febrero pasado. En este documento se indica que, ante la derrama millonaria que generan las visitas a santuarios de Jalisco como el de la Virgen de San Juan de los Lagos, de la Virgen de Talpa y de la Virgen de Zapopan, entre otros, “el suscrito secretario de Turismo considera no sólo es conveniente, sino incluso recomendable, apoyar con recursos el proyecto presentado por la Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos A.C.”.
–¿Qué sucede cuando una organización no justifica su proyecto? ¿Ustedes se encargan de subsanar las deficiencias? –se le pregunta a Vicencio Álvarez.
–Si no se cumple con los requisitos de las reglas de operación podemos rechazar la solicitud, pero en muchas ocasiones le comunicamos a la organización civil que su solicitud tiene deficiencias y le indicamos que debe corregirlas.
“En Sedesol nos interesa que los recursos de nuestro programa beneficien a un número cada vez mayor de organismos, y no descartar los proyectos valiosos por una deficiencia.”
La convocatoria del Programa de Coinversión Social de la Sedesol se publicó en el portal de la dependencia www.sedesol.gob.mx durante un mes, y las reglas de operación se colocaron en el mismo sitio desde diciembre pasado. En cambio, las reglas de operación del Programa de Apoyo para el Desarrollo de Sitios de Interés Turístico no se difundieron en ninguna parte.
El Programa de Coinversión Social es estricto en sus requisitos, precisa Vicencio. Exige que se cuente con la clave única de registro de las organizaciones civiles (Cluni), que se obtiene al sujetarse a la Ley de Federal Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. Sin esa clave es imposible acceder a los recursos federales.
Otra exigencia al sujetarse a esta ley es que los organismos que resultan beneficiados deben entregar informes financieros anuales. Si la organización civil se disuelve, sus bienes tienen que pasar a otra organización similar.
–¿Cuánto tiempo tardan en resolver si procede una solicitud?
–En dos meses o tres como máximo. Existe una comisión dictaminadora que resuelve si cumple con los requisitos exigidos por la ley.
En el caso de la Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos, A.C., la solicitud se resolvió en poco más de un mes. El pasado 27 de febrero la Secretaría de Turismo acordó aprobar los 30 millones de la partida 4222. Y bastó un documento firmado por Juan Manuel Hernández Méndez, secretario de la fundación.
–¿Qué acciones legales se pueden emprender ante las irregularidades detectadas? –se le pregunta a García Arenas.
–El gobierno del estado es intocable y no se le puede instaurar un juicio de procedencia (desafuero). En todo caso se podría enjuiciar a los secretarios Finanzas y de Turismo, Óscar García Manzano y Aurelio López Rocha, respectivamente. Ya venció el plazo de 30 días para que el Congreso local interpusiera una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
El abogado considera que los diputados –que hasta la fecha no han hecho nada en torno al asunto del donativo– pueden solicitar a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) que realice una auditoría a la Sefin. A su vez, la ASJ estaría supervisada por algún colegio o despacho de contadores.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco solicitó información al gobierno del estado. Su respuesta consistió en remitir al quinto visitador de la comisión, Mauro Gallardo, quien integra las cerca de 6 mil quejas acumuladas por la macrolimosna, a que revisara el portal de internet de la Sefin.
Por segunda ocasión Gallardo pidió copia certificada del convenio de transferencia de recursos y de la solicitud de apoyo económico de la fundación, del acuerdo del gobernador para otorgar el subsidio y de las reglas de operación de Programa de Apoyo para el Desarrollo de Sitios de Interés Turístico. “Aún sigo esperando la respuesta”, comenta el funcionario a Proceso Jalisco.
Víctor Manuel López Álvaro
Documentos sin número de folio y sin firmas de los funcionarios al calce, integran el expediente oficial que la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal exhibió en su portal, sobre la ya famosa macrolimosna que el gobierno de Emilio González Márquez donó a la Iglesia católica para la construcción del Santuario de los Mártires. Por si faltara algo, el panista y delegado de la Sedesol en el estado, Felipe de Jesús Vicencio Álvarez plantea sus dudas sobre los procedimientos legales para otorgar dicho donativo.
En el expediente relativo a la macrolimosna que el gobierno del estado aportó para la construcción del Santuario de los Mártires, y que la Secretaría de Finanzas difundió en su portal sefin.jalisco.gob.mx, siguen aflorando irregularidades.
De acuerdo con el abogado Salvador García Arenas, egresado de la Universidad de Guadalajara y con una maestría en asuntos fiscales, los documentos que deberían servir de sustento jurídico al donativo de 90 millones de pesos carecen de número de folio y no están firmados por los funcionarios que realizaron los oficios.
Estas anomalías, dice, “abren la puerta para que con una simple hoja membretada se pueda justificar cualquier acto de gobierno” y hacen suponer que los oficios se elaboraron posteriormente “para cuadrar la historia del donativo”.
–¿Se puede decir que esos documentos son ilegales? –se le pregunta.
–Las reglas de operación del Programa de Apoyo para el Desarrollo de Sitios Turísticos, publicado el 10 de enero pasado, debieron difundirse en los sitios oficiales del gobierno del estado o en los medios de comunicación y no se hizo. Por ello, existe un vicio de discrecionalidad e iniquidad. Los funcionarios deben fundar y motivar todos sus actos, y en este caso hubo omisión.
Esas reglas, explica, establecen que la organización que solicita un donativo debe justificar los beneficios directos e indirectos que el estado obtendrá, así como indicar los costos totales de la obra, con desglose de cantidades y fuentes de financiamiento para el resto de la inversión requerida.
“Pero resulta que la fundación solicitó 90 millones sin ninguna explicación y tampoco anexó en la solicitud el calendario físico financiero de la ejecución del proyecto”, puntualiza.
En el acuerdo de la Secretaría de Turismo firmado 27 de febrero y mediante el cual se autoriza la entrega de 30 millones de pesos –una tercera parte del total solicitado– se indica que la Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos A.C. fue el único organismo que presentó solicitud para recibir el donativo.
Al respecto, García Arenas se pregunta: “¿A cuáles otras organizaciones se les informó? ¿Qué plazo de gracia otorgó la dependencia para recibir más solicitudes?”
Y añade: “La Secretaría de Turismo apenas esperó 45 días naturales para determinar la viabilidad del donativo, que de paso absorbió más del 50% del presupuesto de la partida 4222. Esto es increíble. Nunca se había dado una situación así”.
En entrevista con Proceso Jalisco, el delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Felipe de Jesús Vicencio Álvarez, señala: “Leyendo las reglas de operación del Programa de Apoyo a Sitios de Interés Turístico, no me quedan claras muchas cosas, ya que éste no menciona el monto máximo que se puede solicitar, y tampoco dice nada sobre la fecha del cierre de la convocatoria”.
Esas reglas establecen que cada organización civil puede solicitar un monto máximo de 250 mil pesos, e incluso de 350 mil, en caso de que trabaje en zonas de alta marginación.
La excepción es regla
La Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos A.C. solicitó 90 millones de pesos para la construcción de un complejo religioso, cantidad que supera con mucho los 57 millones de pesos que integran la partida presupuestal 4222, destinada a promoción turística del estado y que es manejada por la secretaría del ramo.
–¿Alguna organización civil ha solicitado una cantidad similar –se le pregunta a Vicencio Álvarez.
–Ninguna. Ya saben que sólo pueden solicitar un monto máximo de 250 mil pesos, no más.
–¿Y ya ha ocurrido que una sola organización concurse para obtener recursos del programa que ustedes manejan?
–En absoluto. Casi siempre la delegación estatal de Sedesol tiene problemas porque las solicitudes de apoyo superan los recursos del fondo disponible.
El pasado 10 de enero, la Secretaría de Turismo emitió las reglas de operación del Programa de Apoyo para el Desarrollo de Sitios de Interés Turístico. La Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos fue la única organización que concursó. En su solicitud de apoyo –tres cuartillas sin sello oficial– no se incluye la justificación del proyecto.
Debido a la insuficiencia de la solicitud, el secretario de Turismo del estado, Aurelio López Rocha, tuvo que justificar el donativo mediante un acuerdo, sin número de oficio, que se emitió el 27 de febrero pasado. En este documento se indica que, ante la derrama millonaria que generan las visitas a santuarios de Jalisco como el de la Virgen de San Juan de los Lagos, de la Virgen de Talpa y de la Virgen de Zapopan, entre otros, “el suscrito secretario de Turismo considera no sólo es conveniente, sino incluso recomendable, apoyar con recursos el proyecto presentado por la Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos A.C.”.
–¿Qué sucede cuando una organización no justifica su proyecto? ¿Ustedes se encargan de subsanar las deficiencias? –se le pregunta a Vicencio Álvarez.
–Si no se cumple con los requisitos de las reglas de operación podemos rechazar la solicitud, pero en muchas ocasiones le comunicamos a la organización civil que su solicitud tiene deficiencias y le indicamos que debe corregirlas.
“En Sedesol nos interesa que los recursos de nuestro programa beneficien a un número cada vez mayor de organismos, y no descartar los proyectos valiosos por una deficiencia.”
La convocatoria del Programa de Coinversión Social de la Sedesol se publicó en el portal de la dependencia www.sedesol.gob.mx durante un mes, y las reglas de operación se colocaron en el mismo sitio desde diciembre pasado. En cambio, las reglas de operación del Programa de Apoyo para el Desarrollo de Sitios de Interés Turístico no se difundieron en ninguna parte.
El Programa de Coinversión Social es estricto en sus requisitos, precisa Vicencio. Exige que se cuente con la clave única de registro de las organizaciones civiles (Cluni), que se obtiene al sujetarse a la Ley de Federal Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. Sin esa clave es imposible acceder a los recursos federales.
Otra exigencia al sujetarse a esta ley es que los organismos que resultan beneficiados deben entregar informes financieros anuales. Si la organización civil se disuelve, sus bienes tienen que pasar a otra organización similar.
–¿Cuánto tiempo tardan en resolver si procede una solicitud?
–En dos meses o tres como máximo. Existe una comisión dictaminadora que resuelve si cumple con los requisitos exigidos por la ley.
En el caso de la Fundación Pro Santuario de los Mártires Mexicanos, A.C., la solicitud se resolvió en poco más de un mes. El pasado 27 de febrero la Secretaría de Turismo acordó aprobar los 30 millones de la partida 4222. Y bastó un documento firmado por Juan Manuel Hernández Méndez, secretario de la fundación.
–¿Qué acciones legales se pueden emprender ante las irregularidades detectadas? –se le pregunta a García Arenas.
–El gobierno del estado es intocable y no se le puede instaurar un juicio de procedencia (desafuero). En todo caso se podría enjuiciar a los secretarios Finanzas y de Turismo, Óscar García Manzano y Aurelio López Rocha, respectivamente. Ya venció el plazo de 30 días para que el Congreso local interpusiera una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
El abogado considera que los diputados –que hasta la fecha no han hecho nada en torno al asunto del donativo– pueden solicitar a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) que realice una auditoría a la Sefin. A su vez, la ASJ estaría supervisada por algún colegio o despacho de contadores.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco solicitó información al gobierno del estado. Su respuesta consistió en remitir al quinto visitador de la comisión, Mauro Gallardo, quien integra las cerca de 6 mil quejas acumuladas por la macrolimosna, a que revisara el portal de internet de la Sefin.
Por segunda ocasión Gallardo pidió copia certificada del convenio de transferencia de recursos y de la solicitud de apoyo económico de la fundación, del acuerdo del gobernador para otorgar el subsidio y de las reglas de operación de Programa de Apoyo para el Desarrollo de Sitios de Interés Turístico. “Aún sigo esperando la respuesta”, comenta el funcionario a Proceso Jalisco.
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