Semanario Voces

domingo, 30 de mayo
Felipe Cobián y Alberto Osorio Méndez
Revista Proceso.

GUADALAJARA, Jal.- La calma que caracterizó durante los últimos tres lustros a la zona metropolitana tapatía –en parte debida a una tregua entre cárteles de la droga y al disimulo de las autoridades– quedó rebasada en los últimos meses debido a las escaramuzas protagonizadas por las bandas del narcotráfico que luchan por el control de la plaza.

Ante los enfrentamientos recientes entre sicarios de grupos rivales, el Ejército movilizó sus tropas y realizó varios operativos en los que detuvo a varios sospechosos de fomentar la violencia, además de incautar armas de alto poder y estupefacientes. El más sonado fue el del miércoles 5 por la noche, cuando elementos de las Fuerzas Armadas irrumpieron en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande.

En lo que va del año en Jalisco ha habido 129 ejecuciones, de las cuales seis se cometieron entre el miércoles 26 y el jueves 27. Ese miércoles, poco antes de que las autoridades localizaran los primeros cuerpos, algunos de ellos mutilados, el procurador de Justicia del Estado, Tomás Coronado Olmos, declaró que el número de ajusticiados ascendía hasta ese momento a 123, frente a los 84 registrados durante 2009.

José Nicolás Araujo, director operativo de la Policía Municipal de Zapopan, es una de las víctimas recientes de la violencia en la entidad. Fue ejecutado en el exterior de su casa el sábado 22. Hasta el cierre de esta edición la procuraduría estatal realizaba sus pesquisas a partir de tres líneas de investigación.

Varios agentes comentan a Proceso, a condición de que se omitan sus nombres, que la violencia se acrecentó luego del levantón, el pasado 3 de abril en Bahía de Banderas, Nayarit, del joven Alejandro Coronel, de 16 años, hijo de Ignacio Nacho Coronel Villarreal, lugarteniente de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en Jalisco.

Los policías consultados aseguran que el líder del cártel de Sinaloa es el principal objetivo de Los Zetas, quienes incursionaron en territorio jalisciense desde hace varios meses y buscan arrebatarle la hegemonía a la organización que dirige El Chapo. Dicen, incluso, que los integrantes de ese grupo paramilitar llegaron a Jalisco por la franja periférica del noreste.

Se desplazaron desde Ojuelos y Lagos de Moreno hasta Colotlán, al norte del estado, para luego bajar hacia Tequila y Magdalena, en el noroeste. Arribaron después a Puerto Vallarta, en el oeste, pasando por Nayarit. Es en este corredor donde, dicen los uniformados, han tenido varios enfrentamientos con integrantes del cártel del Pacífico, aliado de El Chapo.

La madrugada del día en que presuntamente fue levantado el hijo de Nacho Coronel, relatan los entrevistados, un comando de más de 30 personas llegó al conjunto habitacional El Tigre, en Bahía de Banderas, a pocos kilómetros de Vallarta. Sacaron al dirigente regional de la Federación de Estudiantes Universitarios de Guadalajara, Luis Fernando Gurrola Coronado, y lo arrastraron hasta el césped de la cancha de golf, donde lo ejecutaron.

Dos mujeres que presenciaron la acción declararon ante el Ministerio Público nayarita que los pistoleros se llevaron a dos adolescentes, uno de ellos presuntamente es el hijo de Nacho Coronel. Hasta hoy, ninguna autoridad de Nayarit ha confirmado que uno de los dos jóvenes levantados sea Alejandro Coronel.

Tres días después, un comando de más de 100 hombres respondió con el levantamiento, en la capital de Nayarit, de 12 personas, entre ellas José Luis Estrada Martínez, El Pepino, y su padre. Eran presuntos sicarios de Los Zetas.

Poco después fueron localizados sus cuerpos. En las inmediaciones del poblado nayarita de San José de Castilla estaban ocho de ellos, totalmente calcinados; los otros cuatro estaban esparcidos en el área cercana y tenían el tiro de gracia, según el reporte policiaco.

Los Coronel, a la baja

El académico Dante Haro Reyes, de la Universidad de Guadalajara, comenta que aun cuando las bandas de narcotraficantes coexistieron de manera pacífica durante más de tres décadas en Jalisco, la guerra que desataron es para apoderarse de la plaza.

Experto en asuntos de seguridad, Haro Reyes no descarta que en esta fase de violencia desatada por las bandas criminales, El Chapo y sus seguidores, en particular Nacho Coronel, vayan perdiendo el control de la plaza.

En marzo de 2009, por ejemplo, fue detenido en Tlajomulco de Zúñiga un sobrino de Nacho Coronel, informaron los medios locales el día 14 de ese mes. Se trata de José Ángel Carrasco Coronel, alias El Changel, junto con otros hombres armados.

En aquella ocasión, el procurador Coronado Olmos declaró que El Changel y sus compañeros fueron remitidos a la delegación de la PGR. Sin embargo, los detenidos nunca llegaron a la delegación de esa institución, según informó El Universal el 22 de marzo de 2009. Horas después, todos los detenidos recuperaron su libertad tras pagar una fianza.

La segunda semana de enero último, en un enfrentamiento con el Ejército, fueron detenidos Jesús Gutiérrez López, Raymundo Larios Vizcarra, Ernesto Coronel Peña, José Jaime Coronel y Juan Ernesto Coronel Herrera. Los tres últimos al parecer son parientes de Nacho Coronel; en la refriega murió también su compañero Avelino Quiñones.

El día 18 de ese mes, la PGR informó sobre la captura de Gael Carbel Aldana, presunto operador de Nacho Coronel en los municipios de Chapala, La Barca y Mazamitla, en Jalisco, y de Óscar Nava Valencia, El Lobo Valencia. Los dos habían enfrentado a un contingente militar en Tlajomulco de Zúñiga. Carbel y Nava están en el Cefereso número 3 de Matamoros, Tamaulipas.

La situación del lugarteniente del Chapo en Jalisco sería más grave aún si se comprueba la versión de que fue detenido entre el jueves 13 y el viernes 14 pasados durante un cateo simultáneo a diferentes fincas en el fraccionamiento Bugambilias, en la zona metropolitana de Guadalajara, y en El Molino, en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco.

De acuerdo con versiones extraoficiales, en ese operativo habrían participado más de 60 marinos y al menos 30 agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Al ser interrogado sobre el particular, el secretario general de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, declaró al periódico tapatío Público que no podía “confirmar ni descartar nada” sobre la presunta captura de Nacho Coronel. Lo único que declaró es que en el presunto operativo no participaron agentes estatales. Hasta el viernes 28 de mayo la PGR no había informado nada al respecto.

Para Haro Reyes, es claro que la violencia en la entidad se ha recrudecido: “Podemos ver que desde el viernes 14 (fecha de la presunta detención de Coronel) se han desatado los ajusticiamientos; incluso se puede inferir que hay funcionarios ligados al crimen organizado”.

Desde ese día, la Policía Estatal Preventiva se reactivó. El viernes 21, por ejemplo, la corporación informó sobre la detención, en Mazamitla, de nueve personas, entre ellos un joven de 17 años, pertenecientes a la célula de La Familia michoacana, quienes “pretendían abrir plaza en Jalisco y que estaban desestabilizando la zona con asaltos y secuestros”, según el boletín oficial.

El sábado 22, policías preventivos y militares se enfrentaron con presuntos zetas en la zona serrana de Zapopan, en San Cristóbal de la Barranca y en la parte del sur de Zacatecas. En esas acciones no hubo ninguna baja, aun cuando estallaron siete granadas.

Para el día siguiente, el titular de Seguridad Pública estatal, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, presentó a 18 presuntos integrantes del cártel del Milenio capturados después de la balacera. El funcionario aseguró que les decomisaron 39 kilos de crystal, dos kilogramos de semillas de mariguana y cinco de metanfetaminas, así como 20 armas de fuego, lanzagranadas y cerca de 2 mil 200 cartuchos, siete vehículos todoterreno, entre ellos, una jeep Commander, asignada al diputado del PRD, Raúl Vargas, quien la víspera había reportado el robo de su vehículo.

Y el lunes 24, el Ejército exhibió ante los medios de comunicación más de 13 toneladas de mariguana confiscadas en el poblado de San Isidro Mazatepec, cercano a Guadalajara. Los militares comentaron que era uno de los decomisos más grandes de los últimos años en Jalisco.

Corrupción institucional

El especialista Dante Haro Reyes insiste en que la guerra del gobierno contra el crimen organizado, en particular contra los cárteles de la droga, es difícil de ganar. Una de las razones, dice, es que funcionarios públicos que tienen nexos con las organizaciones criminales.

–Cuándo usted nos comenta que hay funcionarios vinculados a la mafia, ¿de quién está hablando? –se le pregunta al académico.

–… La corrupción y el narcotráfico no se pueden entender sin una base social, y ésta la conforman las personas funcionarios de las dependencias de seguridad y otras áreas del gobierno que tienen ingerencia o interés en las ganancias fenomenales que reporta la delincuencia organizada.

“En este asunto también están inmiscuidos representantes del nivel municipal, e incluso elementos de corporaciones policíacas estatal y federal. Y aunque no tengo nombres, estamos hablando de una gran corrupción que crece cada día. Es claro que existe una protección política a los narcotraficantes”.

El académico insiste: Quienes ahora encabezan la lucha contra el grupo de El Chapo están interesados en asuntos relacionados también con la prostitución, tráfico de armas, secuestros, extorsiones y trata de personas. Pero matiza: aun cuando la venta y distribución de drogas –“un rentable negocio por el número de habitantes que tiene la mancha urbana tapatía”– es parte de estos objetivos, aún no es su principal actividad.

Sin embargo, ahora que Jalisco dejó de ser una zona de paso por las facilidades que ofrece su condición geográfica, comenta Haro Reyes, empiezan a establecerse en narcolaboratorios en ciudades medias de la entidad que son escogidas por sus carreteras y vialidades que la enlazan con Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas o Nayarit.

Incluso advierte que ante esta nueva realidad la sociedad civil se encuentra inmersa entre el avasallamiento de los grupos delincuenciales y las corporaciones, que aún no logran definir una estrategia conjunta para controlar la situación.

Los jefes policíacos todavía están discutiendo si hay una organización con mando único. Mientras, los municipios más alejados de la mancha urbana, como Tlajomulco, Tonalá o El Salto, se convierten en presas fáciles de la delincuencia. Y esa falta de coordinación es aprovechada por los grupos criminales, aun en ciudades como Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, enfatiza Haro Reyes.

El territorio que durante años era controlado por Nacho Coronel, se fracturó sobre todo por el rompimiento de los líderes del cártel del Pacífico, aún cercanos a El Chapo, con los hermanos Beltrán Leyva. A ello se debe que en Jalisco los acuerdos entre esas bandas ya no funcionen, comenta el entrevistado.

A ello deben sumarse las corruptelas de policías y funcionarios. Y explica: Es inaudito que en una misma corporación policiaca “haya funcionarios corruptos o elementos que protejan a grupos diferentes”.

Para Haro Reyes, la lucha por la zona metropolitana de Guadalajara debe entenderse a partir de los enfrenamientos registrados desde el año pasado en municipios como Tequila, Magdalena, Lagos de Moreno, Colotlán y los que colindan con Zacatecas y Nayarit. Es precisamente en esa zona donde Los Zetas controlan varias ciudades intermedias.

Y esboza la tesis del Estado fallido al que podríamos llegar, dice, si no se atienden los problemas de corrupción en los gobiernos estatal y municipal y si las corporaciones no se ponen de acuerdo para combatir a la delincuencia.

Explica: Una de las características de cualquier Estado es garantizar el respeto a las garantías de sus representados, así como legalidad y seguridad. Si no puede hacerlo, se convierte en un Estado fallido.

–¿Jalisco corre ese riesgo? –se le pregunta.

–Desde luego. Jalisco está en un tránsito hacia ello.

Haro Reyes asegura que las autoridades del estado deben prepararse para vivir tiempos “delicados” en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Hoy, abunda, el pacto de no agresión que funcionó durante los últimos 30 años entre los grupos del crimen organizado, simplemente ha dejado de funcionar. Prueba de ello es el creciente número de ejecuciones.

Tan sólo al inicio de la semana pasada, en menos de 24 horas se reportaban siete asesinatos y de manera inédita, la Procuraduría de Justicia admitía que entre enero y mayo de 2010, se habían reportado 123 asesinatos catalogados como ejecuciones, 40 e4n lo que corresponde a la zona metropolitana y 83 en poblaciones del interior del estado, mientras en 2009, hubo un total de 84 ejecutados lo que representa un aumento de mas del 30 por ciento, tan solo en cinco meses.

Haro Reyes remata: “Acabo de estar en Ciudad Juárez, donde hay hasta 12 crímenes por día. Sería lamentable que en aquí, en Jalisco, llegáramos a una situación similar a la de la denominada Zona Cero, como se conoce a Juárez”.

Frente al inusitado incremento de la violencia en la zona conurbada de Guadalajara, el viernes 28 el presidente municipal Aristóteles Sandoval propuso realizar una cumbre de seguridad. No obstante, el gobernador Emilio González Márquez dijo que a lo sumo organizará una reunión para el martes 2 de junio en el que participarán el secretario general de Gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez Peláez, y los alcaldes metropolitanos. (Con información de Miguel A. Infante y Ana Lozano.)

Víctor M. López
Lo inesperado sucedió: Mockus perdió por mucho, logró obtener poco más del 20%, la mitad de lo que las encuestas decían, esa fotografía instantanea tan variable. Santos, el delfín, logró un 46%, a unos puntos estuvo de ganar la presidencia en la primera vuelta. Pudo más el aparato del Estado, las redes de movilización del partido oficialista. Mockus no es un político tradicional, quizá le convendría renovar su estrategia. De 30 millones de colombianos, la mitad no votó. En principio, el abstencionismo ganó.
Mockus, en un discurso emotivo que dio ante sus simpatizantes, dijo: "No todo vale". Es cierto. Mockus no sacrificará sus principios. Entonces, queda renovar la estrategia. "Podemos ser mejores de lo que hemos sido", arengó Mockus.
Lo interesante de todo esto es que mientras algunos seguidores gritaban "fraude", Mockus reviró: "El pueblo colombiano decidió que habrá una segunda vuelta".
Mockus aplicó y aplica la fuerza suave. Mientras los seguidores gritaban más fuerte, Antanas bajaba la voz. La gente lo seguía. Como un profesor que es. El pedagogo de la nueva politica, la renovada. "No más atajos".

víctor m. lópez

Con total impunidad la Universidad de Guadalajara en manos de El Licenciado exige más prespuesto. Unos millones más, quizá unos 300, qué más da. Que para mejorar la educación, ampliar la cobertura, "argumentos" que emanan de las gargantas profundas del rector postizo Marco Antonio Cortés Guardado. Quizá usted se acuerde que la misma Universidad "invirtió" unos 100 millones de pesos en Zapopum, un espectáculo que fracasó. Esta cantidad equivale más del 30% de lo que se está pidiendo en recursos extras para la UdeG. Ya no entendí nada. Viva la impunidad, la tranza y... Raúl, su majestad.

¿Tu primera vez?

Eltiempo.com
Mi preferencia electoral por Antanas obedece a un reconocimiento de nuestras propias debilidades. ¿Por qué un voto para un candidato que muestra evidentes signos de lentitud en sus respuestas? Primero, porque la conducta de Antanas refleja indirectamente nuestras torpezas como seres humanos. No es un ser perfecto, por tanto, puede comprender mejor parte de las imperfecciones de muchos colombianos. Este argumento no es convincente para una elección presidencial, es cierto. Pero a la debilidad de Antanas la acompaña una fuente moral bastante necesaria en Colombia. Y este aspecto, me parece, cuenta lo suficiente para contrastar con el gobierno de Uribe. Un gobierno bastante corrupto que (por debajo) comienza a manifestar sus signos de barbarie. Este gobierno -y su presidente- orientaba al país hacia logros ampliamente reconocidos, pero en la compañía de matones, informantes y paramilitares. No creo que el Presidente haya sido inconsciente de las plagas con que contaba su gobierno. Y, como bien lo argumenta Antanas, en este caso no es posible una penalización de su conducta, pero sí necesaria una sanción moral ejemplarizante.

Regreso a Antanas. Ha demostrado, sin embargo, que puede identificar con relativa claridad cuáles son los aspectos de política de Estado que requiere el país. Uno de los fundamentales, la cultura de la tolerancia y la interiorización de la ley. Dos cosas en apariencia simples, pero cuyo defectuoso contenido ha tenido consecuencias en la naturaleza emergente de conflictos violentos e ilegalidad de los colombianos. Las demandas de una democracia deliberativa que predica Antanas no son ingenuamente habermasianas. En este aspecto se equivocan los críticos académicos, sin mayor experiencia política. Los predicados sobre la legalidad pueden considerarse desde una perspectiva que concentra mayor énfasis en la necesidad que tenemos de interiorizar la ley. Un principio de pedagogía moderno. ¿Iluso o demasiado trascendental? Es posible, pero los antecedentes de Mockus como gobernante de Bogotá no son una cursilería. Todos los ciudadanos de la capital recuerdan a Antanas como uno de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad.

Mi voto por Antanas no es un voto contra Petro. Gustavo Petro constituye -según mi juicio- uno de los mejores candidatos que ha tenido la izquierda durante la última década. No solamente como candidato, sino como un auténtico animal hobbesiano, ¡en su expresión más rigurosa! A diferencia de los héroes masacrados de la izquierda en Colombia (Pardo Leal y Jaramillo), Gustavo ha librado las demandas sociales con una capacidad de convicción envidiable. Estando, sin embargo, lejos de exponerse caprichosamente como carnada del crimen narcotraficante o de las Farc. En los debates presidenciales, Petro ha sido uno de los más agudos exponentes de los problemas y soluciones que necesita el país. Mi voto no es contra Petro, por Antanas, sino, justamente, porque creo que un gobierno de Antanas, puede concederle a la izquierda en Colombia la oportunidad de realizar una oposición que la coloque ante la oportunidad histórica de gobernar al país. Un gobierno de Antanas es la mejor plataforma para una izquierda democrática en Colombia.
Tampoco mi voto por Antanas es un voto contra Rafael Pardo.

Durante los debates presidenciales, Pardo ha engrandecido al pobre Partido Liberal. Pardo es una personalidad política con criterios avanzados sobre la resolución de problemas centrales de la población colombiana: la seguridad social de los subempleados y la redistribución equitativa de la riqueza. No obstante, a Pardo lo debilita su propia fuerza política: un liberalismo vergonzante durante sus largos períodos de gobierno. Por lo anterior, creo que esta colectividad tiene su oportunidad con un gobierno de Antanas. No en calidad de cogobierno, pero sí en un ejercicio de oposición sobre temas específicos de la agenda nacional. Con Antanas en el gobierno, el liberalismo tiene la oportunidad de su renovación presente.

En el caso de Noemí o del cambio radical de Vargas Lleras, paradójicamente, su proximidad con el estilo de gobierno de Uribe han terminado por devaluar su capacidad de proponerle al país nuevas alternativas. En este sentido extremo de lealtad, la campaña de Juan Manuel Santos comporta todos los vicios heredados. Agregando un estilo personal de manejo de los asuntos públicos que no inspira confianza suficiente. Los falsos positivos y la herencia directa de Uribe significan el desastre de la campaña de Santos. No creo que por fuerza propia consiga los votos que lo puedan elegir como presidente. La maquinaria del uribismo y sus contraprestaciones pueden elevarlo a la Presidencia. Pero creo que puede ser una prolongación defectuosa de lo peor (no lo mejor) del presidente Uribe.

Finalmente, mi voto por Antanas contiene una carga histórica. Las condiciones del país hace una década mostraban los efectos de malos gobiernos (Samper, Pastrana). Uribe cargaba sobre sus propios hombros una esperanza de seguridad, cuyos logros han sido un sacrificio doloroso. Con este gobierno crecieron los capitales monopólicos del sector financiero y bancario. Pero también crecieron la inequidad y el desempleo. El balance de esta administración se inclina negativamente. Uribe permitió que criminales y políticos del bajo mundo entraran a la Casa de Nariño.

Y nadie puede creerlo inocente de daños como las 'chuzadas' contra la Corte y la persecución implacable contra sus contradictores. La historia presente no está dejando una imagen consagrada del presidente Uribe. De modo que el montaje de Álvaro Uribe como parte de la herencia de los grandes estadistas de la nación no es más que eso, un montaje.

Con Antanas Mockus la historia se elabora como una nueva página, que, sin ser completamente inédita, permite asegurar que su gobierno puede actuar en contravía de la política tradicional y sus males parasitarios. ¿Que Antanas no es un animal político hobbesiano? Es cierto, pero contrariamente a la transformación del político en Colombia (sin vocación), un heredero de Tocqueville o Montaigne, acaso pueda permitir el advenimiento de una época renacentista en Colombia. Son estas las razones de mi voto por Antanas Mockus.


Fernando Estrada

Algunos han presenciado el asesinato de su padre o de vecinos; otros han visto balaceras. Una profesora de kínder resume la situación: “Los niños aquí son un cero a la izquierda”. De 2008 a la fecha, los menores infractores se han triplicado

Imprimir | Envíar | Compartir Recomendar Facebook Twitter Google LinkedIn Viadeo Digg Del.icio.us Menéame Yahoo Technorati ¿Qué es esto? Kowanin Silva / Vanguardia de Saltillo El Universal Viernes 30 de abril de 2010 CIUDAD JUÁREZ Carmen vive bajo amenaza de muerte. Su pequeño de siete años, cada que lo va a regañar le dice: “Te voy a matar, mamá, te voy a matar”. Esto tiene más de una explicación. Julio tiene los ojos gigantes como de alguien que acaba de ver un acto de magia. Su gesto de asombro es de esperarse, todavía no se le cae el primer diente y ya vio sangre correr. Fue hace un año que Jesús estaba jugando en su casa. El sonido de las balas que mataron a su vecino lo inquietaron. Pudo haber pensado que eran cohetes, pero sus papás salieron corriendo a ver qué había pasado. Ahí estaba Panchito tirado en el asfalto, pintado de rojo, como lo dibujaría después en la escuela. “El niño se hizo muy retraído, durante dos meses no salía ni a la puerta, de repente me decía: ‘Mamita, yo no voy a salir a jugar porque me puede pasar lo mismo que a Panchito, ¿verdad?”, platica Carmen desde el sofá, donde descansa luego de haber llegado de la maquila. Me abrió las puertas de su casa un poco temerosa, le dije que sólo quería platicar sobre cómo era ser mamá en Juárez y me dice que su niño ya no duerme igual, que desde lo de Panchito se despierta llorando y grita “tengo miedo”. —¿Qué le dices, cómo le explicas? —Lo abrazo, le digo que le rece a su ángel de la guarda, que él lo va a cuidar. Dos meses después de lo que vio, Julio salió del encierro como quien carga un escudo de acero. Le duró poco. Otro día, en el trayecto de la escuela a su casa, algo falló en su armadura. El camión escolar hizo una escala para recoger a otros niños en una estancia, segundos antes acababan de matar a cuatro. Julio no los hubiera visto de cerca, sino es que su maestra se puso a gritar y todos los niños se bajaron a ver. “Mataron a cuatro, yo los vi mamita, ahí estaban tirados y todos llorábamos”, le dijo ese día a Carmen cuando le preguntó cómo le había ido en la escuela. Desde entonces Julio va al psicólogo. Carmen sigue preocupada, porque hace dos días le escuchó jugar con su amiguito de la cuadra y le decía: “Yo voy a ser sicario y te voy a matar”. Sicario, como uno de los hombres que acribillaron el pasado 30 de enero a los 16 estudiantes de la colonia Villas de Salvárcar. La masacre ocurrió a la vuelta de la casa de Julio, quien por suerte ya estaba dormido. Desde entonces los policías custodian la colonia y los niños juegan fútbol en la calle con las patrullas como escenario. Por 30 pesos Regresé a la zona poniente, esta vez a bordo de una camioneta cargada de G.I. Joe’s, que dan el recorrido de rutina en busca de pandillas. Aseguran estar capacitados en tratar a los menores y cuando les pregunto cómo es que deciden a qué joven registran y a quién no, me dice uno de ellos: “Pues mire, como ese que va ahí con los pantalones aguados, ésos son los que regularmente andan mal”. En eso todos bajan de la patrulla y se le van encima al muchacho. Su falta fue quizá caminar en la calle a las cinco de la tarde y tener finta de malandro. Parece que estos policías especiales hacen efectivo un toque de queda desde que cae la tarde. Mientras volvemos a bordo, Pinedo muestra el arma hechiza a la cámara y explica cómo hacer una: “Estos tubos tienen un clavito en el interior que causan la detonación, los tubos son para hacer presión, al meter un tubo dentro del otro se da la explosión de la bala, éstas son las armas hechizas. “Es muy fácil y muy económico, son tubos normales del agua, si mucho han de gastar 30 pesos para hacerla. Mandan soldar los tubos para que la presión sea fuerte y le ponen cinta de aislar para que no se les caliente. El clavo que le ponen adentro funciona como el martillo, ese es el mecanismo que dispara”. ¿Hay buena puntería? “Sí, ellos se amacizan de los tubos y amarran el movimiento”. —¿Qué alcance tienen? —No mucho, igual que una arma verdadera, unos 50 metros, a veces usan hasta tubos más gruesos como escopeta que aguantan un calibre más alto”. —¿Cuántas decomisan al mes? —Estamos hablando de unas 15 más o menos, pues es que ya nomás ganan dinero y se compran una de verdad. Me dice que quienes fabrican estas armas son jóvenes entre 14 y 15 años que apenas comienzan en la pandilla. En México, explica, portar una de estas armas es sólo una falta administrativa. Ya en la Estación de Policía, Ricardo Tovar, el trabajador social, explica que de 2008 a la fecha, los menores infractores se han triplicado alcanzando 280 detenciones por semana, algo nunca antes visto en sus 17 años de carrera. Me habla de un programa que se llama Jóvenes con Valor que trata de reintegrar en la sociedad a los menores. Es sólo un esfuerzo, él sabe bien cómo es la calle. “Vemos a jóvenes de 14 años que ya están en el mundo de los sicarios, arrancándole la vida a otro ser humano cuando ni conocen qué van a hacer con la propia. Muchos ya están dentro de otro mundo o buscando cómo entrar, porque han visto en amigos y familiares el falso poder de comprar lo que les guste. Ven ese mundo como única opción para tener un futuro”, reflexiona. Frágiles burbujas “¿Se puede meter a los niños en una burbuja? le pregunto a Cinthia Álvarez, maestra de kínder, mientras observamos la nueva sensación de Plaza Misiones, el mall más grande de Juárez. Se trata de un juego donde los papás pagan 30 pesos para que metan a sus niños en una burbuja de plástico que luego avientan a una alberca. La burbuja tiene oxígeno propio y los niños intentan ponerse de pie y caminar, pero el agua y la redondez de la burbuja los hace caer. “Todos los papás quisieran eso”, me dice Cinthia, quien ha traído a la cita a su pequeño Gael de apenas un año, un bebé risueño que le extiende los brazos a todo el que ve pasar. “Son niños de la calle o de cuatro paredes. Están en la casa todo el día encerrados o en la calle porque papá y mamá trabajan en la maquila”, me dice refiriéndose a sus alumnos de segundo grado. Lo de la burbuja a Cinthia le parece imposible y lo comprobó con Iván, uno de sus alumnos que puso al kínder de cabeza el otro día. Estaban en una dinámica de grupo y el pequeño soltó el llanto: “Mataron a mi papi en los González (un supermercado popular) maestra, le dieron un balazo en la cabeza”, dijo Iván así tan claro como si hubiera estado ahí y sus ojos recordaran la escena. El grupo enmudeció. Parecía como si de pronto el salón de clases se hubiera convertido en una sala funeraria. Los niños, de apenas cuatro y cinco años, le daban el pésame, lo abrazaban y lloraban junto con él. Lo que Cinthia y las demás maestras se preguntaban aquél día en el kínder era cómo, si habían matado al papá un día anterior, él había ido a clases. No hallaban cómo manejarlo y esperaron a la mamá para platicarle lo sucedido. La señora, quien ese día vestía de negro, les dijo que nada era cierto, que su esposo estaba en el trabajo, que no entendía por qué su niño decía eso. El kínder había entrado de un instante a otro, sin saberlo, en un déjavu. “El niño lloró, dijo que su hermanito estaba muy triste, así como si fuera algo que él vivió. No sabemos entonces si fue un sueño o un temor que el niño estaba proyectando”, dice Cinthia. Mientras me deja pensando, el juego de la burbuja llega a su fin. Son sólo 15 minutos para que los niños vuelvan a respirar el oxígeno de la ciudad. La imagen de la pelota de plástico desinflándose tiene más sentido después de escuchar la historia de Iván. Como es domingo, la alberca de burbujas está rodeada de decenas de papás entretenidos viendo a sus niños. Cinthia platica que así es frecuente ver a la gente alrededor de la escena de un crimen. “Les da mucha curiosidad ir a ver un ejecutado, muchos papás no creen que a sus hijos les afecte, pero yo creo que les están quitando lo humano a los niños, el ver a alguien tirado ya es tan normal como ver a un animalito muerto. “Antes no dejaban entrar a los niños a las funerarias, ahora ya no, ya los niños van a ver al ser querido dentro de una caja, maquillado, deformado, son imágenes muy fuertes. Ya saben lo que es un ‘encajuelado’, un ‘teipeado’…” cuenta. Cinthia es de la ciudad de Chihuahua y está en Juárez, como muchos maestros, por una plaza docente mejor remunerada. Lleva siete años viviendo aquí, los mismos que lleva acumulando historias de terror que le cuentan los niños. La que más le duele me la cuenta cuando la visito en el kínder donde trabaja. Un error Karen tiene cinco años y perdió el brillo de sus ojos, así lo percibe Cinthia, quien seguido la escuchaba cantar en el salón de clases y la veía bailar con sus amigas en el recreo. Por su mirada ausente, pensaría que a esta pequeña de mochila rosa y dos colitas adornadas con moños, Juárez la mató en vida. Transcurría junio de 2009 y Karen pintaba un cuadro para el festival del Día del Padre, que organizaba la escuela. En esos días un vecino le había pedido a su papá que le fuera a arreglar una fuga que había en el medidor del agua. Karen y su hermanita se encontraban en casa, cuando de pronto llegaron los vecinos gritándole a su mamá, así sin preámbulos, que habían matado a su esposo de un balazo. Las niñas escucharon de un grito el fallecimiento de su padre y llegaron a la escena antes que la policía acordonara el área. “¿Qué voy a hacer con la pintura que le hice a mi papá, maestra”, le preguntaba Karena Cinthia días después de lo sucedido. No había respuesta. Su papá había estado en el lugar equivocado. Lo confundieron con el dueño de la casa. Fue un error. “Los niños aquí en Juárez son un cero a la izquierda”, me dice Cinthia. Ella sabe que los más de 5 mil muertos que suma el gobierno tienen cicatrices. Por eso en la entrada del kínder los niños han escrito con crayones mensajes para sus padres: “Si vemos violencia nuestra mente la guarda”, “No me dejes ver los muertos”, “No me dejes ver los cholos”, son algunas de las peticiones. Cuando me despido de Cinthia me dice que si le dieran a elegir se iría con Gael a otra parte, donde hubiera un mejor clima, mejores parques y tranquilidad. Me confiesa que tampoco regresaría con sus padres a Chihuahua. Tenía razón. Días después de vernos me mandó un mensaje de texto que decía: “Acaban de secuestrar a mi primo en Chihuahua. No es justo”.

ROSALíA VERGARA

Muchos de los vicios que mantenían a Luz y Fuerza del Centro en números rojos tuvieron origen gubernamental. Varias dependencias federales, como la Presidencia, la propia Sener y hasta la CFE, nunca cubrieron sus adeudos millonarios por el consumo de energía, y poderosas empresas privadas evadieron el pago mediante diablitos u oscuros convenios. Además, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas señalan que mientras ellos firmaban convenios de productividad (y se disputaban la dirigencia), la empresa aplicaba políticas comerciales deficientes y condonaba las deudas millonarias de gobiernos municipales y estatales.
Entre los argumentos del decreto que la Presidencia publicó el domingo 11 para liquidar Luz y Fuerza del Centro (LFC), el gobierno de Felipe Calderón no incluyó que parte de la descapitalización de la paraestatal fue provocada por los millonarios adeudos de dependencias federales, así como de grandes empresas nacionales y corporaciones trasnacionales.
Tampoco se refirió a que recientemente el director de la ahora extinta paraestatal condonó las millonarias deudas de los municipios del Estado de México, Hidalgo, Morelos y San Luis Potosí. Ni cuestionó los convenios del gobierno capitalino con la paraestatal, como el relativo a la Torre Mayor, donde se instaló un software distinto al que tenía LFC, lo que impide conocer cuánta electricidad consume.
Entre todos estos casos suman aproximadamente 6 mil 500 cuentas especiales, de las cuales sólo 40% equivalían a 75% del presupuesto total de LFC.
De acuerdo con una lista elaborada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), alrededor de 30 dependencias federales adeudan millones de pesos por consumo de energía. Asimismo, el sindicato tiene una lista de 483 empresas que se “cuelgan” directamente de los cables mediante las conexiones improvisadas conocidas como diablitos.
El martes 13, en el mitin frente a la Cámara de Diputados donde el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador manifestó su apoyo al SME, el dirigente sindical Martín Esparza denunció que la residencia oficial de Los Pinos, varios hoteles lujosos e incluso los periódicos Reforma y Unomásuno tienen conexiones irregulares.
En entrevista con este semanario, Esparza explica que Reforma tiene una conexión triple, pero sólo se le factura una; y que a Unomásuno se le factura la energía de sus rotativas como si se tratara de energía de uso casero.
Revela también que los diarios Milenio y El Universal, lo mismo que Televisa, Televisión Azteca y algunas radiodifusoras, tenían privilegios en el pago del servicio, pues se les descontaba hasta 50% por órdenes de Jorge Gutiérrez Vera, el último director de LFC y quien fue miembro del Consejo Editorial de Economía de Reforma.
Farol de la calle
En la mencionada lista del SME se precisan cifras: la Presidencia debe 5 millones 801 mil 45 pesos. Al respecto, una nota del periódico Milenio, del miércoles 14, señala que en la página web de la Tesorería constaba el pago de la Presidencia por 1 millón 93 mil 504 pesos, realizado apenas el jueves 8, tres días antes de que Felipe Calderón decretara la desaparición de LFC. No obstante, esos datos no son públicos.
La nota periodística agrega que “al mostrarle el documento oficial, el líder sindical se limitó a reiterar que la Presidencia ‘tiene adeudos’, pese a que eso no se registra en el calendario de pagos”.
En su documento, el SME señala que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) es la dependencia federal con el mayor adeudo: 321 millones 308 mil 108 pesos.
De igual forma, registra que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe 11 millones 10 mil 81 pesos; su organismo descentralizado Telecomunicaciones de México, 10 millones 165 mil 279; la Secretaría de Gobernación (Segob), 11 millones 243 mil 393; la de Trabajo y Previsión Social (STPS), 998 mil 689; la Defensa Nacional (Sedena), 3 millones 34 mil 143 pesos, y “Sedena dirección general”, 11 millones 826 mil 872 pesos; mientras que el Consejo de la Judicatura Federal tiene pendiente el pago de 8 millones 163 mil 617 pesos.
Según el listado del SME, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) adeudaba a LFC 13 millones 252 mil 520 pesos; el Poder Judicial de la Federación, 7 millones 60 mil 101; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 4 millones 386 mil 478; la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), 2 millones 504 mil 514; y la Lotería Nacional, 2 millones 360 mil 369 pesos.
De igual forma, la Contraloría debe 3 millones 542 mil 958 pesos; la Procuraduría General de la República (PGR), 3 millones 650 mil 502, y Liconsa, 2 millones 479 mil 325 pesos.
Los adeudos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) son más complejos: como dependencia debe 3 millones 266 mil 57 pesos; su Coordinación de Administración Fiscal, 9 millones 117 mil 284, y su área de Cobro Foráneo, 722 mil 987 pesos.
Lo increíble es que en el listado de grandes deudores de LFC estén incluidas la cabeza del sector, Secretaría de Energía (Sener), con 517 mil 896 pesos, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 2 millones 274 mil 98 pesos.
Otras cuentas por saldar son las de la embajada de Estados Unidos, por 1 millón 798 mil 82; las tiendas Suburbia, por 8 millones 604 mil 442; Radio Móvil Dipsa, 15 millones 789 mil 361, y Nextel de México, 12 millones 180 mil 716 mil pesos.
Otro documento da cuenta del avance, hasta agosto pasado, de los servicios atendidos por los trabajadores de LFC en las cuentas especiales que la paraestatal tenía en liquidación. Allí se indica que muchas empresas tuvieron problemas por colgarse de los cables para no pagar la energía eléctrica.
Es el caso de sucursales de Gigante, Geo Edificaciones, Hipódromo de las Américas, Grupo Nacional Provincial, “Banco Bilbao Vizcaya”, Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, Laboratorios Médicos El Chopo, Sears Roebuck de México, Camino del Sol a Santa Fe, Desarrollo Inmobiliario Santa Fe, Tiendas Soriana, Acermex, Periodística Meridiano –que edita el periódico AM en León, Guanajuato–, el centro comercial Coppel y varias gasolineras.
También se colgaron de los cables la Universidad El Pedregal, la Escuela Secundaria y Preparatoria Justo Sierra, el Hospital de Traumatología del IMSS, Compañía Hotelera del Ángel y sucursales de Comercial Mexicana, Telmex, Blockbuster, Compañía Comercial Herdez, Milano, Elektra del Milenio, Sport City Lomas Verdes, Yale de México, Concanmex y Sanborns.
Incurrieron en el mismo delito –según el documento del SME– la Universidad La Salle, la mina El Tesoyo, la pista de patinaje de Inmobiliaria Cielo Azul, la Pista Olímpica de Hielo, Cinemex Zaragoza, el edificio del Fideicomiso de Fomento Minero, Operadora Vips, el Club Deportivo Cruz Azul, las oficinas Cosbel, Hotel Motel Casa Blanca... y así hasta sumar 483 empresas conectadas de manera irregular.
Hoyos financieros
Este año, el último que operó, LFC reportó, hasta marzo, 11 millones 723 mil 598 pesos por venta de energía. Recibió 3 millones 459 mil 238 pesos por las cuentas ordinarias y 8 millones 51 mil 994 por las especiales. Los gobiernos estatales pagaron 13 mil 132 pesos; los municipales 171 mil 641; el gobierno federal, 151 mil 713 pesos, y el gobierno capitalino 275 mil 749.
Tan sólo el año pasado, sostener la nómina de los trabajadores activos costó 12 mil 866 millones 427 mil 906 pesos, y las pensiones 11 mil 824 millones 841 mil 280 pesos.
LFC distribuía energía eléctrica al Distrito Federal, a 83 municipios del Estado de México, a 45 de Hidalgo, a dos de Morelos y a tres de Puebla. Los municipios debían 3 millones 965 mil 227 pesos y los gobiernos estatales 310 mil 178. Y pese a la precariedad financiera, entre 2008 y el presente año el director de LFC, Jorge Gutiérrez Vera, condonó las deudas de los ayuntamientos mexiquenses e hidalguenses.
Entrevistado antes del decreto del domingo 11, que consumó la liquidación de la empresa, Alejandro Muñoz –el tesorero del SME que se disputó la dirigencia con Martín Esparza– atribuyó esa decisión de Gutiérrez Vera al deseo de quedar bien con el presidenciable gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y a que Hidalgo es la entidad natal del líder Martín Esparza.
De acuerdo con el Área de Recuperación de Pérdidas, que también dirigió Muñoz, en ocho meses se recuperaron 9 mil millones de pesos por concepto de cobro de adeudos. Sin embargo, a decir de Mateo Huarte, quien trabajaba en el área hasta que fue despedido en mayo pasado por oponerse a la dirigencia de Esparza, las pérdidas mayores se reportan en las cuentas especiales.
“De estas 6 mil 500 cuentas, alrededor de 40% equivalen a 75% de los ingresos totales de LFC. Este grupo, en ocho meses, realizó alrededor de 5 mil operativos y obtuvo cerca de mil millones de pesos por concepto de recuperación de deuda”, indica en entrevista.
Huarte denuncia que también fomentaban pérdidas el uso del mismo tipo de medidores desde hace 17 años y las políticas comerciales de LFC, como la tarifa DAC (servicio Doméstico de Alto Consumo) creada en 2002 por el entonces presidente Vicente Fox para cobrarle más a quien consumiera más de 250 kilowatts/hora al mes.
Un caso especialmente problemático es el de la Torre Mayor porque sus constructores instalaron equipo de medición distinto al que utilizaba LFC, que de esa forma no podía conocer el historial de consumo eléctrico del edificio.
Según Huarte, el director general de LFC, Jorge Gutiérrez Vera, se reunió con representantes de la Sener y acordaron hacer que se reinstalaran los equipos de medición operados por la paraestatal. Pero, agrega Huarte, “yo no sé si se hizo, porque el 8 de mayo, con la ruptura política, nos lanzaron de la oficina en Juárez 90. Desde ese día no tenemos información de lo que pasa en la empresa”.
La misma situación enfrentó la paraestatal con las cementeras Apasco y Cemex, algunas empresas vidrieras y Palmolive. En el Hipódromo de las Américas ni siquiera dejan entrar a los empleados que toman la lectura de los medidores. El edificio corporativo de Liverpool, ubicado en Santa Fe, debía pagar 40 mil y 70 mil pesos por consumos ilícitos en enero y febrero de este año, pero no quiso acatar las reglas y terminó pagando 5 y 6 millones.
Lo mismo sucedió con las instalaciones de Honda, en Santa Fe, condominios, inmobiliarias, restaurantes como La Mansión, la tienda Liverpool de Polanco, e incluso con el hotel Suites del Ángel, ubicado atrás de la embajada de Estados Unidos y con el que el SME tiene un convenio de descuento para sus afiliados que vienen de los estados a congresos, mítines y reuniones.
A estos perjuicios para LFC hay que sumarles que aproximadamente 50% de los usuarios tiene conexión pero no paga, se cuelga con un diablito o manipula el medidor. “No existe el dato exacto”, afirma Huarte.
Rumbo a la privatización
En México la electricidad es cara, entre otros factores porque la CFE compra 40% de la energía a empresas extranjeras. Y LFC no genera electricidad pero le da servicio a las empresas, se encarga del alumbrado público y de los usuarios domésticos. El mayor consumidor es el Sistema de Transporte Colectivo Metro, del Distrito Federal.
La Auditoría Superior de la Federación recomendó desde 2006 la liquidación de la paraestatal por considerarla inviable. De cualquier manera, el año pasado LFC y el SME firmaron un convenio de productividad que, de acuerdo con Alejandro Muñoz, era inviable y hubiera provocado la desaparición de la empresa en 2011. En ese momento LFC reportaba pérdidas de 30% contra 4% de la CFE.
Con el convenio de productividad, el Área de Recuperación de Pérdidas se dio a la tarea de cobrar adeudos y logró rescatar mil millones de pesos en menos de un año, dinero que se preveía utilizar para modernizar la paraestatal. Huarte comenta que LFC negociaba con los deudores cuando se trataba de empresas privadas.
Explica que la paraestatal tenía más de 40 mil trabajadores, pero hubiese podido operar con 22 mil y se hubiera saneado combatiendo la corrupción. Un ejemplo de ese mal, dice, fue el fraude por más de 1 millón de pesos cometido por Mario Garfias, quien no obstante fue reinstalado como representante sindical de Inspección.
En 2001 se creó el Programa de Reducción de Pérdidas (Prep 25-15), que trataba de reducirlas de 25% a 15%. Huarte calcula que, con proyectos como ese, LFC habría dejado de operar con números rojos en cinco años.
Hubo otros intentos. En la cláusula décima del convenio de reestructuración que firmó el SME con LFC sobre su contrato colectivo de trabajo 2008-2010, se acordó realizar los estudios de factibilidad técnica, jurídica y económica para gestionar ante la SCT y la Cofetel la concesión de la red pública de telecomunicaciones para la prestación de servicios de transmisión de voz, datos y video a través de una filial de LFC creada para este fin y aprovechando la infraestructura del organismo. El 30 de junio pasado se inició dicha gestión.
Asimismo, en la cláusula octava estipularon que el gobierno federal, a través de la Sener, convocaría a la instalación de una mesa de trabajo, en la que participaría la Cofetel, para revisar el contrato de compraventa de energía que celebraron la Sener y LFC el 23 de febrero de 2000 “con la finalidad de disminuir el precio de la energía en bloque”.
Sin embargo, el plan se derrumbó. Desde 2007 la empresa WL Comunicaciones firmó el convenio para conectarse a la red de mil 100 kilómetros de fibra óptica con el fin de ofrecer el servicio conocido como Triple Play (televisión por cable, telefonía e internet), dejando al SME fuera de la jugada, según informó Esparza (Proceso 1719).
Con ese acuerdo el SME pretendía competir directamente con Cablevisión, empresa que brinda sus servicios mediante la conexión eléctrica pero, a decir del líder sindical, “se cuelga de los postes de LFC”.
Esparza señaló a este semanario que José Antonio Prado Carranza, quien asesoró al gobierno federal en este proceso de liquidación de LFC, antes avaló cinco convenios y contratos de combustible asignados a Ivancar, la empresa del desaparecido secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, cuando fue gerente jurídico de Convenios y Contratos, Consultoría y Prevención de Pemex y uno de los principales operadores del panista César Nava.