Semanario Voces

La Jornada Jalisco

EDUARDO REYES LARA*

Con la reforma electoral de 2007, la clase política ha querido recuperar esa capacidad perdida de gobernar y, sobre todo, consolidar un régimen que le garantice la repartición del poder público. Para nadie es ajeno que la reforma electoral de 2007-2008 fue producto de la coyuntura política que entonces enfrentaba el país después de la controvertida elección presidencial de 2006. La experiencia de aquella elección marcó el rumbo para los partidos y, posteriormente, para los legisladores, de tal suerte que hubo una buena dosis de revancha y oportunismo, pero especialmente un cálculo que permita fortalecer los privilegios y recursos de los partidos políticos.

Históricamente, las reformas electorales parten de los contextos en que son hechas, pero fundamentalmente previenen escenarios posibles y modifican las normas para fortalecerse y reproducirse. Por ejemplo, el PRI diseñó la reforma para preparase para cuando fuera un partido en oposición, en el contexto de 1994, el PRI sabía que ya no iba a lograr un 60% de votos, pero si ellos no eran capaces de hacerlo, entonces el resto de los partidos estaba aún más distante de poder conseguirlo; logró entonces que la cláusula de gobernabilidad no fuera utilizada por sus contrincantes electorales, si pensaban en que llegaría pronto la pérdida del poder, prepararon el regreso, y la cláusula permitió, paradójicamente, que el PRI perdiera la elección por la Presidencia pero se convertiría en la primera mayoría legislativa, y en ese caso, regresar con un partido que tuvo mayoría en el Congreso es regresar como un partido opositor reforzado. El PRI preparó su terreno para cuando fuera el partido en la oposición y cuenta con opciones para su regreso al poder; es decir, el escenario previsto por el PRI fue que, si el PRI ganaba en un estado, se le otorgan tres senadores; pero si pierde, se llevaría un escaño, así el partido nunca ha perdido totalmente el poder. O bien, en julio de 1994 se reformó el artículo 82 de la Constitución, permitiendo que años después Vicente Fox llegara a la Presidencia de la República, modificación que tuvo la anuencia del PAN. Muchos casos más se pueden argumentar, en especial en materia de seguridad pública, militarización, criminalización de la protesta, recursos hídricos, acceso a información pública, etcétera.

Las reformas parten de escenarios previstos por la clase política con la única intención de mantenerse y fortalecerse en el poder, sus privilegios o, en caso de perderlo, asegurar su regreso. Con la última reforma electoral, los partidos con mayor votación, el PAN, el PRI y el PRD, ponen reglas distintas para competir entre ellos y especialmente ponen en juego el principal capital del resto de los partidos: el registro, y modifican las fórmulas de asignación de recursos públicos. Es así como podemos entender por qué se terminaron las alianzas partidistas, los conflictos dentro del PRD y con los partidos con los que compitió en las últimas elecciones, las campañas pro abstencionistas o las que invitan a anular el voto.

Asumo que la anulación del voto es, por mucho, justificada y ganada a pulso por la clase política después de su desastrosa, impune e irresponsable forma de gobernar, pero los ciudadanos no podemos caer, una vez más, en la lógica instrumental de los partidos políticos en el poder.

En Jalisco, para entender la reforma electoral, toma especial relevancia conocer las nuevas fórmulas de asignación de prerrogativas con la finalidad de comprender cómo anulando el voto, escenario previsto por la clase política, se fortalecen los tres partidos que gobiernan con miras a las próximas elecciones de 2012.

La base para la asignación de recursos a los partidos políticos es el salario mínimo vigente en Guadalajara, que para este año es de $53.26; de esta cantidad, el 65% ($34.61) se multiplica por el número de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral de Jalisco, que oscila en 5’150,000 ciudadanos, es decir, la bolsa que se reparte entre los partidos es de $178’241,500.00; de esta cantidad, el 30% de reparte en partes iguales entre el número de partidos que haya obtenido más del 3.5% de la votación, en la legislación anterior esta cantidad se repartía entre los partidos con registro nacional.

Tomando como base la última encuesta dada a conocer por Milenio-Público sobre las tendencias de votación para la alcaldía de Guadalajara a principios del mes de junio, sólo el PAN, con 36.2%; PRI, con 31%, y PRD, con 7.8%, aparecen con más del 3.5; es decir, del 30% les tocaría a cada uno $ 17’824,150, cantidad que contrasta con la que se les otorgó en 2007, último año de vigencia de la legislación anterior, de $ 961,641.35. Ahora bien, el 70% restante, es decir, 124’769,050, se reparte en función del porcentaje de votos válidos para cada partido. Cabe resaltar que los votos válidos no son los votos emitidos, es decir, los votos nulos no cuentan como votos válidos y en este sentido su impacto va directamente relacionado a acrecentar el porcentaje de votos válidos.

Haciendo el mismo ejercicio, de este 70%, el 36.2% del PAN se convierte en 44.53%, que corresponde a $55’559,650. Al PRI, su 31% pasa a ser un 39.33% del voto válido, lo que significaría $49’071,667.36, y por último, en el caso del PRD, de 7.8%, incrementaría hasta un 16.13%, cambiable por $20’125,247.76, cantidades que contrastan aún más tomando en cuenta que en 2007 el PAN recibió $8’033,914.45; el PRI, $6’096,263.21; mientras que sin duda el partido más beneficiado será el PRD, que en 2007 recibió $1’301,427.67.

Lo más impactante de estas cifras es que un acto legítimo como la anulación de los votos, más que servir para castigar o rechazar a la clase política que hasta ahora ha causado desilusión o descontento por su forma de ejercer el poder, podría convertirse en un mecanismo que paradójicamente los eternizará en el poder, dejando morir por falta de financiamiento a los partidos emergentes, pero aún creando un extraño sistema neodictatorial tripartidista, anulando la posibilidad de fortalecer espacios ciudadanos de decisión sobre la cosa pública, instrumentado para su beneficio el coraje, impotencia, desilusión, frustración, hartazgo que motiva que miles de ciudadanos estén planteándose la anulación de su voto.

Nota. La interpretación del artículo 90 del Código Electoral y de Participación Ciudadana, que se refiere a la asignación de recursos, fue elaborada con apoyo y participación de consejeros estatales del IEPCEJ a mi solicitud.

*Defensor de derechos humanos y secretario general de Amigos en el Crucero, AC.

Javier Sicilia

La reciente campaña para anular el voto –el único ejercicio democrático de dignidad ciudadana en estos tiempos miserables– tiene razones poderosas: la descomposición del gobierno, la violencia del crimen organizado y del Estado contra la ciudadanía, la corrupción de los partidos, la reducción de lo político a
campañas electorales basadas –en el país de la miseria– en millonarias inversiones publicitarias –el eslogan de pésima calidad y la imposición totalitaria de los rostros de sus candidatos–, el sometimiento del Estado a los intereses del Mercado; en síntesis, el pudrimiento de la vida política; lo político reducido a la
corrupción de una clase parásita que le cuesta demasiado a un país empobrecido por ella.
Sin embargo, estas razones de orden ético no son la causa, sino síntomas de dos realidades que en menos
de 10 años han conducido al mundo a una crisis global: la economía como el único valor al cual se ha
supeditado el complejo tejido social, y la desproporción del Estado como principio rector de la
conformación social. Del primero me he ocupado abundantemente en estas páginas. Del segundo he
hablado menos. Recurro a un teórico olvidado y actual, Leopold Kohr, y a un pensador mexicano, Roberto
Ochoa, que próximamente publicará un libro fundamental, Muerte al Leviatán.
Así como en biología Haldman y Thompson formularon la teoría de la morfología biológica, cuyo tema es
la proporción que existe entre el tamaño y la forma de los seres vivos –tal forma y tal ser sólo pueden
existir a cierta escala, pues pasado cierto umbral en el crecimiento o la disminución de su tamaño los haría
perecer–, Kohr y Ochoa muestran que la descomposición de un país –cuyas causas en el nuestro llevan a la
campaña de anulación del voto– se basa en un crecimiento desproporcionado del Estado que sólo puede
mantener su existencia mediante todas las formas posibles de violencia –desde la guerra sucia y la
manipulación mediática hasta la represión y el crimen.
Para que una democracia sea, es necesario que permanezca en una escala en la que –como en la Grecia de
Pericles o en el zapatismo y sus Caracoles– la vida política sea la de un mundo en donde todos se conocen.
Pasado ese umbral, la lógica de la soberanía que hace perder la proporción y la diferencia sólo encuentra
sustento en la escalada de poder; así, un Estado utilizará cualquier tipo de violencia que le permita
acumularlo. De esa manera, la vida política deja de ser el sitio del común para convertirse en el de la guerra
por el poder, el sitio para el crecimiento desmesurado en contra de cualquier bien.
Esta idea del crecimiento permanente, que tiene su rostro más claro en la noción de desarrollo que el
Estado auspicia, es absolutamente moderna en la medida en que, escribe Ochoa, sólo en la modernidad “el
hombre se considera soberano del mundo y señor de la naturaleza (y) piensa que los límites son sólo
obstáculos” que puede superar por la fuerza. “El Leviatán (la invención de Hobbes que nuestra modernidad
toma como un axioma y no como una construcción histórica que ha entrado en una crisis fatal) ha borrado
los márgenes físicos dentro de los cuales (el cuerpo de la vida social, el común) encuentra su tamaño
apropiado, (ha creado un) espacio neutro y abstracto en el que aquí y allá ya no son proporcionales, sino
iguales (y piensa) que desde aquí (un locus proporcional) puede extenderse siempre ‘más allá’ sin
consecuencias: ocupar, conquistar y dominar”, bajo la máscara de la administración y no de la política. Así
es como la vida democrática –reducida al voto– destruye el común e instaura la tiranía de los partidos, de
las corrupciones, de la violencia de Estado, de las guerras intestinas por el poder y el uso del Mercado, de
la distancia entre el gobierno y la vida ciudadana, y de la utilización de esa vida como mera carne electoral
que legitime la condición parásita de los partidos.
La llamada a la anulación del voto es así una protesta oscura que habla del desfondamiento no sólo de un
modelo económico que ha llegado al más alto grado de su contraproductividad, sino de un modelo político
que en su gigantismo también ha dado de sí y se ha vuelto apolítico. Con ese “No” en las urnas, los
ciudadanos no debemos buscar la recomposición del Estado y sus instituciones –es precisamente su
desmesurado tamaño el que ha generado la descomposición de la vida política que provoca nuestro
hartazgo–, sino acotar su ambicioso poder de dominación y construir una nueva Constitución basada –
como lo propone lo mejor del zapatismo– en la proporción, en los límites, en las autonomías, donde la
confianza mutua permite el florecimiento de las verdaderas democracias y las verdaderas economías. Se
trata –vuelvo a Ochoa– de redefinir umbrales, esos lindes que, acotando el poder, separan “el terreno
inhóspito del habitable (y a partir de los cuales) podemos edificar un ‘techo común’ que nos resguarde y
nos permita hermanarnos”.
Es la única salida frente a las desmesuras del Estado y el Mercado. Una salida dolorosa, como todo aquello
que quiere la salud. Buscar paliativos es sólo alimentar la enfermedad que nos llevará a la muerte y a
perder de vista la sustancia de lo que puede salvarnos.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos,
derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la
Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises
Ruiz salga de Oaxaca.

Jesús Cantú
Proceso.com.mx
Las campañas que impulsan diversas variantes del voto de protesta lograron captar la atención de los medios de comunicación y, aunque sus resultados son todavía una incógnita, es un hecho que moverán algún porcentaje de electores, tal como hizo en 2000 la campaña del llamado voto útil. Sus razones son irrebatibles: los partidos políticos se alejaron de la ciudadanía; en la última reforma electoral se aseguraron un altísimo financiamiento público (particularmente el ordinario) y aumentaron los requisitos de entrada para los nuevos partidos políticos. Así mismo, de acuerdo con el análisis del Comité Conciudadano, en el actual proceso electoral decidieron más de 90% de sus candidaturas mediante procedimientos cupulares. La intención del voto de protesta es alcanzar un porcentaje lo suficientemente alto que orille a los partidos a atender algunas de sus demandas: permitir las candidaturas no partidistas; disminuir el financiamiento público (en 50%, establecen algunos promotores del voto nulo); incorporar en la legislación electoral la figura del voto en blanco, que ya es reconocida en otros países; y, desde luego, que los partidos adopten modalidades democráticas para la selección de sus candidatos. La debilidad de esta iniciativa es la ausencia de coordinación entre las diferentes convocatorias, lo que provoca que unos llamen a escribir en el recuadro de candidatos no registrados su decisión (unos impulsan a Esperanza Marchita, y otros, más a nivel regional, a Papanatas); algunos convocan a depositar la boleta en blanco, y otros a anular el sufragio, ya sea con una leyenda de protesta, un nombre o simplemente tachando toda la papeleta. De prevalecer esta variedad de opciones, el voto por los candidatos no registrados se contabilizará en un espacio asignado para tal efecto en las actas de escrutinio y cómputo, mientras las boletas en blanco o anuladas quedarán en el registro de votos nulos, con lo cual el impacto de la protesta se puede dispersar. En 2003 el voto por candidatos no registrados fue apenas de 0.06%, 16 mil 447 de un total de 26 millones 738 mil 924 votos depositados en las urnas. En cambio, los anulados fueron 899 mil 227, el 3.36%. El promedio de sufragios nulos en las últimas cuatro elecciones (1997, 2000, 2003 y 2006) es de 2.76% del total, con ligeros repuntes en las elecciones intermedias. Mientras tanto, en los mismos procesos el promedio de votos por candidatos no registrados es de 0.12%, con un repunte muy importante en 2006, cuando llegó a 0.31%, es decir, a 128 mil 825 votos. Cualquier modalidad de voto de protesta tendrá el mismo efecto sobre el cálculo del porcentaje obtenido por los partidos políticos para efectos de conservar su registro; así, de entrada, el movimiento afecta a las fuerzas con menor participación electoral, y particularmente a aquellas que están en riesgo de perder su registro, pues entre más alta sea la votación total emitida, en la que se consideran absolutamente todas las boletas depositadas en las urnas, mayor número de votos requieren para alcanzar el 2%. Sin embargo, al momento de hacer el reparto de curules plurinominales y el financiamiento público, la votación nacional emitida sólo incluye los votos de los partidos que conservaron el registro, lo que beneficia a los partidos que se quedan, particularmente a los que obtuvieron mayor participación electoral, pues como el denominador se reduce, su porcentaje crece.
Hay otros dos probables efectos: En el caso de los votos nulos, de acuerdo con el artículo 295 del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando “el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación”, el Consejo Distrital tendrá que realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de todas las casillas. De modo que, en algunos distritos, éste podría ser el caso. Así que contiendas muy cerradas en los distritos y un alto número de votos nulos pueden conducir a recuentos totales en algunos de los 300 distritos electorales. El otro efecto se refiere a la opción de votar por candidatos no registrados. En este caso, Sergio Aguayo, uno de sus principales promotores, ya anunció que una vez concluido el proceso electoral, iniciará una batalla jurídica para tratar de lograr que se identifiquen los votos por Esperanza Marchita. Al menos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya hay antecedentes al respecto, y los magistrados coinciden en que este tipo de sufragios, “además de servir para que la autoridad electoral ejerza sus atribuciones relativas a la estadística electoral”, indican el respeto “a la libre manifestación de las ideas” que establece el artículo 6° constitucional… Ahora bien, el efecto que se busca con el voto de protesta es político, no jurídico. La intención es manifestar el rechazo al actual sistema de partidos, provocar una crisis, o al menos detonarla, y lograr por esa vía que los actores políticos volteen sus ojos hacia la ciudadanía y abandonen su autismo. Para lograrlo, tendrían que superar sustancialmente los números de votos nulos o por candidatos no registrados de las últimas elecciones. Como se indicó, en caso de que esos sufragios cambien el número de partidos que conservan el registro, afectarán el reparto de curules y el financiamiento público que corresponde a cada uno, ya que entre menor sea el número de partidos que participen de este reparto, mayores serán su cantidad de diputados y el monto de su financiamiento. Pero si provienen de votantes tradicionales, los partidos beneficiados de un movimiento de esta naturaleza serán los que cuentan con un mayor porcentaje de simpatizantes permanentes, es decir, de votantes que se identifican con ellos y normalmente votan por esos partidos independientemente de candidatos y/o propuestas. De acuerdo con la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky, en el último año el PRI mantiene entre 31.5 y 25.1% de votantes que se identifican con dicho partido; el PAN, entre 24.8 y 21.2%; el PRD, entre 9.3 y 12.4%, y, finalmente, hay entre 30.3 y 33.6% que se autocalifican como independientes, es decir, que no se identifican con un determinado partido político y votan en función de candidatos, propuestas y coyunturas. En este sentido, los ciudadanos menos identificados con un determinado partido político son los más propensos a emitir su voto de protesta, y como estos sufragios se restarán para el cálculo de la votación nacional emitida, los más beneficiados serán quienes cuenten con mayor identidad partidista, es decir, el PRI y el PAN. Además, por los alcances de su estructura nacional y su presencia en los distintos niveles de gobierno, son también estos dos partidos los que cuentan con una mayor capacidad de movilización de electores durante la jornada electoral. Esta capacidad la tiene así mismo el Partido Nueva Alianza (Panal), por su vinculación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De este modo, los tres partidos que pueden resultar beneficiados indirectamente por los votos de protesta son PRI, PAN y Panal, en la medida en que conservan su voto duro y utilizan su capacidad de movilización para sostener o incrementar su participación electoral; en una segunda instancia, el PRD, cuya estructura es más reducida y también gobierna menos entidades y municipios. Y, desde luego, los perjudicados son el resto: PT, Convergencia, PVEM y PSD. Conforme a la misma encuesta, el PSD ya estaría condenado a perder su registro; y hay tres partidos que están luchando por mantenerlo: Convergencia, Panal y PT; el segundo puede salvarlo gracias a su capacidad de movilización, pero un movimiento de esta naturaleza puede afectar negativamente a los otros dos. Por otro lado, en la asignación de curules de representación proporcional, el voto de protesta beneficiará sobre todo al PRI que, de acuerdo con la encuesta, tiene 37.1% de las preferencias electorales y la posibilidad de obtener entre 210 y 238 diputados, por lo que el movimiento lo puede catapultar a recuperar
la mayoría que perdió en 1997 en la Cámara de Diputados. Según la misma medición, todavía sin el efecto del voto de protesta, el PRI y su aliado el PVEM están en posibilidades de obtener en sus puntos máximos, entre los dos, 252 diputados. La encuesta señala que el porcentaje de participación esperado es de 41.7% de los votantes potenciales, o sea, el mismo que en 2003. Sin embargo, si se toman en consideración los seis años de envejecimiento de la lista nominal de electores y los seis puntos que cayó la participación electoral entre 2000 y 2006, es probable que la participación ronde 35%. Si el movimiento de voto de protesta tiene éxito y logra impactar entre 3 y 5% de votantes, menos de 30% de electores estarían decidiendo la integración de la Cámara y el reparto del financiamiento. El gran interrogante es si este resultado será el inicio de una crisis que sacuda a la clase política mexicana y detone la construcción de un régimen democrático, o el de una involución que nos conduzca nuevamente, en 2012, a la hegemonía presidencial sobre los otros dos Poderes.

Por Rogelio Campos

En el ajedrez hay un adversario enfrente, en el solitario la habilidad propia es lo que cuenta. El ajedrez supone pensar movimientos para atacar, pero se debe defender; ambos jugadores piensan en la movida inmediata, pero solamente los buenos pueden pensar en las próximas cinco o seis jugadas. En esta lógica, los promotores del voto nulo estarían jugando solitario, no ajedrez.

Siempre se ha contabilizado un considerable porcentaje de votos nulos. La historia del IFE registra un promedio de 3.27 por ciento -más de lo que llegan a obtener algunos partidos- y un récord de hasta 4.83 por ciento.

El éxito de la campaña para anular el voto deberá medirse a partir del porcentaje adicional -a las cifras mencionadas- que obtenga esta opción.

El voto nulo unificará por un brevísimo instante a los inconformes con diversas causas, pero entre los anulistas hay diferencias irreconciliables: lo mismo están los dolidos con el partido que los encumbró (Dulce María Sauri, del PRI; o el primo del Presidente de la República, del PAN), los que han tenido altísimos sueldos en el Gobierno federal (el entonces encargado de Internet de Los Pinos y ahora del Centro Fox), los ciudadanos informados y desinformados, los que quieren intervención del Estado en la economía y los neoliberalistas a ultranza, los que tienen buenas intenciones y los que no.

Si bien el movimiento resulta novedoso, por sus consecuencias estaríamos frente a una práctica tan vieja como conocida: la misma que propiciaron en su tiempo los "partidos satélite". Si el voto nulo alcanzara hasta un 8 por ciento, estaríamos frente a un resultado real -propiciado por el movimiento- de poco más del 4 por ciento... que sería un porcentaje similar al que en otras elecciones han obtenido los "partidos satélite".

En su momento, estos partidos eran inflados por el Gobierno para restar votos a la Oposición real, entendida como aquella que puede agruparse en los partidos grandes, capaces de generarle altos costos de negociación al Gobierno.

En las elecciones intermedias, el voto de castigo o de refrendo de confianza al partido en el Gobierno tiene reservado un lugar preponderante. El voto nulo ha venido a ocupar ese lugar en la discusión nacional. Se castiga o se premia de acuerdo a los resultados y a lo prometido en campaña. Con esta novedad, la propuesta es castigar -con latigazos de desprecio- a todos por igual.

No es la primera vez que se "convence" a la ciudadanía para que no vote por el partido de su preferencia. En el 2000 se puso sobre la mesa el voto útil, y tenía como meta inmediata sacar al PRI de Los Pinos. Para poder lograr el objetivo se trataba de que los ciudadanos rechazaran al partido por el que querían votar. La meta a mediano plazo era acabar con la corrupción y todo lo malo que, hasta ese momento, era atribuible -en exclusiva- al PRI. Suficientes ciudadanos fueron generosos para renunciar a su convicción partidista inicial y apoyar la propuesta que surgía en pleno proceso electoral.

Seis años después, una parte considerable del electorado dejó de votar por el partido de su preferencia inicial y tuvo que optar entre dos propuestas: cambiar la política económica o impedir que un "loco peligroso" llegara a la Presidencia. A mediano plazo, la meta de la propuesta ganadora era -entre otras- generar un millón de empleos al año.

En el 2000 y en el 2006 se cumplieron las metas inmediatas en la misma proporción en que se incumplieron las de mediano plazo. Es más, en el mediano plazo se agudizaron los males a erradicar.

En ese sentido, la meta de corto plazo en el 2009 -de la nueva propuesta que surge en pleno proceso- es mostrar rechazo, repudio y hartazgo. Sería interesante conocer la opinión de los electores que renunciaron al voto de su preferencia y que fueron fundamentales para hacer posible el voto útil en el 2000 y para frenar la llegada de AMLO en el 2006 ¿De qué estarán más hartos hoy, del partido de su preferencia inicial o de la propuesta -sacada de la manga, en cada uno de esos procesos- que respaldaron?

La historia está del lado de los anulistas: la meta inmediata se conseguirá. Lo que está por verse es si los objetivos de mediano plazo se cumplen: que los partidos volteen hacia la población, además de candidaturas independientes, entre otros. Ojalá que se cumplan, pero si la historia se repite, los males podrían agudizarse.

¿Hay un peor escenario que el actual? La respuesta es afirmativa. Los anulistas pretenden jugar ajedrez y lo que están jugando es solitario. Parten del supuesto de que no hay peor escenario que el actual ni intereses reales que aprovecharán el descrédito de los partidos para arrinconarlos y eventualmente colapsarlos... ese fue exactamente el preámbulo de lo que sucedió en Venezuela con Hugo Chávez y en Perú con Alberto Fujimori.


rogelio_campos@yahoo.com

Rubén Alonso.

En números, nuestro sistema de representación popular está tocando, e incuso podría cruzar, la frontera de su propia muerte. A partir de la alta competitividad partidista y la alternancia viable en el poder tras cada elección, quien triunfa legalmente tiene un bajo nivel de legitimidad con votos válidos.

Por ejemplo, en un distrito (como el 10 de Jalisco) con alta participación ciudadana y con un triunfador con más de 50% de votos válidos, éste no ha llegado al Congreso de la Unión con más de 34% de los ciudadanos del listado nominal en las pasadas dos elecciones federales. Ese porcentaje bien podría ser un indicativo de representatividad y legitimidad. ¿Y si aumentan los votos nulos y la abstención? ¿Cómo puede decir que representa a su distrito? ¿Y qué decir de distritos con menor participación y triunfos inferiores a 50%?

¿Qué aspirante a representante popular ha escuchado y retomado para dar una respuesta y propuestas a quienes plantean el voto nulo e incluso la no participación electoral el próximo 5 de julio?

Estamos ante un momento de trascendencia para el sistema político mexicano basado en la representatividad popular. Pero preocupante y de altísimo riesgo para el propio sistema es el que los aspirantes y las instituciones electorales no escuchen, e incluso ni perciban el fondo del planteamiento. Gravísimo, además, es la descalificación, pues abona a una polarización social más peligrosa que la propiciada por partidos y medios electrónicos de comunicación en 2006. Ahora se muestran ciudadanos insatisfechos, decepcionados por un sistema político basado en partidos políticos que no los representa, que los usa para obtener y/o mantenerse en el poder, no para gobernar; no los escucha y aún más, los confronta.

Descalificar cualquier opción libre y soberana es negar la libertad de la persona humana; inducir el voto mediante la propagación de presuntas consecuencias dañinas al “sistema democrático” si se anula el voto individual-personal como acto libre, basados en una concepción de que el voto debe ser útil, supone un sofisma que desconoce y anula a la propia persona, que pone por encima de esta un sistema que podría estar agotado y que da muestras que sólo es defendible por aquellos que detentan el poder, pues de él dependen, no de la original soberanía.

El voto es libre. Sin él no puede haber ciudadanía, y menos gobierno. ¿O no?

jralonsog@gmail.com

¿Votar, abstenerse, anular el voto? La moderación correrá a cargo de Juan Carlos Núñez, jefe del Centro de Formación Humana del ITESO.

Milenio.com
Guadalajara.- Ante el proceso electoral del 5 de julio, en el cual se elegirán en Jalisco presidencias municipales y diputaciones estatales y federales, no son pocas las voces y colectivos que apoyan la abstención o la anulación de votos como forma de manifestar la inconformidad ante la clase política y contra el bajo nivel de las campañas políticas, entre otros factores.

Para abordar este fenómeno, que ya toma mucha fuerza en todo el país, el Centro de Investigación y Formación Social del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) convocó a David Gómez Álvarez, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCJ), al periodista Rubén Martín y a Gabriel Torres, miembro del Grupo Anulo Mi Voto, a que debatan el asunto en la mesa redonda: Elecciones del 5 de julio. ¿Votar, abstenerse, anular el voto? La moderación correrá a cargo de Juan Carlos Núñez, jefe del Centro de Formación Humana del ITESO.

El evento se realizará el lunes 15 de junio a las 18:00 horas, en la Casa Loyola (Lope de Vega 265, entre Agustín Yáñez y Efraín González Luna). Más informes en el correo falatorre@iteso.mx.