Semanario Voces

La Embajada de Honduras en México destacó que diversas organizaciones internacionales han exigido la restauración de Zelaya como Presidente

Grupo Reforma

El designado Presidente de Honduras, Roberto Micheletti, advirtió que si Zelaya regresa al país será recibido con una orden de captura

AP y AFP

TEGUCIGALPA (AP) - El designado presidente de Honduras, Roberto Micheletti, afirmó que no renunciará sin importarle la creciente presión internacional para que el derrocado Manuel Zelaya sea restituido en el cargo.

En una entrevista con AP, al ser cuestionado sobre si contempla abandonar el cargo al ver el respaldo granjeado por Zelaya en la comunidad internacional, Micheletti sostuvo que "no. Fui nombrado por el Congreso que representa el pueblo hondureño. Nadie me puede obligar a renunciar si yo no cometo faltas contra las leyes del país".

Reiteró que si el depuesto gobernante regresa al país como lo tiene planeado, será capturado. Zelaya "cometió delitos contra la Constitución y las leyes. El no puede volver a ser presidente, a menos que venga un presidente de algún país de América Latina que lo imponga bajo las armas", dijo Micheletti.

El fiscal general Luis Alberto Rubí dijo en rueda de prensa que acusará a Zelaya por traición a la patria, atentar contra la forma de gobierno democrático, abuso de autoridad, usurpar funciones públicas y desobedecer la Constitución y las leyes. Agregó que le aguardan "al menos 20 años en la cárcel".

Informó que "la orden contra el ex gobernante ya la giramos a nivel internacional a manera de que sea capturado en cualquier parte del mundo donde esté".

El canciller hondureño Enrique Ortez Colindres había dicho en entrevista a CNN que los tribunales ya tienen listo el expediente para "el deslinde de responsabilidades por la violación de la constitución, en el narcotráfico, la garantía del crimen organizado, el desvío de recursos por cantidades multimillonarias".

Zelaya anunció que regresará el jueves a Tegucigalpa para recuperar el poder en compañía del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, del secretario de la Asamblea General de la ONU Miguel d'Escoto y los presidentes Cristina Fernández de Argentina y Rafael Correa de Ecuador.

"No voy a realizar una asamblea constitucional. Y si se me ofreciera la posibilidad de mantenerme en el poder, no lo haría. Voy a cumplir con mis cuatro años. Voy a luchar para que se respeten los cuatro años porque es parte de nuestras leyes", dijo Zelaya en una rueda de prensa en la sede de las Naciones Unidas.

"Cumpliré mi mandato hasta el 27 de enero. No hay posibilidad de reelección", añadió.

Aunque ahora parece que Zelaya desistió de promover una reforma constitucional, Micheletti aclaró que de todas maneras ya quebrantó la ley y por ello no puede evitar ser arrestado.

Miles de manifestantes vestidos de blanco se concentraron el martes en la plaza central de la capital para apoyar al mandatario designado.

La casa presidencial, cuyos alrededores fueron escenario la víspera de fuertes enfrentamientos entre seguidores de Zelaya y las fuerzas armadas y de seguridad que dejaron decenas de heridos, lucía desierta con todos los accesos bajo control de más de 500 soldados y policías.

Pero miles de simpatizantes de Zelaya acudieron al lugar brevemente para exigir la restitución del derrocado gobernante. Después se retiraron sin causar nuevos disturbios.

"Hemos hecho un llamado a nuestros seguidores a que evitemos confrontar con los cuerpos represivos", dijo a la AP Luis Sosa, miembro del Frente de Resistencia Popular".

"Nuestro objetivo es mantenernos en resistencia esperando que el presidente Zelaya regrese al país acompañado de una fuerza de paz", agregó.

La policía dijo en un comunicado que detuvo brevemente y ordenó que camiones que intentaban ingresar a la capital con simpatizantes de Zelaya para sumarse a las protestas contra el nuevo gobierno regresaran a Juticalpa, a unos 160 kilómetros al este de Tegucigalpa.

Los manifestantes a favor del nuevo gobierno se congregaron el martes en el Parque Central portando camisetas con el lema: "Queremos Paz y Democracia". La radioemisora local HRN dijo que una concentración similar se realiza en San Pedro Sula, la segunda ciudad del país y a unos 200 kilómetros al norte de Tegucigalpa.

Micheletti dijo durante la concentración en la capital: "demos gracias a Dios por haber permitido que la democracia no se interrumpiera en nuestra patria... y los héroes de esta jornada democrática son los militares".

En la multitudinaria concentración fue vitoreado el jefe del Estado mayor Conjunto de las fuerzas armadas, general Romeo Vásquez, quien acompañó a Micheletti.

El mandatario designado informó que el miércoles enviará a congresistas, diplomáticos, empresarios y líderes del magisterio a Washington para explicar la crisis que vive el país y dijo que espera "recuperar la confianza" de la comunidad internacional.

Dijo que la delegación intentará "demostrar a la comunidad internacional la ilegalidad que rodea al ex presidente" y buscará reconocimiento internacional al gobierno erigido en Tegucigalpa.

La Jornada Jalisco

EDUARDO REYES LARA*

Con la reforma electoral de 2007, la clase política ha querido recuperar esa capacidad perdida de gobernar y, sobre todo, consolidar un régimen que le garantice la repartición del poder público. Para nadie es ajeno que la reforma electoral de 2007-2008 fue producto de la coyuntura política que entonces enfrentaba el país después de la controvertida elección presidencial de 2006. La experiencia de aquella elección marcó el rumbo para los partidos y, posteriormente, para los legisladores, de tal suerte que hubo una buena dosis de revancha y oportunismo, pero especialmente un cálculo que permita fortalecer los privilegios y recursos de los partidos políticos.

Históricamente, las reformas electorales parten de los contextos en que son hechas, pero fundamentalmente previenen escenarios posibles y modifican las normas para fortalecerse y reproducirse. Por ejemplo, el PRI diseñó la reforma para preparase para cuando fuera un partido en oposición, en el contexto de 1994, el PRI sabía que ya no iba a lograr un 60% de votos, pero si ellos no eran capaces de hacerlo, entonces el resto de los partidos estaba aún más distante de poder conseguirlo; logró entonces que la cláusula de gobernabilidad no fuera utilizada por sus contrincantes electorales, si pensaban en que llegaría pronto la pérdida del poder, prepararon el regreso, y la cláusula permitió, paradójicamente, que el PRI perdiera la elección por la Presidencia pero se convertiría en la primera mayoría legislativa, y en ese caso, regresar con un partido que tuvo mayoría en el Congreso es regresar como un partido opositor reforzado. El PRI preparó su terreno para cuando fuera el partido en la oposición y cuenta con opciones para su regreso al poder; es decir, el escenario previsto por el PRI fue que, si el PRI ganaba en un estado, se le otorgan tres senadores; pero si pierde, se llevaría un escaño, así el partido nunca ha perdido totalmente el poder. O bien, en julio de 1994 se reformó el artículo 82 de la Constitución, permitiendo que años después Vicente Fox llegara a la Presidencia de la República, modificación que tuvo la anuencia del PAN. Muchos casos más se pueden argumentar, en especial en materia de seguridad pública, militarización, criminalización de la protesta, recursos hídricos, acceso a información pública, etcétera.

Las reformas parten de escenarios previstos por la clase política con la única intención de mantenerse y fortalecerse en el poder, sus privilegios o, en caso de perderlo, asegurar su regreso. Con la última reforma electoral, los partidos con mayor votación, el PAN, el PRI y el PRD, ponen reglas distintas para competir entre ellos y especialmente ponen en juego el principal capital del resto de los partidos: el registro, y modifican las fórmulas de asignación de recursos públicos. Es así como podemos entender por qué se terminaron las alianzas partidistas, los conflictos dentro del PRD y con los partidos con los que compitió en las últimas elecciones, las campañas pro abstencionistas o las que invitan a anular el voto.

Asumo que la anulación del voto es, por mucho, justificada y ganada a pulso por la clase política después de su desastrosa, impune e irresponsable forma de gobernar, pero los ciudadanos no podemos caer, una vez más, en la lógica instrumental de los partidos políticos en el poder.

En Jalisco, para entender la reforma electoral, toma especial relevancia conocer las nuevas fórmulas de asignación de prerrogativas con la finalidad de comprender cómo anulando el voto, escenario previsto por la clase política, se fortalecen los tres partidos que gobiernan con miras a las próximas elecciones de 2012.

La base para la asignación de recursos a los partidos políticos es el salario mínimo vigente en Guadalajara, que para este año es de $53.26; de esta cantidad, el 65% ($34.61) se multiplica por el número de ciudadanos registrados en el Padrón Electoral de Jalisco, que oscila en 5’150,000 ciudadanos, es decir, la bolsa que se reparte entre los partidos es de $178’241,500.00; de esta cantidad, el 30% de reparte en partes iguales entre el número de partidos que haya obtenido más del 3.5% de la votación, en la legislación anterior esta cantidad se repartía entre los partidos con registro nacional.

Tomando como base la última encuesta dada a conocer por Milenio-Público sobre las tendencias de votación para la alcaldía de Guadalajara a principios del mes de junio, sólo el PAN, con 36.2%; PRI, con 31%, y PRD, con 7.8%, aparecen con más del 3.5; es decir, del 30% les tocaría a cada uno $ 17’824,150, cantidad que contrasta con la que se les otorgó en 2007, último año de vigencia de la legislación anterior, de $ 961,641.35. Ahora bien, el 70% restante, es decir, 124’769,050, se reparte en función del porcentaje de votos válidos para cada partido. Cabe resaltar que los votos válidos no son los votos emitidos, es decir, los votos nulos no cuentan como votos válidos y en este sentido su impacto va directamente relacionado a acrecentar el porcentaje de votos válidos.

Haciendo el mismo ejercicio, de este 70%, el 36.2% del PAN se convierte en 44.53%, que corresponde a $55’559,650. Al PRI, su 31% pasa a ser un 39.33% del voto válido, lo que significaría $49’071,667.36, y por último, en el caso del PRD, de 7.8%, incrementaría hasta un 16.13%, cambiable por $20’125,247.76, cantidades que contrastan aún más tomando en cuenta que en 2007 el PAN recibió $8’033,914.45; el PRI, $6’096,263.21; mientras que sin duda el partido más beneficiado será el PRD, que en 2007 recibió $1’301,427.67.

Lo más impactante de estas cifras es que un acto legítimo como la anulación de los votos, más que servir para castigar o rechazar a la clase política que hasta ahora ha causado desilusión o descontento por su forma de ejercer el poder, podría convertirse en un mecanismo que paradójicamente los eternizará en el poder, dejando morir por falta de financiamiento a los partidos emergentes, pero aún creando un extraño sistema neodictatorial tripartidista, anulando la posibilidad de fortalecer espacios ciudadanos de decisión sobre la cosa pública, instrumentado para su beneficio el coraje, impotencia, desilusión, frustración, hartazgo que motiva que miles de ciudadanos estén planteándose la anulación de su voto.

Nota. La interpretación del artículo 90 del Código Electoral y de Participación Ciudadana, que se refiere a la asignación de recursos, fue elaborada con apoyo y participación de consejeros estatales del IEPCEJ a mi solicitud.

*Defensor de derechos humanos y secretario general de Amigos en el Crucero, AC.

Javier Sicilia

La reciente campaña para anular el voto –el único ejercicio democrático de dignidad ciudadana en estos tiempos miserables– tiene razones poderosas: la descomposición del gobierno, la violencia del crimen organizado y del Estado contra la ciudadanía, la corrupción de los partidos, la reducción de lo político a
campañas electorales basadas –en el país de la miseria– en millonarias inversiones publicitarias –el eslogan de pésima calidad y la imposición totalitaria de los rostros de sus candidatos–, el sometimiento del Estado a los intereses del Mercado; en síntesis, el pudrimiento de la vida política; lo político reducido a la
corrupción de una clase parásita que le cuesta demasiado a un país empobrecido por ella.
Sin embargo, estas razones de orden ético no son la causa, sino síntomas de dos realidades que en menos
de 10 años han conducido al mundo a una crisis global: la economía como el único valor al cual se ha
supeditado el complejo tejido social, y la desproporción del Estado como principio rector de la
conformación social. Del primero me he ocupado abundantemente en estas páginas. Del segundo he
hablado menos. Recurro a un teórico olvidado y actual, Leopold Kohr, y a un pensador mexicano, Roberto
Ochoa, que próximamente publicará un libro fundamental, Muerte al Leviatán.
Así como en biología Haldman y Thompson formularon la teoría de la morfología biológica, cuyo tema es
la proporción que existe entre el tamaño y la forma de los seres vivos –tal forma y tal ser sólo pueden
existir a cierta escala, pues pasado cierto umbral en el crecimiento o la disminución de su tamaño los haría
perecer–, Kohr y Ochoa muestran que la descomposición de un país –cuyas causas en el nuestro llevan a la
campaña de anulación del voto– se basa en un crecimiento desproporcionado del Estado que sólo puede
mantener su existencia mediante todas las formas posibles de violencia –desde la guerra sucia y la
manipulación mediática hasta la represión y el crimen.
Para que una democracia sea, es necesario que permanezca en una escala en la que –como en la Grecia de
Pericles o en el zapatismo y sus Caracoles– la vida política sea la de un mundo en donde todos se conocen.
Pasado ese umbral, la lógica de la soberanía que hace perder la proporción y la diferencia sólo encuentra
sustento en la escalada de poder; así, un Estado utilizará cualquier tipo de violencia que le permita
acumularlo. De esa manera, la vida política deja de ser el sitio del común para convertirse en el de la guerra
por el poder, el sitio para el crecimiento desmesurado en contra de cualquier bien.
Esta idea del crecimiento permanente, que tiene su rostro más claro en la noción de desarrollo que el
Estado auspicia, es absolutamente moderna en la medida en que, escribe Ochoa, sólo en la modernidad “el
hombre se considera soberano del mundo y señor de la naturaleza (y) piensa que los límites son sólo
obstáculos” que puede superar por la fuerza. “El Leviatán (la invención de Hobbes que nuestra modernidad
toma como un axioma y no como una construcción histórica que ha entrado en una crisis fatal) ha borrado
los márgenes físicos dentro de los cuales (el cuerpo de la vida social, el común) encuentra su tamaño
apropiado, (ha creado un) espacio neutro y abstracto en el que aquí y allá ya no son proporcionales, sino
iguales (y piensa) que desde aquí (un locus proporcional) puede extenderse siempre ‘más allá’ sin
consecuencias: ocupar, conquistar y dominar”, bajo la máscara de la administración y no de la política. Así
es como la vida democrática –reducida al voto– destruye el común e instaura la tiranía de los partidos, de
las corrupciones, de la violencia de Estado, de las guerras intestinas por el poder y el uso del Mercado, de
la distancia entre el gobierno y la vida ciudadana, y de la utilización de esa vida como mera carne electoral
que legitime la condición parásita de los partidos.
La llamada a la anulación del voto es así una protesta oscura que habla del desfondamiento no sólo de un
modelo económico que ha llegado al más alto grado de su contraproductividad, sino de un modelo político
que en su gigantismo también ha dado de sí y se ha vuelto apolítico. Con ese “No” en las urnas, los
ciudadanos no debemos buscar la recomposición del Estado y sus instituciones –es precisamente su
desmesurado tamaño el que ha generado la descomposición de la vida política que provoca nuestro
hartazgo–, sino acotar su ambicioso poder de dominación y construir una nueva Constitución basada –
como lo propone lo mejor del zapatismo– en la proporción, en los límites, en las autonomías, donde la
confianza mutua permite el florecimiento de las verdaderas democracias y las verdaderas economías. Se
trata –vuelvo a Ochoa– de redefinir umbrales, esos lindes que, acotando el poder, separan “el terreno
inhóspito del habitable (y a partir de los cuales) podemos edificar un ‘techo común’ que nos resguarde y
nos permita hermanarnos”.
Es la única salida frente a las desmesuras del Estado y el Mercado. Una salida dolorosa, como todo aquello
que quiere la salud. Buscar paliativos es sólo alimentar la enfermedad que nos llevará a la muerte y a
perder de vista la sustancia de lo que puede salvarnos.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos,
derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la
Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises
Ruiz salga de Oaxaca.

Jesús Cantú
Proceso.com.mx
Las campañas que impulsan diversas variantes del voto de protesta lograron captar la atención de los medios de comunicación y, aunque sus resultados son todavía una incógnita, es un hecho que moverán algún porcentaje de electores, tal como hizo en 2000 la campaña del llamado voto útil. Sus razones son irrebatibles: los partidos políticos se alejaron de la ciudadanía; en la última reforma electoral se aseguraron un altísimo financiamiento público (particularmente el ordinario) y aumentaron los requisitos de entrada para los nuevos partidos políticos. Así mismo, de acuerdo con el análisis del Comité Conciudadano, en el actual proceso electoral decidieron más de 90% de sus candidaturas mediante procedimientos cupulares. La intención del voto de protesta es alcanzar un porcentaje lo suficientemente alto que orille a los partidos a atender algunas de sus demandas: permitir las candidaturas no partidistas; disminuir el financiamiento público (en 50%, establecen algunos promotores del voto nulo); incorporar en la legislación electoral la figura del voto en blanco, que ya es reconocida en otros países; y, desde luego, que los partidos adopten modalidades democráticas para la selección de sus candidatos. La debilidad de esta iniciativa es la ausencia de coordinación entre las diferentes convocatorias, lo que provoca que unos llamen a escribir en el recuadro de candidatos no registrados su decisión (unos impulsan a Esperanza Marchita, y otros, más a nivel regional, a Papanatas); algunos convocan a depositar la boleta en blanco, y otros a anular el sufragio, ya sea con una leyenda de protesta, un nombre o simplemente tachando toda la papeleta. De prevalecer esta variedad de opciones, el voto por los candidatos no registrados se contabilizará en un espacio asignado para tal efecto en las actas de escrutinio y cómputo, mientras las boletas en blanco o anuladas quedarán en el registro de votos nulos, con lo cual el impacto de la protesta se puede dispersar. En 2003 el voto por candidatos no registrados fue apenas de 0.06%, 16 mil 447 de un total de 26 millones 738 mil 924 votos depositados en las urnas. En cambio, los anulados fueron 899 mil 227, el 3.36%. El promedio de sufragios nulos en las últimas cuatro elecciones (1997, 2000, 2003 y 2006) es de 2.76% del total, con ligeros repuntes en las elecciones intermedias. Mientras tanto, en los mismos procesos el promedio de votos por candidatos no registrados es de 0.12%, con un repunte muy importante en 2006, cuando llegó a 0.31%, es decir, a 128 mil 825 votos. Cualquier modalidad de voto de protesta tendrá el mismo efecto sobre el cálculo del porcentaje obtenido por los partidos políticos para efectos de conservar su registro; así, de entrada, el movimiento afecta a las fuerzas con menor participación electoral, y particularmente a aquellas que están en riesgo de perder su registro, pues entre más alta sea la votación total emitida, en la que se consideran absolutamente todas las boletas depositadas en las urnas, mayor número de votos requieren para alcanzar el 2%. Sin embargo, al momento de hacer el reparto de curules plurinominales y el financiamiento público, la votación nacional emitida sólo incluye los votos de los partidos que conservaron el registro, lo que beneficia a los partidos que se quedan, particularmente a los que obtuvieron mayor participación electoral, pues como el denominador se reduce, su porcentaje crece.
Hay otros dos probables efectos: En el caso de los votos nulos, de acuerdo con el artículo 295 del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando “el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugares en votación”, el Consejo Distrital tendrá que realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de todas las casillas. De modo que, en algunos distritos, éste podría ser el caso. Así que contiendas muy cerradas en los distritos y un alto número de votos nulos pueden conducir a recuentos totales en algunos de los 300 distritos electorales. El otro efecto se refiere a la opción de votar por candidatos no registrados. En este caso, Sergio Aguayo, uno de sus principales promotores, ya anunció que una vez concluido el proceso electoral, iniciará una batalla jurídica para tratar de lograr que se identifiquen los votos por Esperanza Marchita. Al menos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya hay antecedentes al respecto, y los magistrados coinciden en que este tipo de sufragios, “además de servir para que la autoridad electoral ejerza sus atribuciones relativas a la estadística electoral”, indican el respeto “a la libre manifestación de las ideas” que establece el artículo 6° constitucional… Ahora bien, el efecto que se busca con el voto de protesta es político, no jurídico. La intención es manifestar el rechazo al actual sistema de partidos, provocar una crisis, o al menos detonarla, y lograr por esa vía que los actores políticos volteen sus ojos hacia la ciudadanía y abandonen su autismo. Para lograrlo, tendrían que superar sustancialmente los números de votos nulos o por candidatos no registrados de las últimas elecciones. Como se indicó, en caso de que esos sufragios cambien el número de partidos que conservan el registro, afectarán el reparto de curules y el financiamiento público que corresponde a cada uno, ya que entre menor sea el número de partidos que participen de este reparto, mayores serán su cantidad de diputados y el monto de su financiamiento. Pero si provienen de votantes tradicionales, los partidos beneficiados de un movimiento de esta naturaleza serán los que cuentan con un mayor porcentaje de simpatizantes permanentes, es decir, de votantes que se identifican con ellos y normalmente votan por esos partidos independientemente de candidatos y/o propuestas. De acuerdo con la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky, en el último año el PRI mantiene entre 31.5 y 25.1% de votantes que se identifican con dicho partido; el PAN, entre 24.8 y 21.2%; el PRD, entre 9.3 y 12.4%, y, finalmente, hay entre 30.3 y 33.6% que se autocalifican como independientes, es decir, que no se identifican con un determinado partido político y votan en función de candidatos, propuestas y coyunturas. En este sentido, los ciudadanos menos identificados con un determinado partido político son los más propensos a emitir su voto de protesta, y como estos sufragios se restarán para el cálculo de la votación nacional emitida, los más beneficiados serán quienes cuenten con mayor identidad partidista, es decir, el PRI y el PAN. Además, por los alcances de su estructura nacional y su presencia en los distintos niveles de gobierno, son también estos dos partidos los que cuentan con una mayor capacidad de movilización de electores durante la jornada electoral. Esta capacidad la tiene así mismo el Partido Nueva Alianza (Panal), por su vinculación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De este modo, los tres partidos que pueden resultar beneficiados indirectamente por los votos de protesta son PRI, PAN y Panal, en la medida en que conservan su voto duro y utilizan su capacidad de movilización para sostener o incrementar su participación electoral; en una segunda instancia, el PRD, cuya estructura es más reducida y también gobierna menos entidades y municipios. Y, desde luego, los perjudicados son el resto: PT, Convergencia, PVEM y PSD. Conforme a la misma encuesta, el PSD ya estaría condenado a perder su registro; y hay tres partidos que están luchando por mantenerlo: Convergencia, Panal y PT; el segundo puede salvarlo gracias a su capacidad de movilización, pero un movimiento de esta naturaleza puede afectar negativamente a los otros dos. Por otro lado, en la asignación de curules de representación proporcional, el voto de protesta beneficiará sobre todo al PRI que, de acuerdo con la encuesta, tiene 37.1% de las preferencias electorales y la posibilidad de obtener entre 210 y 238 diputados, por lo que el movimiento lo puede catapultar a recuperar
la mayoría que perdió en 1997 en la Cámara de Diputados. Según la misma medición, todavía sin el efecto del voto de protesta, el PRI y su aliado el PVEM están en posibilidades de obtener en sus puntos máximos, entre los dos, 252 diputados. La encuesta señala que el porcentaje de participación esperado es de 41.7% de los votantes potenciales, o sea, el mismo que en 2003. Sin embargo, si se toman en consideración los seis años de envejecimiento de la lista nominal de electores y los seis puntos que cayó la participación electoral entre 2000 y 2006, es probable que la participación ronde 35%. Si el movimiento de voto de protesta tiene éxito y logra impactar entre 3 y 5% de votantes, menos de 30% de electores estarían decidiendo la integración de la Cámara y el reparto del financiamiento. El gran interrogante es si este resultado será el inicio de una crisis que sacuda a la clase política mexicana y detone la construcción de un régimen democrático, o el de una involución que nos conduzca nuevamente, en 2012, a la hegemonía presidencial sobre los otros dos Poderes.